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Declaración pública
Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados (NRC):
Mandatarios elegidos, el pasado domingo en Colombia, deben ser parte de la solución en la atención a las emergencias relacionadas con el conflicto armado en el país.
Desde la firma del acuerdo de paz hasta septiembre de 2023, en promedio, cada dos días se reportó un desplazamiento masivo o confinamiento en Colombia, de acuerdo con la información de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos humanitarios (OCHA).
El número de víctimas de desplazamientos masivos y confinamientos se cuadriplicó en el año 2023 comparando con el 2017, cuando inició la implementación del acuerdo de paz.
A pesar de los recientes esfuerzos para desescalar el conflicto y lograr una paz duradera, todas las víctimas necesitan ser atendidas a tiempo y de manera efectiva.
Es preocupante que presupuestos municipales o departamentales sigan siendo insuficientes para atender la realidad de las emergencias recurrentes causadas por el conflicto armado.
Nuestro nuevo reporte: “más acciones, menos obstáculos”, identifica que víctimas en áreas rurales deben esperar meses o años para recibir una respuesta inmediata o de emergencia. Esta situación no solo es contraria al espíritu y obligaciones descritas en la Ley de Víctimas, sino que carece de solidaridad y humanidad.
Hago un llamado para que todas las nuevas autoridades departamentales y municipales identifiquen y garanticen los recursos humanos y financieros adecuados en sus planes de desarrollo. Solo así lograremos no dejar a ninguna víctima atrás.
La atención en emergencias debe ser priorizada y en el enfoque en la atención a comunidades rurales, alejadas y con emergencias recurrentes es urgente.
En cada uno de estos municipios: Roberto Payán, Tumaco, Buenaventura, Olaya Herrera o Magüí Payán se reportaron desplazamientos masivos cada 60 días desde la firma del acuerdo de paz.
La situación sigue siendo alarmante en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Arauca, Antioquia y Norte de Santander.
En un país con emergencias recurrentes, como consecuencia del conflicto armado, el compromiso con las víctimas y la solidaridad de los nuevos mandatarios será vital.
En el 2024, debe ser posible superar el Estado de Cosas Inconstitucionales, emitido por la Corte Constitucional hace casi 20 años, para garantizar una respuesta efectiva y a tiempo a las víctimas de desplazamientos masivos y confinamientos en el país. La responsabilidad debe ser compartida.
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