Las Naciones Unidas han escogido un momento peligroso para retirar recursos para la aistencia en Colombia. Al hacer esto, se amenaza con desentrañar la frágil paz que el país se ha esforzado tanto en conseguir.

En cinco días la ONU planea eliminar de forma silenciosa el mayor cargo de la ayuda humanitaria en Colombia; el Coordinador Humanitario. Esto marcará el primero de una serie de tranquilos, pero tácticos pasos para acabar con la ayuda financiera para el país. El organismo mundial enfocará su operación multimillonaria en la consolidación de la Paz, enfatizando que la Paz está para quedarse, pero esta visión es seriamente limitada y amenaza con socavar este histórico proceso.

Cuando el proceso de Paz se firmó con las FARC-EP, a finales del año pasado, se marcó un hito que prometió poner fin a más de 50 años de guerra en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, por su participación en la terminación de un conflicto que ha costado la vida a 220.000 personas.

El acuerdo histórico; sin embargo, no ha resultado en una paz inmediata.

Cuando los combatientes de las FARC-EP depusieron las armas, a principios de este año, algunas de las zonas abandonadas por este grupo insurgente se convirtieron en botines codiciados de otros grupos armados que comenzaron a disputarse violentamente. Así mismo, disidentes de las FARC-EP se reagruparon y se mantuvieron activos, especialmente al sureste del país. Estos acontecimientos han traído consecuencias mortales para los civiles.

El conflicto ha obligado a más de 56.000 personas a abandonar sus hogares, solo en la primera mitad del 2017. El número de personas desplazadas por la violencia aumentó 16 por ciento en los primeros siete meses de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto ocurre a pesar de una reducción del 60 por ciento en los enfrentamientos violentos entre grupos armados desde 2012 hasta 2016.

Los desplazamientos forzados, el asesinato de activistas y líderes sociales, y las amenazas y ataques contra civiles están en aumento. Por ejemplo, el reclutamiento forzado aumentó 150 por ciento este año, en comparación con el mismo periodo del 2016.

Mi organización, el Consejo Noruego para Refugiados, ha hablado con familias obligadas a huir de sus hogares. Ellos nos cuentan sobre hermanas e hijos reclutados a la fuerza, de minas plantadas en sus territorios y de grupos armados que les impiden cultivar en sus tierras.

En total, más de 7 millones de personas han sido forzadas a desplazarse dentro de Colombia, la mayor cantidad de personas en todo el mundo, más que en Afganistán, Nigeria y Sudán del Sur juntos, y un número más alto que el número de refugiados Sirios, por un amplio margen. 

¿Es esta la imagen de un país preparado para dar por terminados los programas de ayuda humanitaria?

En su visita a Colombia la semana pasada, el Papa Francisco, admitió que no todo en el país era armonía. El alto jerarca católico pidió al Gobierno Nacional promulgar leyes para poner fin a la "oscuridad" de la injusticia y la desigualdad social, que han alimentado la violencia endémica en la historia del país.

El gobierno colombiano está bajo una inmensa presión política. Debe cumplir con los recientes acuerdos de paz con las FARC-EP. También debe iniciar un proceso similar con la segunda guerrilla más grande de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuando el cese al fuego bilateral entre en vigor el 1 de octubre. Y por encima de estas responsabilidades, debe responder a la situación de inseguridad actual. El apoyo humanitario internacional se necesita ahora más que nunca para garantizar que este delicado proceso no se arruine.

Los colombianos son algunas de las personas más resistentes del mundo. En los 12 años que he trabajado en el país, han demostrado una y otra vez increíble fuerza y recursividad. Merecen el compromiso de la comunidad internacional para asegurar que la paz arduamente lograda se consolide y no se vea comprometida. La ONU debe jugar a largo plazo, en lugar de celebrar la victoria antes de tiempo.

Por Christian Visnes, Director de país, Consejo Noruego para Refugiados. Bogotá, 11 de Septiembre de 2017

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