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El aumento del uso de personal militar y armado a lo largo de las fronteras de Perú, Ecuador y Colombia pone en peligro a los refugiados y migrantes venezolanos. Las medidas de control migratorio, que pretenden ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, probablemente tendrán graves implicaciones en la capacidad de las personas para acceder al asilo seguro.
Perú ha desplegado en los últimos días personal armado y militar en las fronteras para disuadir la «migración ilegal» desde Venezuela. Perú acoge a más de un millón de refugiados y migrantes venezolanos, muchos de los cuales viven en condiciones precarias, carecen de un estatus legal y de protección.
«Esta semana, cuando estaba en la frontera, los militares nos apuntaron con armas y nos dijeron que, si seguíamos caminando, dispararían. Nos trataron como criminales y no tuvieron piedad con nuestros hijos», dijo Angélica, una venezolana de 29 años, al Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). Angélica se encuentra bloqueada en Ecuador desde que se cerraron las fronteras internacionales en 2020.
El año pasado, Colombia, Ecuador y Perú cerraron sus fronteras y restringieron el acceso a los refugiados y migrantes en un esfuerzo por frenar la propagación del Covid-19. Aunque los gobiernos de la región son responsables de proteger a la población contra la emergencia sanitaria del Covid-19, estas medidas no deben restringir el acceso al asilo y deben salvaguardar los derechos de los refugiados. Los Estados están obligados a respetar el principio de no devolución y a garantizar la protección de los venezolanos que buscan estar a salvo en sus países.
«La Covid-19 sigue amenazando a los más vulnerables de la sociedad, lo que incluye a los venezolanos desplazados que viven marginalmente en la sociedad. En lugar de restringir su derecho a buscar seguridad y solicitar asilo, deberíamos analizar cómo podemos apoyar a los refugiados vulnerables y garantizar que se les brinde protección», dijo Dominika Arseniuk, directora de país de NRC para Colombia, Ecuador y Panamá.
La reciente ampliación del perímetro de seguridad en torno a las fronteras significa que quienes intenten cruzar tendrán que atravesar ahora lugares aún más remotos e inseguros. Las agencias de ayuda humanitaria han alertado que esta situación aumentará los riesgos de tráfico, extorsión y violencia sexual y de género para los refugiados y migrantes vulnerables.
«En medio de una pandemia, no podemos excluir ni negar el acceso a personas con necesidades extremas sólo en función de su ciudadanía. Los gobiernos de la región deben garantizar que los refugiados y migrantes venezolanos puedan acceder a la ayuda humanitaria y a la protección cuando la población lo necesite», añadió Arseniuk.
El Consejo Noruego para Refugiados – NRC trabaja para asistir a la población migrante y refugiada con el apoyo y financiación de la Unión Europea.
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