NRC abre espacios de discusión sobre el derecho de las mujeres refugiadas a la vivienda, tierra y propiedad en Ecuador. Ecuador es el principal país receptor de refugiados colombianos. Hay aproximadamente 55.000 refugiados reconocidos en Ecuador, un país que ha tenido históricamente una política de refugiados abierta en línea con los estándares internacionales. Sin embargo, las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio no son consideradas en los programas de acceso a vivienda rural y urbana a cargo del Ministerio de Desarrollo urbano y vivienda, pues los incentivos de vivienda están destinados exclusivamente a personas ecuatorianas. A pesar de que el Estado ecuatoriano ha asumido su obligación primaria de atender y proteger a la población solicitante de refugio, un informe reciente apoyado por NRC afirma que se necesitan más esfuerzos para asegurar que los refugiados también logren acceso a sus derechos a la vivienda , la tierra y la propiedad, en particular las mujeres. En la medida en que el número total de personas en busca de protección internacional en Ecuador continúe incrementándose, especialmente el número de mujeres solicitantes de refugio y refugiadas, las posibilidades y retos para encontrar soluciones duraderas para esta población van a ser cada vez mayores, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad no solo es un factor de riesgo para las personas que buscan refugio; sino que también es una condición de las poblaciones locales en asentamientos con índices de pobreza altos. Karine Ruel, gerente del Programa de Refugio de NRC, explica los riesgos que mujeres y las niñas enfrentan cuando no tienen acceso a la vivienda: «A menudo se convierten en víctimas de abuso y explotación sexual y laboral a cambio de un lugar seguro para vivir». El estudio, titulado «Acceso a tierra y vivienda para mujeres en necesidad de protección internacional y refugiadas en Ecuador», recoge las experiencias de muchas de estas mujeres, en particular las que viven en las ciudades ecuatorianas de Esmeraldas, Tulcán, Lago Agrio y Quito. El estudio indica que las personas refugiadas encuentran barreras para conseguir una vivienda, como aumentos discriminatorios en el alquiler, falta de contratos formales de alquiler y limitaciones en el acceso a los programas de vivienda del gobierno. Los hallazgos del estudio fueron objeto de debate en un evento convocado por NRC en Ecuador, que reunió a altos representantes de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, el gobierno ecuatoriano, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones que representan y ayudan a la población refugiada. Los participantes coincidieron en la necesidad de realizar cambios a las leyes existentes para asegurar la igualdad de género en las políticas de vivienda, el derecho a trabajar de los refugios para que puedan acceder a una vivienda digna y la necesidad de capacitar a las personas refugiadas sobre los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad. Además, los participantes coincidieron en que las autoridades nacionales y locales en Ecuador necesitan desarrollar políticas que den prioridad a las necesidades de las mujeres refugiadas en lo que respecta a la vivienda. Este estudio forma parte de una iniciativa global NRC, para documentar, visibilizar e incidir en el acceso al derecho de la Vivienda, Tierra y Proyecto de las mujeres refugiadas. Esta es una iniciativa que espera, en un periodo de tres años, ayudar a incrementar el acceso de las mujeres desplazadas a la vivienda, la tierra y los derechos a la propiedad, a través varias iniciativas nacionales e internacional. El proyecto tiene como objetivo proporcionar recomendaciones a políticas y prácticas de la comunidad humanitaria, donantes, gobiernos y la sociedad civil. Otros países que forman parte de este proyecto son Afganistán, Líbano, Liberia, Palestina y Sudán del Sur. Descargue el Documento Acceso a Tierra, Vivienda para Mujeres en Necesidad de Protección Internacional y Refugiadas en Ecuador.
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