Clara es abuela de Ana, Carlos, María y Laura (de izquierda a derecha). La hija de Clara intentó migrar a Estados Unidos, pero murió en el camino de regreso. Ahora, Clara vive con 6 de sus nietos, pero solo 4 de ellos pueden ir a la escuela (por amenazas a su vida).
Según la información del Consejo Noruego para Refugiados, en promedio hay 1 niño o niña desescolarizado por cada hogar ubicado en los sectores más afectados por la violencia generalizada en Honduras. En el país, un tercio de la generación actual espera poder acceder a un espacio seguro de educación.
La actual situación de violencia generalizada afecta de forma especial a los menores de edad. Las niñas y los niños son reclutados, amenazados, asesinados, torturados, son víctimas de violencia sexual y desplazados. La acción de las bandas criminales en Honduras tiene un impacto devastador en las vidas de los menores de edad. El país tiene una de las tasas de homicidios más altas en el mundo. Durante el primer semestre del 2016, la tasa de homicidios de la población entre 10 y 14 años fue de 61 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa se incrementa dramáticamente entre los 15 y los 19 años, donde se registran 102,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En el actual contexto, las familias no encuentran muchas alternativas: huir o esconder a los menores de edad. Hay una clara relación entre la situación de violencia, la ausencia de alternativas de protección institucional y la adopción de estrategias propias de protección: el desplazamiento interno y la búsqueda de protección internacional.
En ocasiones, como medida de protección, los menores de edad permanecen escondidos y aislados en sus propias viviendas, en una situación similar a la del confinamiento. Un niño o niña encerrada en su casa que teme por su vida y sin acceso a la escuela, claramente no tendrá las mismas oportunidades en el futuro.
En los últimos diez años se han identificado más de 78.000 menores de edad desplazados (entre 0 y 17 años), que corresponde al 43 por ciento del total de personas desplazadas en Honduras. Según información de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el gobierno norteamericano registró más de 10.474 casos de niños y niñas migrantes entre enero y septiembre de 2016 (casi el doble del año 2015 y más de 6 veces la cantidad reportada en el 2013). Más de la mitad de la población migrante huye de la violencia generalizada.
A pesar del reconocimiento de la situación, el Estado no ha logrado prevenir el desplazamiento o responder de manera sistemática a las necesidades inmediatas de las personas y familias que se ven obligadas a huir de sus hogares. En el país tampoco existen marcos legales o políticas públicas que específicamente promuevan la protección y la asistencia a la población desplazada.
