Este documento recoge las observaciones realizadas por el Consejo Noruego para Refugiados – NRC a través de entrevistas, grupos focales y encuestas en diferentes jornadas de asistencia a migrantes en tránsito y con vocación de permanencia en Ibagué (Tolima).
Introducción
Según Migración Colombia, a 31 de enero de 2021, 1.7 millones personas venezolanas se encontraban en territorio colombiano, 56% de forma irregular. En el departamento de Tolima la cifra es de más de 10 mil personas, de las cuales el 54% se concentra en Ibagué.
Ibagué es una de las ciudades de Colombia que menor estabilidad económica ofrece a sus habitantes. El 22 por ciento de su población se encuentra desempleada, y el 79 por ciento en actividades económicas informales. Las Personas con Necesidades de Protección Internacional (PNPI) con vocación de permanencia que habitan Ibagué se encuentran en este contexto, con grandes dificultades para asegurar sus de medios de vida y un nivel de vida digno. Sin embargo, migrantes provenientes de Venezuela han expresado a NRC que, a pesar de esta situación, prefieren asentarse en esta ciudad dado que no son comunes los casos de discriminación y xenofobia.
En contraste, con
relación a las PNPI en tránsito, NRC ha identificado altos niveles de violencia
xenofóbica en las vías circundantes al municipio y, por tanto, escenarios de riesgos
de protección, y casos de homicidio, hurto, ataques armados, violencia verbal,
amenaza y secuestro. Estos hechos son comunes en la vía hacia Cajamarca, por el
occidente de la ciudad, y se suman a las necesidades inherentes a la
experiencia de migrar caminando, relacionadas con la falta de alimentos, techo
y agua.
Este documento pretende sintetizar las principales necesidades humanitarias que afrontan migrantes con vocación de permanencia en Ibagué, y migrantes en tránsito a su paso por el municipio y las vías lindantes.
Necesidades humanitarias
Protección y acceso a derechos
A pesar de la falta
de información consolidada sobre irregularidad migratoria en Ibagué, NRC,
organizaciones e instituciones han evidenciado que la mayoría de PNPI
provenientes de Venezuela que se encuentran en el municipio tienen estatus
migratorio irregular. Este factor es una barrera general para el acceso a derechos,
principalmente, salud, trabajo, vivienda y educación. En general, familias migrantes
plantean que las instituciones tienen vacíos teóricos frente a las leyes que
los amparan, o ignoran la legislación en acciones de discriminación
institucional.
La falta de acceso al mercado laboral implica bajos ingresos económicos y, en consecuencia, dinámicas de segregación urbana. Varias familias migrantes arriendan viviendas en zonas periféricas, con menor acceso a servicios y mayor impacto de fenómenos de violencia urbana. Por tanto, un alto número de migrantes con vocación de permanencia enfrenta riesgos de seguridad en sus zonas de residencia, y los jóvenes tienen alta exposición al consumo de sustancias psicoactivas y a la vinculación a bandas delincuenciales. Por este motivo, las familias provenientes de Venezuela manifiestan mayor preocupación por el impacto de estas dinámicas en menores de edad.
En materia de
Violencias Basadas en Género (VBG), varias mujeres asentadas en son víctimas
frecuentes de acoso sexual callejero y en ambientes laborales, así como de
insinuaciones y ofertas de trabajos sexuales. La falta de protección
institucional las expone a riesgos de violencia sexual en diferentes entornos.
Así mismo, al momento de llegada a la ciudad, en el que las migrantes se encuentran con mayor vulnerabilidad, algunas mujeres, adolescentes y niñas han recibido ofertas y amenazas para participar en redes de proxenetismo y explotación sexual comercial. Algunas mujeres llegan a la ciudad a través de falsas ofertas de trabajo, y posteriormente son raptadas, despojadas de documentos y explotadas sexualmente. El turismo alrededor de la explotación sexual comercial es frecuente en el departamento del Tolima, en municipios cercanos a Ibagué.
Estas situaciones no
son denunciadas ante las instituciones pertinentes por la falta de conocimiento
de las rutas de atención y denuncia, la falta de confianza en las autoridades,
el temor derivado del estatus migratorio irregular, y el miedo a posibles
represalias.
En materia de integración local, las PNPI con vocación de permanencia resaltan que los medios de comunicación y las figuras públicas de la política juegan un papel clave en la forma en la que su presencia es percibida en la ciudad. A pesar de que los niveles de xenofobia en Ibagué no son altos y no se presentan casos frecuentes de persecución institucional, en ocasiones en que medios locales han publicado información o personajes públicos se han manifestado con énfasis xenofóbico, han incrementado los ataques discriminatorios en las calles y las redes sociales.
