Se necesitan medidas concretas y mayor voluntad política para respaldar la implementación efectiva de la Ley de Víctimas destinadas a garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el departamento de Norte de Santander.
Para impulsar la implementación de la Ley de víctimas es necesario que el Estado garantizase la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma. Además se garantice la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la implementación de la Ley de víctimas.
En este contexto una de las prioridades del Consejo Noruego para Refugiados, en Norte de Santander, es lograr el fortalecimiento de la participación efectiva de las víctimas de desplazamiento forzado en los escenarios locales en donde se define la política pública de Atención y Reparación Integral, incluyendo el acompañamiento del ejercicio de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas de Norte de Santander.
La Mesa de Participación de Víctimas de Norte de Santander, se instaló en Cúcuta al finalizar el mes de Julio del 2013, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0388 de mayo 10 de 2013, por la cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado.
La Mesa, que cuenta con el apoyo y acompañamiento técnico del Consejo Noruego para Refugiados, ha identificado brechas y retos para la implementación y ejecución de la Ley en el departamento de Norte de Santander en términos del reconocimiento y dignificación para la materialización de los derechos de las victimas del conflicto armado.
Teniendo en cuenta los roles y responsabilidades establecidas en la normatividad, las entidades territoriales juegan un papel decisivo para la implementación de la Ley. Estas entidades, tienen bajo su responsabilidad propiciar herramientas que faciliten la gestión de los entes territoriales como la formulación y ajustes de los planes de acción tanto municipales como el departamental para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
No obstante, los avances en el diseño de los programas y proyectos de los Planes de Acción Territorial, estos planes no se han implementado en el departamento de Norte de Santander. En la mayoría de los casos las mesas de víctimas no tienen información detallada sobre la ejecución de los proyectos 2013, presupuestos, beneficiarios atendidos, oferta institucional, números de víctimas, ni datos concretos de acciones realizadas por los municipios o el departamento. Estos vacíos de información limitan las posibilidades de planificar y posibilitar respuestas adecuadas para atender y reparar a las víctimas.
La Mesa identifica con preocupación que los rubros asignados en el Plan de Acción Territorial, en algunos municipios se trasladaron para responder a otras prioridades sin previa consulta con éste espacio de participación. “El traslado de estos recursos no está generando beneficios a población víctima del conflicto armado”.
En la mayoría de los entes territoriales, en Norte de Santander, se sumó al presupuesto de víctimas el presupuesto para atender el derecho a la salud de toda la población asentada en los municipios, sin desagregar lo destinado a la población víctima. Esta situación, afirma la Mesa de Víctimas del departamento, no permite la implementación, ejecución y seguimiento del presupuesto que realmente se ha destinado e invertido para población víctima del conflicto armado.
En otros casos la Mesa identificó que el presupuesto destinado para la Atención y Reparación Integral incluye la población vulnerable, lo que desacata la orden reiterada de la Corte Constitucional que requiere, a los entes territoriales, desagregar los presupuestos para medir posteriormente la real implementación e impacto de la política pública orientada a las víctimas del conflicto.
En este escenario es fundamental que los Planes de Acción Territorial también se ajusten y cumplan acciones específicas que den respuesta a los ejes transversales de enfoque diferencial y étnico (como en el caso de la comunidad Barí, afros, LGTBI, mujeres, niñas, niños y jóvenes), pues actualmente los planes no dan cuenta de acciones diferenciadas para estas poblaciones.
En el componente de prevención es importante que estos planes incluyan acciones permanentes en cuanto a prevención de reclutamiento forzado dirigida a padres, jóvenes, adolescentes, niños y niñas y se diseñen acciones para lograr acceso a programas de educación superior para estas poblaciones.
Las entidades territoriales responsables deben garantizar la rendición de cuentas que incluya: (i) valor de la inversión discriminada por municipio, departamento y nación, y (ii) número de población víctima beneficiada y la indemnización (administrativa o judicial) de las personas que tienen tiempo de haber sido víctimas tanto de desplazamiento, como de despojo y de los demás hechos victimizantes.
Así mismo y para que la Ley logre ser implementada es fundamental que de manera efectiva se genere la activación de la ruta de protección para líderes amenazados, se garantice difusión y condiciones para la declaración de las víctimas en el marco de la ley.
La ley de víctimas en Colombia ofrece una oportunidad histórica para reparar a millones de víctimas del conflicto armado interno que han sido expulsadas de sus hogares por la violencia. La implementación exitosa de la ley dependerá de la capacidad de los actores locales y nacionales para garantizar que los mecanismos creados para su seguimiento y control puedan lograr la participación efectiva de las víctimas, en condiciones de igualdad, y equidad, y contribuir a su reconocimiento como titulares de derechos, la recuperación de la confianza cívica en las relaciones recíprocas y con las instituciones democráticas, y a la promoción de un orden social justo. Si estas garantías no se implementan a nivel local, con el apoyo, articulación y coordinación nacional, departamental y regional, la implementación de la ley no se hará efectiva para cientos de miles de víctimas del conflicto armado.
