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Comunidad en la costa Pacífica de Colombia confinada por las minas antipersonal y los restricciones de grupos armados que limitan su acceso a alimentos, salud y servicios básicos.
Foto: Tomás Médez/NRC/Consorcio MIRE
Los colombianos se enfrentan a un peligroso aumento de la violencia, el desplazamiento y las necesidades humanitarias, al conmemorarse mañana el Día de las Víctimas.
«El aumento del conflicto y la violencia han destruido la promesa de paz para muchos Colombianos. El Gobierno y los grupos armados deben unirse y ponerse de acuerdo para poner fin a esta pesadilla para los colombianos, muchos de los cuales ya han soportado décadas de conflicto brutal», dijo Francesco Volpi, Director País (i) del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Colombia.
Cerca de ocho millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Colombia este año, frente a más de cuatro millones en 2017, el año siguiente a la firma del acuerdo de paz. Según Naciones Unidas, 270.000 personas se vieron afectadas por la violencia sólo en enero y febrero. Muchas mujeres, niñas y niños han sido obligados a huir hasta cuatro como consecuencia de la inseguridad, especialmente en las zonas rurales del país donde el gobierno tiene poca o ninguna presencia.
«Hace poco hablamos con una familia que se vio obligada a huir de la violencia este año. Ellos ya habían sido desplazados de sus hogares antes de la firma del acuerdo de paz, así que esta es la segunda vez que huyen. Acabar con este cruel ciclo de desplazamiento es la mejor manera de conmemorar a las víctimas del largo conflicto colombiano», dijo Volpi.
Los grupos armados han establecido una serie de normas y castigos draconianos que imponen a la población local con una fuerza brutal, incluso sobre los acusados de robar, violar o matar. También imponen toques de queda armados y regulan actividades cotidianas como la pesca o los horarios de cierre de los negocios locales.
Las organizaciones de la sociedad civil han reportado que estos grupos de cometer delitos como el reclutamiento forzado, la siembra de minas e impedir que la gente se gane la vida en sus fincas. En algunas zonas, los niños y niñas tienen miedo de volver a la escuela por temor a los enfrentamientos armados y a las minas en el camino a clase.
Un joven líder desplazado en el suroccidente de Colombia nos dijo: «tenemos pánico y estamos solos, la violencia ha derrotado la paz en nuestra comunidad. Necesitamos la presencia permanente del Gobierno para sentirnos protegidos.”
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