Algunas
organizaciones comunitarias realizan actividades y proyectos que pretenden incidir
positivamente en la integración social de PNPI en el municipio. Esto a través
de espacios de encuentro entre migrantes y comunidad de acogida alrededor de
danza, deporte, música, gastronomía, entre otros. De la misma manera,
instituciones municipales tienen iniciativas como programas radiales y eventos
musicales, que también apuntan a la integración social.
Por otro lado, en las
vías circundantes al municipio, NRC ha conocido a PNPI en tránsito que generalmente
no tienen una relación con la cuidad. En la vía a Cajamarca, salida occidental
de Ibagué, son comunes los casos de hurto, violencia verbal y ataques armados
indiscriminados contra migrantes de parte de grupos organizados de personas en
todos los momentos del día. Al mismo tiempo, personas en la vía plantean que se
han presentado casos de secuestros a niños y niñas migrantes, y de PNPI
asesinadas. Ante el temor, es común encontrar a los migrantes armados con
piedras y palos para defenderse de posibles ataques. Las familias que viajan
con niños y niñas se sienten muy inseguras en la vía.
Además de los robos y los ataques, las carreteras que comunican al municipio tiene espacios de bermas nulos o muy reducidos, por lo que las PNPI en tránsito enfrentan riesgos de accidentes de tránsito.
“Le pedimos todos los días a Dios que no nos falte ni el techo ni la comida”
Sumada al alto nivel
de desempleo de Ibagué, la irregularidad migratoria de la mayoría de las PNPI
genera mayores condiciones de vulnerabilidad en materia económica y laboral. En
los hogares, NRC ha identificado una alta dependencia económica en las
familias, es decir que pocas personas de un hogar pueden generar ingresos para
sostener a sus dependientes. Esta situación ocurre aún en familias extensas.
En términos
generales, los migrantes con vocación de permanencia en la ciudad tienen ocupaciones
diferenciadas por sexo. Mientras los hombres se dedican principalmente a
actividades relacionadas con esfuerzo corporal –como descarga en plazas de
mercado, reciclaje y construcción-; las mujeres se desempeñan sobre todo en
servicios generales, comercio y ventas informales en el espacio público. Aunque
no hay restricciones ni persecución institucional para trabajar, tampoco
programas municipales para promover la vinculación laboral o la regularización
migratoria. “No hay persecución, pero es como si no existiéramos”, plantea una
mujer venezolana que habita Ibagué hace dos años.
En los casos en los que las familias hay niños y niñas menores, o personas de la tercera edad o en situaciones de discapacidad, son las mujeres quienes se dedican a las labores domésticas y del cuidado.
“Soy venezolana, no una máquina de trabajo”
Teniendo en cuenta la
acogida positiva de la comunidad ibaguereña a la población migrante, los casos
de discriminación y malos tratos están principalmente ligados a las ofertas,
búsquedas y acciones laborales. Las remuneraciones son muy bajas y sin
prestaciones sociales de ley; éstas llegan incluso a los cinco mil pesos por
día trabajado, y tienen un promedio de 20 – 30.000. Los salarios recibidos son,
por lo general, más bajos que los que reciben personas colombianas por las
mismas funciones. Además, son comunes los casos de retención de salarios, malos
tratos, jornadas laborales extensas (hasta de 18 horas), acoso sexual en el trabajo
y despidos injustificados.
Las PNPI con vocación de permanencia manifiestan que incluso en casos de regularidad migratoria, hay desconocimiento de los derechos laborales, explotación laboral, y no hay acceso a empleo formal.
Alimentación
La cantidad y la
calidad de los alimentos que consumen las familias migrantes asentadas en
Ibagué dependen de su capacidad adquisitiva. Los hogares conocidos por NRC
plantean tener acceso permanente a alimentación, en varios tiempos de comida y con
una dieta diversificada. En familias con vulnerabilidades económicas es frecuente
el uso de alimentos desechados de las plazas de mercado.
Por otra parte, en el
marco de las medidas de aislamiento preventivo decretadas ante la emergencia
por COVID-19, durante 2020 aumentó la ola de migrantes en tránsito que
regresaban caminando a Venezuela o buscaban reunificarse con sus familias en
otras ciudades o países de la región. Este fenómeno se dio como consecuencia de
la incapacidad de conseguir recursos económicos ante los cierres de servicios y
comercios. Las familias fueron desalojadas de sus viviendas o salieron de ellas
por no tener los recursos para pagar los cánones de arrendamiento.
Aun hoy, en las vías
del Tolima, al igual que a nivel nacional, las PNPI en tránsito no tienen
posibilidades de generar ingresos económicos y no tienen medios para satisfacer
sus necesidades básicas de hidratación y alimentación. Las comidas que ingieren
en el día a día provienen principalmente de donaciones espontáneas y de
solicitudes. Éstas no constituyen una dieta balanceada, y se basa
principalmente en harinas y bebidas endulzadas. Su falta de acceso a alimentos
frescos y nutritivos, como frutas, verduras y proteínas, sumado a las largas
jornadas de esfuerzo físico, los expone a riesgos de salud y deshidratación.
