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Cerca de 45 mil estudiantes y más de 2 mil trabajadores de las instituciones educativas se vieron obligados a suspender las clases esta semana como consecuencia de la disputa entre grupos armados. “Cuando la educación y los niños se ven afectados por el conflicto asociado con el temor a la violencia, el daño tanto para las sociedades como para las personas es severo y duradero”, dijo Christian Visnes, Director de País del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia (NRC).
En Norte de Santander, en la región del Catatumbo, al menos 80 instituciones educativas suspendieron temporalmente las clases por temor. “Todos los actores armados tienen la obligación de prevenir cualquier ataque en contra de la educación y deben aclarar públicamente que los ataques a las instituciones educativas están prohibidos. Todos los grupos armados deben abstenerse de afectar a estudiantes y docentes en zonas donde el conflicto continúa”, dijo Visnes.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el fuego cruzado en el Catatumbo entre actores armados no estatales ha generado afectaciones directas sobre la población civil: desplazamientos forzados, amenazas, secuestros y restricciones a la movilidad que limitan al acceso a bienes y servicios básicos, como el derecho a la salud y a la educación.
“Todos los grupos armados deben cumplir con las obligaciones del derecho internacional humanitario; las poblaciones en estas regiones necesitan sentirse seguras y los actores armados deben respetar la vida de los civiles. El desescalamiento del conflicto en el Catatumbo no puede esperar un día más”, dijo Christian Visnes.
Las autoridades educativas, locales y nacionales, ya han activado los planes de contingencia en la región. Es necesario garantizar que se ofrezca protección a los educadores, a los estudiantes y sus familias y que, cuando sea posible, puedan regresar a sus instituciones educativas.
El derecho internacional humanitario podría ser aplicado sobre la afectación a la educación si los actores armados afectan directamente a los estudiantes, profesores e infraestructura educativas. “Los gobiernos, los actores humanitarios, los donantes y nosotros tenemos la responsabilidad compartida de garantizar que las escuelas estén seguras y promover acciones para que la educación continúe durante los conflictos armados y el desplazamiento forzado”, dijo el director de NRC en Colombia.
Alentamos, una vez más, al gobierno colombiano a adherir a la Declaración de Escuelas Seguras para garantizar que las escuelas sean protegidas.
Para más información, por favor contactar:
| Bogotá | Marta Elena Forero | martha.forero@nrc.no | +57 312 5306224 |
| Oslo | Media hotline | info@nrc.no | +47 905 62 329 |
Descarga el comunicado original aquí
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