“La realidad para muchos colombianos contrasta con la imagen positiva del acuerdo de paz. La inseguridad está afectando el posconflicto”, advirtió Christian Visnes, el Director de País en Colombia del Consejo Noruego de Refugiados (NRC).
Se estima que, al finalizar el 2017, cerca de 100.000 personas habrán sido obligadas a desplazarse por el conflicto armado en Colombia, según las Naciones Unidas. El número de eventos de desplazamiento forzado se ha incrementado 36 por ciento, comparado con el mismo período del año pasado.
El acuerdo de paz firmado en el 2016, entre el Gobierno y las FARC, fue un hito para el país, luego de una guerra de más de 50 años; preparó el camino para la anhelada paz. Sin embargo, en algunos territorios el conflicto continúa o incluso se ha intensificado desde que el grupo armado abandonó las armas.
La región del pacífico, particularmente el departamento del Chocó, se ha convertido en campo de batalla entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados. En Nariño algunas áreas se han vuelto trincheras del ELN, grupos paramilitares y los disidentes de las FARC. Así mismo, a lo largo de la frontera con Venezuela, la lucha por el control de los negocios ilícitos continúa poniendo en riesgo a los habitantes de estas zonas.
Esta inseguridad y las nuevas violencias que se han generado en Colombia están desencadenando en consecuencias catastróficas para la población civil. El número de ataques contra las comunidades se ha incrementado en un 17 por ciento, durante la primera mitad de 2017, comparado con el mismo período del año pasado.
Indígenas y afrocolombianos han sido los grupos poblacionales más afectados. Siete de cada diez desplazamientos, en el 2017, se han presentado en territorios donde hay presencia de estas comunidades.
“Esta nueva tendencia es alarmante”, advirtió Visnes. “Las familias de estas comunidades son muy vulnerables: muchos son extremadamente pobres y requieren de ayuda humanitaria incluso cuando el conflicto no está presente en sus comunidades”. NRC también está preocupado por el alto número de asesinatos a líderes comunitarios en 2017. Se han reportado más de 78 muertes violentas de líderes y miembros de organizaciones sociales y, por lo menos, se calculan otros 13 asesinatos sospechosos, según la agencia de refugiados de la ONU. “La paz debe conducir a la justicia social, permitiéndonos vivir y gobernar la tierra de nuestros antepasados sin miedo», dijo al personal de NRC un líder de la comunidad del pueblo indígena de Catrú, después del reciente asesinato del gobernador de su pueblo.
Para mejorar la situación de seguridad el gobierno debe garantizar la presencia en los lugares más afectados por el conflicto, especialmente en las zonas rurales, y reconocer plenamente los derechos de las víctimas. La acción de la cooperación internacional también es vital para promover soluciones duraderas y detener el ciclo de violencia que está afectando a Colombia.
«Necesitamos generar confianza en la paz y hacer a un lado el miedo con el que viven los civiles», dijo Visnes. «Hay una ventana de oportunidad para actuar y marcar una diferencia real para el futuro de Colombia; sin embargo, esta ventana no permanecerá abierta por mucho tiempo. La paz debe consolidarse, el país no puede permitir que este histórico logro se ponga en peligro «, concluyó.
Nota de los editores •
El director país en Colombia estará disponible para entrevistas en inglés, español y noruego.
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