Los socios de ProLAC, una iniciativa regional de monitoreo de protección liderada por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el Consejo Danés para Refugiados (DRC), advierten que el desplazamiento en América Latina ya no es una serie de eventos aislados: constituye una consecuencia extendida y estructural de la violencia prolongada. La falta de marcos legales efectivos para reconocer y proteger a las personas desplazadas internamente deja a miles sin acceso al apoyo y las garantías que necesitan con urgencia.
“En la región, la violencia está obligando a las familias a abandonar sus hogares, comunidades y medios de subsistencia. En su búsqueda de seguridad, sus vidas se ven profundamente alteradas, pero no reciben apoyo y se vuelven cada vez más invisibles”, dijo Stine Paus, directora regional del NRC para América Latina.
“Los gobiernos de la región deben reconocer con urgencia el desplazamiento interno como una crisis humanitaria y de protección. Sin leyes y servicios de protección, las familias seguirán siendo desplazadas una y otra vez, y sus derechos continuarán siendo vulnerados.”
Aunque estas situaciones no constituyen un conflicto armado en el sentido legal estricto, se enmarcan en la definición de “otras situaciones de violencia”, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta distinción jurídica no disminuye la gravedad de sus consecuencias humanitarias.
“La gente huye para salvar sus vidas, pero el desplazamiento no garantiza seguridad. Para la mayoría de las familias desplazadas, volver a sus hogares no es una opción. El 95 por ciento de las familias encuestadas nos dijeron que enfrentarían riesgos si regresaran, y siete de cada diez expresaron temor por sus vidas. No podemos ignorar los peligros extremos que enfrentan estas personas”, afirmó Paus.
En los cuatro países encuestados, casi tres cuartas partes de las personas desplazadas dijeron haberse escondido, la mitad restringió sus movimientos y un tercio perdió sus ingresos. A pesar de esto, dos tercios no han reportado su situación a ninguna autoridad, en muchos casos por la falta de marcos legales adecuados y una desconfianza generalizada en las instituciones.
Cada país encuestado presenta riesgos específicos que deben ser visibilizados. En México, una cuarta parte de los entrevistados —aunque no desplazados— vivía en contextos de violencia generalizada, principalmente vinculada a grupos criminales organizados, y reportó haber sufrido extorsión. De manera alarmante, casi la mitad de las familias que mencionaron extorsión también indicaron haber sido víctimas de secuestro.
En Ecuador, tres de cada diez familias desplazadas encuestadas se vieron obligadas a huir dos veces. Muchas reportaron haber sido extorsionadas, algunas incluso por distintos grupos criminales al mismo tiempo. Esta situación las obligó a desplazarse nuevamente y a perder sus empleos, sus negocios y la posibilidad de sostenerse por sí mismas.
Niñas, niños y adolescentes también enfrentan riesgos graves en Ecuador. El reclutamiento por parte de grupos criminales suele comenzar en escuelas y espacios comunitarios, donde los jóvenes son objeto de intimidación, amenazas e incluso violencia. Estas tácticas coercitivas se minimizan con frecuencia como simples “invitaciones”. Por ejemplo, un informante clave en Ecuador relató: “Incluso los jóvenes en edad escolar son objetivo, como el niño que fue ‘invitado’ a trabajar en minería. No fue forzado, pero el temor a ser involucrado persiste”.
La amenaza de la extorsión también está presente en Honduras. “A veces solo dejan una nota que dice: ‘Tienes tantas horas para irte o tienes que pagarme esta cantidad cada viernes’… Esto ocurre en muchas comunidades. En algunos lugares, la gente huye por miedo y deja todo atrás”, relató una mujer que trabaja brindando apoyo a personas desplazadas en el país.
En Guatemala, la extorsión ejercida por grupos criminales representa una preocupación significativa: cuatro de cada diez personas desplazadas internamente reportaron haber sido afectadas por esta amenaza. En Guatemala y Honduras, dos de cada diez familias señalaron haber sido obligadas a huir en más de una ocasión. Estos desplazamientos repetidos se deben, en gran medida, a la inseguridad persistente y la violencia generalizada, frecuentemente vinculadas a la presencia continua de grupos criminales.
La falta de reconocimiento legal de las personas desplazadas internamente agrava aún más la crisis en todos los países encuestados. En 2022, Honduras promulgó una ley sobre desplazamiento interno, pero aún carece de reglamentación y financiamiento para su implementación. Guatemala ha dado pasos iniciales, y algunos estados en México han adoptado marcos normativos, aunque el país sigue sin una ley nacional. Ecuador, por su parte, no cuenta con ningún marco legal que aborde específicamente los derechos y necesidades de las personas desplazadas internamente.
“El vacío legal tiene consecuencias reales para las personas desplazadas. La falta de reconocimiento oficial del desplazamiento interno limita el acceso a la asistencia humanitaria, la justicia, las reparaciones y las soluciones duraderas”, afirmó Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC.
“Los Estados deben priorizar el establecimiento de marcos legales, garantizar el acceso a los servicios sin importar el estatus documental y proteger a niñas, niños y adolescentes del reclutamiento y la explotación”.
NRC y DRC hacen un llamado al desarrollo de políticas inclusivas, a la participación comunitaria en su implementación y a establecer medidas de protección y reparación específicas para niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como víctimas.
“Estamos trabajando con comunidades desplazadas para documentar riesgos, apoyar el acceso a servicios y abogar por soluciones duraderas. Pero sin voluntad política, estos esfuerzos serán insuficientes”, agregó Cornic.
