“Imagínese que su clase es interrumpida por el sonido de balas impactando las paredes de la escuela y que su profesora le pida que se acueste en el suelo por su seguridad”, dijo Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia. “Situaciones como esta se han producido en al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia, destrozando futuros en todo el país”.
“Las escuelas no deben seguir siendo escenarios de violencia y terror. Es urgente que todos los actores armados, tanto las fuerzas armadas como los grupos armados organizados, respeten inequívocamente las escuelas y sus vías de acceso”.
Los ataques a la educación, documentados por NRC en las zonas donde la organización tiene presencia, pasaron de 107 en los primeros siete meses de 2023 a 125 en el mismo período de 2024. “La mayoría de los ataques a la educación están relacionados con el uso militar u ocupación de escuelas y el uso de minas antipersonales, munición sin explosionar y artefactos explosivos improvisados en las escuelas o en los caminos que conducen a ellas. NRC también recibió información de casos de reclutamiento forzado de niños y niñas en su camino a la escuela.
La situación es particularmente preocupante en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Según los datos de NRC, los ataques a la educación en este departamento se triplicaron en los primeros siete meses de 2024 en comparación con el mismo período del 2023.
La situación de seguridad en el Cauca ha empeorado debido a la violencia continua de los grupos armados y a las estancadas negociaciones de paz con el Gobierno. Además, al menos tres de cada 10 ataques a la educación en el país se reportaron en el departamento del Cauca durante este año.
“En este momento, un helicóptero está disparando cerca del corregimiento de Sinaí. Los enfrentamientos han sido constantes. Suena horrible, las bombas son fuertes. Es terrible. Lo mismo está sucediendo en otras sedes [educativas]”, dijo una profesora describiendo la situación en el municipio de Argelia, en el Cauca.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades educativas a nivel nacional y local, casi nueve de cada 10 incidentes reportados aún requieren atención, especialmente en términos de la seguridad de estudiantes y docentes, primeros auxilios psicológicos, capacitación en educación sobre el riesgo de minas, así como la reparación y mejora de la infraestructura escolar.
“La voluntad de paz de todos los actores armados también debe medirse por la reducción de sus ataques contra la educación”, dijo Rizzo. “Colombia también necesita apoyo internacional. De los 16 millones de dólares solicitados para abordar las necesidades educativas, aún se necesitan
9 millones de dólares para promover la educación de las personas afectados por el conflicto.”
