Siete años después del histórico acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), comunidades enteras en áreas rurales siguen atrapadas en un ciclo interminable de conflicto y confinamientos. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) solicita insistentemente a los grupos armados a que pongan fin a las estrategias de confinamiento, permitiendo a la población recuperar derechos fundamentales y servicios esenciales.
“Imagine la angustia de enfrentarse a amenazas constantes de hombres armados que lo encierran en su casa o en su territorio, soportando este calvario día tras día, año tras año. Las restricciones impuestas a la libertad de movimiento de los civiles violan claramente el Derecho Internacional Humanitario, que todas las partes involucradas en el conflicto en Colombia deben respetar”, dijo Giovanni Rizzo, director de NRC en Colombia.
“Hacemos un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia para que continúe atendiendo el prolongado abandono que sufren numerosas comunidades rurales, a las que se priva injustamente de derechos fundamentales como el acceso a la educación, la libre circulación por sus territorios y el cultivo de sus cosechas. Además, instamos a la comunidad internacional a que refuerce sus esfuerzos para apoyar las crecientes necesidades humanitarias en Colombia”.
A pesar del acuerdo de paz, al menos 58.000 personas que viven en zonas remotas siguen confinadas por actores armados no estatales y grupos criminales. En algunas regiones, el conflicto se ha recrudecido desde el desarme de las FARC, ya que otros grupos armados no estatales se han hecho con el control de zonas estratégicas, recursos naturales y rutas clave para el contrabando de economías ilícitas.
El control sobre las poblaciones se traduce en dominio sobre el territorio y las economías ilícitas. Los actores armados no estatales emplean tácticas como las amenazas, las minas terrestres, los asesinatos, la violencia sexual, la violencia armada y los toques de queda para restringir la movilidad en zonas donde no hay presencia del Estado. Las comunidades indígenas y afrocolombianas son algunas de las más afectadas.
Felipe, un indígena del occidente de Colombia, describe la precaria situación de la zona donde vive: “Nuestra comunidad está rodeada por el conflicto. La gente tiene miedo, no van al monte [a cultivar], no van a cazar, no van al río a pescar. Nos quedamos en casa todos los días, sin salir de la comunidad. Esta no es la paz que esperábamos”.
Mientras que decenas de miles de personas permanecen físicamente confinadas, la alarmante cifra de 537.000 personas no pueden moverse libremente dentro de su zona debido al conflicto armado, y tienen restringido el acceso a servicios esenciales como alimentos, agua, atención sanitaria y educación. Esta situación se ve agravada por la limitada presencia del Gobierno y la insuficiente respuesta humanitaria en las zonas afectadas por el conflicto.
