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Brindando Acceso al Derecho a la Tierra y la Propiedad

Publicado 19 Ene 2017

En Tibú, 111 personas recibieron asistencia legal para acceder de forma efectiva a los derechos que tienen como víctimas del conflicto y 82 personas fueron atendidas por la Unidad de Restitución de Tierras Aproximadamente el 50% de la población en el municipio de Tibú ha sido víctima del desplazamiento forzado. El municipio de Tibú está ubicado en el departamento de Norte de Santander, tiene una población de aproximadamente 40 mil habitantes y es un municipio fronterizo con Venezuela. En Tibú continúan las restricciones a la movilidad, el uso de minas antipersonas, los hostigamientos y enfrentamientos armados que ponen en riesgo a la población civil y causan desplazamientos forzados. Como respuesta a esta situación, la administración municipal y el enlace municipal de atención a víctimas, realizaron una jornada de recolección masiva de solicitudes para la inscripción en el registro único de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Esta jornada le permitirá a la población desplazada acceder al derecho a la tierra y propiedad. Esta jornada contó con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), el consultorio jurídico de la Universidad de Pamplona y la Unidad de Restitución de Tierras. Durante la jornada NRC brindó orientación y asesoría jurídica a las víctimas, para promover la garantía de los derechos a la tierra y el territorio de las poblaciones desplazadas, desde una lógica de protección y reparación. Adicionalmente, NRC articuló y complementó la labor de la Unidad de Restitución de Tierras para facilitar que las víctimas realizaran las solicitudes de Restitución de los predios que abandonaron forzadamente o de los que fueron despojados en marco del conflicto. En desarrollo del programa de Información Orientación y Asistencia Legal (ICLA), NRC aplica un enfoque de complementariedad desde el cual, sin sustituir al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, adelanta acciones para responder a aquellos vacíos en el acceso a los derechos de las víctimas del conflicto armado, que por diferentes razones no han sido o no pueden ser satisfecho por el Estado y sus instituciones.

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