Comunicado de prensa, JAN EGELAND, Secretario General de NRC – CARTAGENA +30 –
Llegué por primera vez a América Latina a los 19 años como voluntario de una organización Católica de Asistencia Colombiana. Quedé sorprendido, como lo sigo estando desde entonces, por los grandes contrastes del continente: por un lado, la injusticia y la violencia extrema, y por otro lado la rica tradición de la sociedad civil y su solidaridad. El desplazamiento forzado de las comunidades vulnerables –causado por las Fuerzas Armadas, las guerrillas, los paramilitares, las pandillas y los narcotraficantes– que contrastaba con las valientes iniciativas para la protección y la atención de los desplazados. La Declaración de Cartagena de 1984 fue una gran expresión de solidaridad con la población desplazada de América Latina. Al mismo tiempo, muchos de los Estados estaban apenas dejando atrás décadas de gobierno militar, guerra civil y violaciones a los derechos humanos. La mayoría de los Estados ya habían firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo facultativo de 1967, pero muchos consideraban que los instrumentos internacionales vigentes no eran suficientes para responder a las enormes necesidades de los desplazados. La Declaración recomendó una ampliación de la definición del término «refugiado» para incluir a las personas amenazadas por la violencia generalizada, agresiones extranjeras, conflictos internos y violaciones a los derechos humanos.
Esta voluntad de adaptarse a las nuevas realidades humanitarias tuvo continuidad en la adopción del Plan de Acción de México en 2004. La reunión que se llevará a cabo en Diciembre en Brasilia, y que ha sido nombrada como Cartagena+30, tiene por objeto complementar estos grandes esfuerzos y adaptar la Declaración de 1984 a la realidad de hoy.
Una de las fuerzas más poderosas para el cambio son las organizaciones de la Sociedad Civil. Cada vez que regreso a Colombia y cualquier otro país de América Latina, he quedado impresionado por el enorme compromiso y la capacidad de estas valientes organizaciones no gubernamentales. Se espera que en la próxima década los instrumentos de protección puedan ser suficientes para satisfacer las necesidades de las comunidades vulnerables. Bajo el liderazgo de ACNUR, nosotros en NRC hemos organizado, consultado y escuchado las recomendaciones con nuestros colegas de la sociedad civil, por varios meses. Los activistas de Latino América han resaltado, por ejemplo, el número récord de personas en necesidad de protección en Colombia y han alertado de las nuevas fuerzas oscuras que generan desplazamientos forzados de personas en la región, tales como el crimen y la violencia organizada relacionada con el narcotráfico, los desastres naturales y grandes proyectos de construcción y desarrollo.
Con más de 6 millones de personas en situación de desplazamiento interno después de muchos años de conflicto, Colombia tiene la segunda población desplazada más grande en el mundo, después de Siria, con 350.000 colombianos que se encuentran en necesidad de protección internacional por fuera de las fronteras del país. Nosotros aplaudimos los esfuerzos del Gobierno colombiano para alcanzar un acuerdo de paz con las FARC, sin embargo debemos reconocer que hay grupos armados en Colombia que siguen suponiendo una seria amenaza contra la población civil.
Así mismo, las situaciones en algunas zonas del «Triángulo Norte» en Centroamérica son comparables con una zona de guerra, con altos índices de criminalidad y violencia organizada, abusos sexuales, secuestros, reclutamiento forzado y con limitaciones o restricciones a la libertad de movimiento. Estas situaciones han obligado a que una gran parte de la población se desplace dentro de sus propios países. Otros buscan asilo o recurren a la migración irregular en otros países. Los desastres naturales también tienen un impacto: Un estudio en diez países de América Central y el Caribe estima que cada año podría haber hasta 300.000 desplazados como consecuencia de desastres naturales, sobre todo en Haití, México y Guatemala.
Es evidente que los gobiernos de varios países pueden y deben hacer más, tanto a nivel nacional como regional. Los países deben identificar las causas de los desplazamientos dentro de sus territorios y poner en práctica respuestas coordinadas con los países vecinos. Cartagena+30 debe desarrollar soluciones comunes para la protección de los migrantes, los refugiados, los apátridas y los menores de edad no acompañados. A través de las numerosas consultas subregionales que ha co-organizado NRC, las organizaciones locales han formulado recomendaciones para fortalecer la acción regional. Ahora retamos a los distintos gobiernos a utilizar las propuestas y los recursos que existen en las organizaciones para establecer mecanismos nacionales y subregionales para el seguimiento de estos compromisos. Esto permitiría a Cartagena+30 redescubrir la solidaridad excepcional de la primera Declaración de Cartagena y responder a los retos actuales.
