La Ley de víctimas, que entró en vigencia en el segundo periodo de 2011, aparece como un oportunidad para la reparación a las víctimas del conflicto y para el retorno de la tierra que ha sido objeto de apropiación ilícita en Colombia. «En agosto, hace doce años cerca de Cúcuta, los paramilitares sacaron a María de su casa” dice Lucila en voz baja. Al día siguiente, María la presidenta de una organización de 450 mujeres campesinas e Indígenas fue encontrada asesinada. Las 18 hectáreas de tierra, las 3 docenas de animales, las 70 colchonetas y los cultivos de alimentos que habían logrado conseguir a través de la organización, empezaron a desvanecer. Cuando le preguntamos a Lucila por qué los paramilitares asesinaron a la presidenta de la organización y se apropiaron de sus tierras, ella abre sus brazos y responde: “cuando llegaron los paramilitares nos señalaron de ser colaboradoras de la guerrilla. Éramos campesinas y veníamos del campo. En el campo está la guerrilla (…) El asesinato de María fue la forma de meternos miedo a todas”. Las mujeres miembro de la asociación que se conformó en los 90 para gestionar proyectos productivos se empezó a desintegrar. Una a una y en silencio se fueron desplazando, sin decirle nada a nadie. Los registros y documentos de la asociación los ocultaron bajo la tierra por el temor a las persecuciones individuales de los paramilitares. “Pocas nos quedamos en el Zulia”, dice Lucila. “Durante cinco años los paramilitares, que iban con listas en mano buscando a sus víctimas, se adueñaron de nuestra tierra. La utilizaron para robarse nuestros animales, guardar los químicos para producir coca y como fosa común para enterrar las personas que asesinaban”. Luego del proceso de desmovilización de los paramilitares que finalizó en 2006 en Colombia, proceso en el que se ha registrado la confesión de más de 161.758 homicidios, Lucila pudo volver sin inconvenientes a la tierra. La organización de mujeres inició nuevamente el trabajo organizativo que dio como fruto 150 cabras. “Pero nuestro derechos fueron nuevamente vulnerados, volvimos a ser víctimas. Nos mataron a todas las cabras, sólo nos quedaron 15”, dice Lucila. En el 2009, luchas por el poder y el control de la tierra volvieron a afectar la organización. Familiares de la administración pública empezaron un proceso de invasión de las tierras que había sido cedida a la asociación. “Cuando estaba haciendo el reclamo de nuestra la tierra, una autoridad local me dijo en tono amenazante: “Más cara sale la tierra que una bala de 5 dólares”. Con un reflejo brillante en sus ojos, Lucila lamenta -en medio de la continuidad del conflicto armado en la zona, del incremento del uso de artefactos explosivos, de los combates entre grupos armados, del incremento de la presencia de grupos armados post-desmovilización, de las amenazas contra la población y del incremente de los desplazamientos masivos-, que la actual asociación sólo cuente con la presencia de 35 mujeres. “No descansáramos hasta que nos devuelvan la tierra que nos pertenece. Tenemos una nueva oportunidad para luchar por la devolución de nuestra tierra(…) La asesoría del Consejo Noruego produjo que 35 mujeres nos volviéramos a unir hace dos años y hemos logrado fortalecer nuestro proceso organizativo para reclamar nuestros derechos a tierra y exigir nuestra reparación”. Lucila, señalando con su mano derecha la tierra y mirando lo que queda de la gran casa que construyeron hace más de 20 años, tiene la esperanza de que el caso de esta organización, gracias a la apoyo de NRC, sea un caso exitoso en la implementación de la nueva Ley de Víctimas. “La iniciación del proceso de reparación colectiva de nuestros derechos será la excusa perfecta para reunir nuevamente a las 450 mujeres campesinas víctimas del conflicto en esta parte del país y celebrar el regreso de la oportunidad de trabajo en las tierras”.
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