Vivienda
NRC ha identificado
que, ante la falta de ingresos económicos, es común que migrantes con vocación
de permanencia en Ibagué vivan en altos niveles de hacinamiento, en
habitaciones o en pequeñas estructuras. Igualmente, se ha identificado que un
gran número de PNPI habitan viviendas sin condiciones óptimas de ventilación e
iluminación, lo que puede generar malos olores y problemas de salud.
La inestabilidad
económica es un obstáculo a la hora de acceder a vivienda, por la insuficiencia
de recursos para arrendar un espacio digno y por la incapacidad de demostrar
solvencia a la hora de tomar un arriendo. Por esto, es común encontrar hogares
conformados por más de un núcleo familiar. Sin embargo, las personas
arrendadoras han empezado a cobrar tarifas de renta según el número de
habitantes. Además, NRC también ha evidenciado carencia de elementos básicos de
hábitat: camas, e implementos de cocina y de aseo.
Durante la emergencia
por COVID-19 un alto número de personas perdieron sus fuentes de ingreso
formales e informales. Esta situación derivó en desalojos o abandono de
viviendas por falta de recursos para pagar el canon de arrendamiento y, por
tanto, en un aumento del flujo de emigración caminando y de los niveles de
hacinamiento en viviendas de familiares y amistades. En adición, se presentaron
casos de habitabilidad de calle, incluso de familias con niños y niñas. Tras el
levantamiento de las medidas restrictivas impuestas por la pandemia, se han
incrementado los obstáculos para arrendar a migrantes, por su incapacidad de
demostrar estabilidad económica a través de contratos laborales e ingresos
periódicos.
Por otro lado,
también se han evidenciado insuficiencia de recursos para el pago de los
servicios públicos, incluso en los estratos bajos. Además, durante el
aislamiento preventivo decretado por COVID-19, aumentó el costo de estos. En
algunos sitios de arriendo de habitaciones o apartamentos, se han presentado
casos en los que cargan a las personas migrantes el pago de los servicios
públicos de toda la unidad de viviendas, dado que los contadores no están
separados.
Respecto a PNPI en
tránsito, en las vías cercanas al municipio, éstas pernoctan en donde llega la
noche. Por lo general, buscan lugares cubiertos -como bajo puentes- o vigilados
-como estaciones de gasolina-. En esta materia, es evidente y preocupante la
falta de ropa y de elementos para protegerse de las temperaturas extremas
durante la noche, lo cual puede generar complicaciones de salud.
Agua, saneamiento e higiene
En Ibagué, los migrantes con vocación de permanencia tienen, en términos generales, acceso a agua. En el municipio, el 96 por ciento de la población cuenta con acueducto, y el 94 por ciento con alcantarillado. Los hogares acceden a suficientes cantidades de agua para cocinar, consumir y usar en acciones de higiene personal y aseo.
En las viviendas, NRC
ha evidenciado una dificultad respecto al bajo número de unidades sanitarias
por persona, derivada de hacinamiento. Además, la ubicación de estas unidades
cerca de las cocinas o áreas de descanso en viviendas muy pequeñas puede
generar riesgos de contraer enfermedades gastrointestinales por contaminación
fecal-oral.
Acerca de los migrantes
en tránsito, en las vías es común que no haya acceso frecuente a agua segura.
Sus principales fuentes acuíferas son arroyos y fuentes naturales, así como
agua regalada por otras personas en envases reutilizables. Aunque las PNPI
manifiestan que al menos una vez al día tienen acceso a agua para consumo, la
cantidad del líquido no es suficiente para todas las necesidades que tienen en
la vía: hidratación, aseo corporal, y aseo de implementos. Tampoco tienen
acceso a unidades sanitarias, las personas en tránsito generalmente utilizan
los alrededores de los caminos de forma incómoda y sin acceso a papel higiénico o agua.
Las mujeres y
adolescentes atraviesan problemas significativos con la menstruación, dado que
no tienen acceso a productos básicos de higiene y salud menstrual por falta de
dinero, ni a agua para asearse. A pesar de la falta de recursos y vestuario, deben
botar sus prendas por falta de implementos para lavarlas adecuadamente.
Igualmente, las familias que viajan con niños y niñas de brazos no tienen
acceso a pañales, por lo que enfrentan problemas de higiene con las heces de
los bebés, ante la carencia de implementos de aseo y agua.
