- Las acciones armadas y violentas están afectando la continuidad del derecho a la educación y la protección de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA)[1], las afectaciones a niñas, niños y adolescentes por eventos armados aumentaron un 11,5 % en 2022.
- Comprometiéndose a tomar acciones para que las escuelas sean lugares protectores y seguros para estudiantes, docentes y comunidad escolar en general, Colombia se adhirió a la Declaración sobre Escuela Segura.
- El Consejo Noruego Para Refugiados, Fundación Plan, Save the Children, Unicef y World Vision, con el apoyo del fondo Education Cannot Wait (la Educación No Puede Esperar) promueven esfuerzos conjuntos para tener entornos y escuelas más seguras.
Ante el recrudecimiento de acciones violentas y armadas en el país en las que se han visto afectadas las escuelas y centros educativos poniendo en riesgo a niñas, niños y adolescentes, el Consejo Noruego para Refugiados, Fundación Plan, Save the Children, Unicef y World Vision, con el apoyo del fondo Education Cannot Wait (la Educación No Puede Esperar) promueven esfuerzos conjuntos para tener entornos y escuelas más seguras, que permitan garantizar el derecho a la educación de la niñez colombiana.
Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA), el 60 % de los eventos armados registrados el año pasado afectaron directamente a 268.524 niños, niñas y adolescentes, un 11,5 % más que en el 2021.
“En mi comunidad, un niño tuvo un accidente con una mina antipersona, perdió sus dos piernas y hasta el momento no tiene acceso a educación», cuenta una joven rural afectada por el conflicto armado en Colombia, y agrega, “hagamos que aprender deje de ser un desafío de supervivencia”.
De acuerdo con ONCA, los departamentos donde más se presentaron eventos de conflicto armado que afectaron de manera directa a niñas, niños y adolescentes fueron Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Chocó, Antioquia, Nariño, Caquetá y Putumayo. Los casos más recurrentes implican el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por los actores armados; ataques a escuelas; desplazamiento forzado; violaciones contra el derecho a la vida; violencia y abuso sexual, y secuestros. Según el seguimiento realizado por el Consejo Noruego para Refugiados, entre enero y septiembre de 2022, al menos 12.000 estudiantes, profesores y personas de la comunidad educativa, como cuidadores y personal administrativo, tuvieron que suspender temporal o indefinidamente las clases y dejar sin el servicio.
“Vemos con preocupación que las escuelas queden en medio de enfrentamientos armados, o que en los caminos haya presencia o sospecha de minas y otros artefactos explosivos. Celebramos que el Plan Nacional de Desarrollo incluya la implementación de la Declaración sobre Escuelas Seguras, marcando el camino para proteger a estudiantes, docentes e instituciones educativas. Ahora es el momento de realizar acciones concretas para proteger la educación en zonas de conflicto armado en el país”, afirma Catalina Duarte Salcedo, coordinadora del Programa financiado por el Gobierno de Canadá en apoyo a La Educación No Puede Esperar (Education Cannot Wait).
En este sentido es importante poner en práctica los compromisos de la Declaración, a la que se han adherido 116 países, incluida Colombia:
- Prevenir el uso militar de las escuelas y universidades.
- Recopilar datos y fomentar respuestas ante ataques a establecimientos educativos, sus estudiantes y profesores.
- Fortalecer el rol de protección que tiene la educación durante conflictos armados y asegurar la continuidad educativa.
- Fomentar los intercambios y fortalecer el apoyo político para la protección de la educación en foros internacionales.
- Rendir cuentas por los ataques contra la comunidad educativa, incluyendo sus instalaciones. Investigar y juzgar debidamente a los responsables.
Cabe anotar que el desplazamiento es una de las principales razones por las que las y los estudiantes abandonan la escuela, incluso afecta a la población procedente de Venezuela, refugiada y retornada, que muchas veces llega a zonas donde hay conflicto armado. En Colombia, el 29 % de los niños y niñas procedentes de Venezuela entre 6 y 17 años no están matriculados en las escuelas, lo que aumenta el riesgo de ser víctimas de los grupos armados y delincuenciales, según El Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) realizado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Sobre Education Cannot Wait (ECW)
Education Cannot Wait (ECW) es el primer fondo mundial para la educación en emergencias y crisis prolongadas diseñado para abordar los obstáculos que han impedido a los agentes humanitarios y de desarrollo brindar una educación de calidad en crisis humanitarias.
Desde hace dos años, el Consejo Noruego para Refugiados, Fundación Plan, Save the Children, Unicef y World Vision trabajan conjuntamente en Colombia, con el apoyo de ECW, promoviendo mejoras en el acceso a educación de calidad, protectora y equitativa para niñas, niños y adolescentes pertenecientes a población venezolana, desplazada, comunidades de acogida y colombianos retornados. En este tiempo, 46.165 personas han sido beneficiadas con el programa, de ellas 42 % son niñas y 38 % niños, a quienes se les ha brindado oportunidades de aprendizaje flexibles y pertinentes. Así mismo, se han promovido mejoras en su bienestar y habilidades socioeconómicas, y se ha fortalecido el sistema educativo, entre otras acciones. En 2022, gracias a la acción del Gobierno de Canadá, se suman recursos para potenciar acciones definidas en el Programa Multianual y potenciar así la inclusión en el sistema educativo, ampliando la cobertura de las acciones definidas en 2020.
El programa hace presencia en 9 departamentos del país: La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Arauca y Valle del Cauca.
[1] El Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) desarrolla una tarea permanente de monitoreo sobre las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que, con ocasión del conflicto armado, han afectado a niños, niñas y adolescentes, haciendo especial atención a las categorías de análisis del Mecanismo de Monitoreo y Presentación de Informes (MRM) correspondiente a la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
