Clara es abuela de Ana, Carlos, María y Laura (de izquierda a derecha). La hija de Clara intentó migrar a Estados Unidos, pero murió en el camino de regreso. Ahora, Clara vive con 6 de sus nietos, pero solo 4 de ellos pueden ir a la escuela (por amenazas a su vida).

Según la información del Consejo Noruego para Refugiados, en promedio hay 1 niño o niña desescolarizado por cada hogar ubicado en los sectores más afectados por la violencia generalizada en Honduras1. En el país, un tercio de la generación actual espera poder acceder a un espacio seguro de educación.

La actual situación de violencia generalizada afecta de forma especial a los menores de edad. Las niñas y los niños son reclutados, amenazados, asesinados, torturados, son víctimas de violencia sexual y desplazados. La acción de las bandas criminales en Honduras tiene un impacto devastador en las vidas de los menores de edad. El país tiene una de las tasas de homicidios más altas en el mundo. Durante el primer semestre del 2016, la tasa de homicidios de la población entre 10 y 14 años fue de 61 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa se incrementa dramáticamente entre los 15 y los 19 años, donde se registran 102,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el actual contexto, las familias no encuentran muchas alternativas: huir o esconder a los menores de edad. Hay una clara relación entre la situación de violencia, la ausencia de alternativas de protección institucional y la adopción de estrategias propias de protección: el desplazamiento interno y la búsqueda de protección internacional.

En ocasiones, como medida de protección, los menores de edad permanecen escondidos y aislados en sus propias viviendas, en una situación similar a la del confinamiento. Un niño o niña encerrada en su casa que teme por su vida y sin acceso a la escuela, claramente no tendrá las mismas oportunidades en el futuro.

En los últimos diez años se han identificado más de 78.0002 menores de edad desplazados (entre 0 y 17 años), que corresponde al 43 por ciento del total de personas desplazadas en Honduras. Según información de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el gobierno norteamericano registró más de 10.474 casos de niños y niñas migrantes entre enero y septiembre de 2016 (casi el doble del año 2015 y más de 6 veces la cantidad reportada en el 2013). Más de la mitad de la población migrante huye de la violencia generalizada.

A pesar del reconocimiento de la situación, el Estado no ha logrado prevenir el desplazamiento o responder de manera sistemática a las necesidades inmediatas de las personas y familias que se ven obligadas a huir de sus hogares. En el país tampoco existen marcos legales o políticas públicas que específicamente promuevan la protección y la asistencia a la población desplazada.

Tegucigalpa. La colonia de Villa Cristina es controlada por bandas criminales que no permiten el acceso a la escuela 

de los niños, niñas y jóvenes que viven en colonias aledañas, como una medida de contro territorial.

Como consecuencia de la violencia las niñas y los niños, de forma individual o masiva, se ven obligados a solicitar el cambio de escuela o abandonar su educación. Las amenazas directas de las bandas criminales han provocado el cierre de las escuelas o la cancelación de jornadas escolares. En la capital de Honduras, entre los meses de abril y septiembre (2016), se suspendió la jornada nocturna en 15 escuelas, afectando a más de 3.600 estudiantes y al menos 48 profesores.

Como una medida de control territorial, las bandas criminales restringen o impiden la asistencia a la escuela de los menores de edad y han logrado infiltrarse en el interior de los establecimientos educativos e influir en las decisiones de los profesores y de los rectores. Además, los miembros de las bandas criminales realizan labores de reclutamiento, vigilancia e inteligencia, promueven la venta de drogas a menores de edad y extorsionan a profesores y alumnos.

A pesar de los esfuerzos del gobierno para garantizar la permanencia escolar en este contexto3, las cifras oficiales arrojan una preocupante tasa de deserción4. Al menos 1 de cada 3 niños y niñas en Honduras abandonan la escuela al terminal el sexto grado. El alto índice de abandono escolar en los grados séptimo5 y octavo6 afecta especialmente a los niños y las niñas de 13 y 14 años. Esta circunstancia es preocupante, pues coincide con el rango de edad donde se incrementan en el número de violaciones a los derechos humanos contra esta población.

Las personas desplazadas son especialmente vulnerables en estas circunstancias. Pese a los esfuerzos de la Secretaría de Educación, no se han implementado medidas específicas y especiales que promuevan el acceso o la permanencia en el sector educativo de las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento. Es necesario que las prácticas o políticas públicas que implementa la Secretaría de Educación se sigan adaptando a los efectos de la violencia generalizada y a las consecuencias de las barreras estructurales del servicio educativo.

Ningún niño o niña debe pagar el costo de la violencia generalizada y mantenerse alejado de la escuela como consecuencia del desplazamiento forzado o los efectos de la violencia generalizada. Si bien los datos sobre la financiación de la educación en Honduras han suscitado preocupación de algunos sectores, el gobierno de Honduras debe hacer un esfuerzo por proporcionar educación gratuita, cerca de los hogares, a todos los niños y niñas desplazados.

En el sector educativo se debe promover la ejecución de planes de estudios adaptados a la situación de violencia generalizada y diseñar e implementar planes de contingencia para prevenir que en las escuelas se vulneren los derechos humanos y se originen conflictos o desplazamientos forzados.

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Notas al pie de página

1. Durante el 2016, el Consejo Noruego para Refugiados censó 1,110 hogares para la identificación de población desescolarizada en sectores afectados por la violencia generalizada (zonas urbanas de Tegucigalpa, Choloma y San Pedro Sula). Como resultado de la implementación de la herramienta, 1,239 niños y niñas desescolarizados (entre los 6 y los 17 años) fueron identificados.

2. Caracterización del desplazamiento interno en Honduras. Comisión interinstitucional para la protección de personas desplazadas por la violencia. Noviembre 2015.

3. Entre el año 2010 y 2012 la deserción disminuyó progresiva- mente, logrando que –en promedio- sólo el 1,10 por ciento de los estudiantes de primaria abandonaran la escuela. Sin embargo, en el año 2013 el porcentaje promedio de la deserción se incrementó al 1,26 por ciento. Ver: http://www.se.gob.hn/media/files/articles/PEI_SE_18mar2015.pdf

4. En 2014 se cambia el Sistema de Estadísticas Educativas (SIEE) y se adopta el Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). Según el nuevo sistema, la deserción escolar oscila entre el 6,03 por ciento y el 10,33 por ciento según el grado escolar; durante el año 2015 la deserción varió entre el 4,88 por ciento y el 9,38 por ciento.

5. Según datos oficiales, en el séptimo grado la tasa de deserción fue del 17,16 por ciento durante en el 2014 y del 19,77 por ciento en el año 2015. Ver: Sistema Educativo Hondureño en Cifras 2015. 11 de julio de 2016 http://www.se.gob.hn/seduc/se-informes/

6. La comparación anual de la tasa de deserción en el grado octavo, evidencia un incremento del 1,46 entre en 2014 y el 2015. Ver: Sistema Educativo Hondureño en Cifras 2015. 11 de julio de 2016 http://www.se.gob.hn/seduc/se-informes/ http://datos.bancomundial.org/pais/honduras

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