Salud
En cuanto al derecho a la salud, las PNPI han identificado casos frecuentes de barreras institucionales que impiden el acceso de migrantes con vocación de permanencia en situación migratoria irregular en Ibagué. La negación de atención se da incluso en las urgencias médicas. En contraste, también hay casos de personas que han recibido atención inmediata y apoyo médico; sin embargo, aún en estos casos el acceso a la salud de forma integral es muy limitado, y tras la atención no se ofertan exámenes ni medicamentos necesarios de forma gratuita. En este mismo sentido, las PNPI con estatus migratorio irregular en el municipio no tienen acceso a controles y seguimiento médico, siendo las personas con enfermedades crónicas, niños y niñas neonatas, y madres gestantes y lactantes las personas más afectadas. Los
perfiles enunciados
deben buscar atención por consultas privadas y, por falta de recursos económicos,
generalmente no acceden a atención ni medicamentos esenciales para su vida.
Quienes han realizado
el proceso para conseguir los salvoconductos plantean que el proceso es
demorado en la respuesta. No obstante, instituciones municipales les brindan
orientación y acompañamiento en el procedimiento de expedición. A su vez, una
vez culminado el proceso las instituciones de salud cumplen con brindarles
acceso a salud sin discriminación. Por su parte, algunas organizaciones
comunitarias de migrantes brindan asesorías médicas básicas para personas con
barreras de acceso.
Por otro lado, los
migrantes en tránsito en promedio caminan 14 horas diarias, desde temprano en
la mañana hasta la noche, y con escasas y cortas pausas de descanso. Las largas
jornadas y la falta de ropa y de implementos para enfrentar temperaturas
extremas generan problemas de salud comunes: quemaduras y erupciones cutáneas,
dolores de cabeza y musculares, ampollas en la piel, fiebre y resfriado.
Además, niños y niñas enfrentan alto riesgo de padecer enfermedades
gastrointestinales o desnutrición por acceso a agua no segura y falta de
alimentación adecuada. Las familias plantean que son comunes los casos en los
que niños y niñas mueren pasando el Páramo del Alto de la Línea por la falta de
energía, alimentos e implementos para enfrentar el frío.
Educación
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) provenientes de Venezuela y asentados en Ibagué se encuentran habitualmente matriculados en las instituciones públicas del municipio. Según el Ministerio de Educación, 1.788 niños y niñas de nacionalidad venezolana se encuentran matriculados, 97% de ellos en instituciones de educación oficial. En términos generales, PNPI manifiestan que hay un buen trato de parte de docentes y estudiantes, y un buen ambiente dentro de las escuelas.
Aunque la mayoría de familias no han tenido inconvenientes con la matrícula y el acceso, sí se han presentado casos de discriminación institucional y falta de conocimiento de la normatividad en las instituciones encargadas, así como casos de negación del acceso a la educación a NNA con situación migratoria irregular. Estos casos de discriminación se han presentado también contra colombianos retornados, a quienes se les han impuesto barreras para acceder al sistema educativo. Las familias plantean que los exámenes de clasificación para elegir el curso son largos y con pocos tiempos de respuesta y preparación. Además, madres y padres de familia resaltan la frustración en adolescentes y jóvenes que, al terminar su ciclo escolar, no pueden recibir su diploma ni continuar en otros niveles de educación por su condición migratoria irregular. Durante la pandemia, se han suspendido las clases presenciales, y las clases virtuales son una dificultad para NNA debido a que en sus hogares no cuentan con dispositivos móviles suficientes ni apropiados para asistir a éstas. Las familias afirman que en las escuelas no permiten los préstamos de tabletas a NNA provenientes de Venezuela en condición migratoria irregular. Esta dificultad de acceso incrementa los riesgos de deserción escolar.
Adicionalmente, la
mayoría de familias no tienen recursos para pagar las guías semanales impresas
que entregan las instituciones educativas del casco urbano. En las zonas
rurales del municipio, las escuelas entregan una carpeta con las guías
semanales gratis, lo cual facilita el acceso al material pedagógico.
NNA que han sido
incluidos en el sistema escolar también tienen acceso al Programa de
Alimentación Escolar (PAE), sin embargo, se han presentado eventos de discriminación
en las entregas que se han realizado durante el cierre de las escuelas, y se ha
negado el acceso de familias venezolanas a este servicio.
En otros niveles de
educación se presentan frecuentes obstáculos institucionales para el acceso.
Para niños y niñas menores de 5 años en situación migratoria irregular no se
prestan los servicios de guardería y educación prescolar gubernamentales. De la
misma manera, en relación con la educación superior, las PNPI manifiestan que
se han presentado casos de personas admitidas en el proceso de selección del
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras instituciones de educación
superior, a quienes se les niega el ingreso por su nacionalidad. Asimismo, las
PNPI afirman que enfrentan barreras institucionales para la homologación de
títulos profesionales, relacionados con costos elevados y la necesidad de hacer
estudios adicionales, sin acompañamiento institucional.
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