Una de cada cuatro familias entrevistadas para el informe dijo que sus vidas estarían en riesgo si regresaran a su lugar de origen.
“Es alarmante que tantas personas en toda América Latina enfrentarían riesgos que amenazan su vida si se vieran obligadas a regresar a su lugar de origen”, dijo Stine Paus, directora regional de NRC en América Latina. “Las personas desplazadas, cuyas vidas ya han sido impactadas por la violencia, deben recibir un mejor apoyo de la comunidad internacional en los lugares donde se encuentran. No pueden ser olvidadas en estos tiempos de recortes en los presupuestos de ayuda humanitaria”.
“Es necesario mejorar la protección internacional para quienes lo necesitan. Esto implica proporcionar a las personas desplazadas, cuyas vidas están en riesgo, un lugar seguro donde puedan disfrutar de derechos básicos, vivir libremente y, eventualmente, superar su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, varios países en las Américas siguen limitando el acceso al asilo y deportando a refugiados y migrantes sin evaluar primero si sus vidas están en peligro”, expresó Paus.
Sin la oportunidad de ingresar a un país por una vía formal, los refugiados y migrantes se ven obligados a tomar rutas irregulares en su búsqueda de seguridad y mejores oportunidades. Estas rutas son a menudo extremadamente peligrosas y, en ocasiones, facilitadas por traficantes. La mitad de las familias entrevistadas informaron haber sufrido abusos durante su viaje, siendo la extorsión particularmente prevalente en Perú, Guatemala y México. En este último país, el 40 por ciento de las familias que reportaron abusos mencionaron haber sido secuestradas para ser extorsionadas.
En su búsqueda de un nuevo comienzo, los refugiados y migrantes enfrentan discriminación y xenofobia, lo que complica aún más su intento de encontrar seguridad e integrarse en la sociedad. Esto obliga a algunos a huir nuevamente. Las mujeres y niñas son especialmente vulnerables a la violencia de género durante su desplazamiento.
“Las mujeres y niñas enfrentan la peor parte del abuso, y es crucial que abordemos sus necesidades específicas. Debemos mejorar el acceso a la información y nuestra capacidad de responder a la violencia de género, especialmente para los grupos más vulnerables”, afirmó Yann Cornic, director de operaciones regionales para DRC en América Latina.
El desplazamiento interno sigue siendo un problema urgente en toda la región. Las personas que huyen de sus hogares en busca de lugares más seguros, pero permanecen dentro de sus países, también necesitan protección. En los primeros meses de 2025 la violencia intensificada en la región del Catatumbo, en Colombia, ha provocado el desplazamiento de más de 56,000 personas. Países como Guatemala, México y Ecuador también enfrentan situaciones de desplazamiento interno, pero a menudo carecen de los marcos necesarios para proteger a los afectados.
“Las persistentes tasas de desplazamiento interno resaltan la urgente necesidad de contar con datos completos y legislación adecuada para garantizar la seguridad y el apoyo a las personas desplazadas dentro de sus propias fronteras”, afirmó Cornic.
“Los gobiernos nacionales deben tomar medidas inmediatas para garantizar la protección de las personas desplazadas. Proveer acceso seguro al asilo, proteger a las personas de los peligros de los cuales han huido y asegurar que se respeten sus derechos son pasos esenciales para ayudarles a reconstruir sus vidas. Las agencias de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y los donantes también desempeñan un papel clave”, indicó Paus.
Abordar los desafíos que enfrentan las personas desplazadas en América Latina requiere voluntad política y esfuerzos coordinados y compromiso tanto de los tomadores de decisiones nacionales como internacionales. “Es hora de que nos unamos y hagamos una diferencia. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de las personas desplazadas en América Latina”, exhortó Paus.
