Las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo en 2024

Pronosticamos otro año difícil para Camerún en 2024. Lo que no pudimos anticipar fue cuán profundamente se agravaría la crisis. De hecho, Camerún encabeza la lista de crisis desatendidas de este año.

Tres crisis distintas y prolongadas han afectado a Camerún durante más de una década: el prolongado conflicto con grupos armados en la cuenca del lago Chad, la violencia en las regiones Noroeste y Suroeste y la continua inestabilidad que se extiende desde la República Centroafricana. 

Para 2024, unas 3,4 millones de personas necesitaban urgentemente asistencia y protección. Más de 1,1 millones estaban desplazadas internamente, mientras que cerca de medio millón de refugiados y solicitantes de asilo que buscaban seguridad en el país seguían atrapados en un limbo. Alrededor del 70 por ciento de las personas desplazadas vivían fuera de campamentos formales, a menudo en tierras marginales sin tenencia ni protección legal. 

Las tensiones por los recursos limitados, la falta de documentación civil esencial y el acceso restringido a los servicios empujaron a las personas a una situación aún más precaria. Para muchas, no había forma de ganarse la vida ni de enviar a sus hijos a la escuela, dejando a 1,4 millones de niñas y niños en necesidad urgente de apoyo educativo. 

El hambre se disparó. Al menos 2,8 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria aguda, impulsada por el conflicto continuo y los impactos del cambio climático. Las inundaciones y sequías, junto con la peor temporada de lluvias registrada en la región del Extremo Norte desde 1990, provocaron la destrucción de viviendas, cultivos e infraestructura. Sin embargo, la financiación humanitaria cubrió menos de la mitad de las necesidades de respuesta. Solo se cubrió el 32 por ciento de los fondos necesarios para la asistencia en protección, dejando a las mujeres y comunidades desplazadas especialmente vulnerables a violaciones de derechos humanos. 

La crisis de Camerún es un ejemplo claro del abandono global: poco reportada y con escasa financiación. Sin señales de un renovado interés, apoyo o compromiso político, las perspectivas para 2025 son aún más sombrías. 

A medida que el conflicto se intensificaba, aumentaban los desplazamientos y se extendía la inseguridad alimentaria, la creciente crisis humanitaria de Etiopía continuó agravándose en 2024. Para finales del año, más de 2,3 millones de personas habían sido desplazadas dentro del país, enfrentando condiciones cada vez más desesperadas. 

La violencia en las regiones de Amhara y Oromía no mostraba señales de disminuir, mientras que las secuelas de la guerra en Tigray seguían resonando en el norte. Una combinación letal de enfrentamientos intercomunitarios y disputas por límites administrativos dio lugar a múltiples crisis que se desarrollaban simultáneamente y se reforzaban entre sí en un círculo peligroso. 

Desde Tigray hasta Oromía, el mapa de necesidades se extiende por casi todo el país. Pero llegar a quienes necesitan ayuda se ha vuelto un desafío creciente. Muchas personas están atrapadas en zonas remotas e inseguras donde el acceso humanitario es limitado. 

Mientras tanto, la implacable sequía de Etiopía arrasó con medios de vida ya frágiles y agravó la escasez de alimentos. Las intensas lluvias e inundaciones de julio de 2024 provocaron sucesivos deslizamientos de tierra en regiones montañosas y remotas del sur del país, causando importantes pérdidas humanas y una devastación generalizada. 

El conflicto y los impactos climáticos dejaron a más de 10 millones de personas necesitadas de asistencia alimentaria en todo el país, con un millón enfrentando inseguridad alimentaria severa. 

A pesar de la magnitud y gravedad de las necesidades, las operaciones humanitarias seguían estando gravemente desfinanciadas, dejando a millones de personas sin suficiente comida, atención médica ni un lugar seguro donde dormir. A inicios de 2025, la actividad sísmica desplazó a miles de personas más, agravando una situación ya crítica. Hasta ahora, hay pocas señales de que la respuesta vaya a mejorar. 

En 2024, Mozambique se encontró enfrentando una tormenta perfecta de conflicto armado, agitación política y desastres provocados por el clima. Estos impactos superpuestos generaron una emergencia humanitaria volátil y profundamente compleja, convirtiendo por primera vez a Mozambique en una de las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo. 

La violencia armada en la provincia norteña de Cabo Delgado continuó desarraigando comunidades, mientras que las tensiones estallaron en todo el país tras las disputadas elecciones presidenciales de octubre. Apenas unas semanas después, el ciclón tropical Chido azotó el país, causando estragos en infraestructuras ya frágiles y empujando aún más a la población hacia una crisis profunda. Para finales del año, casi 600.000 personas habían sido desplazadas por una combinación de violencia y desastre. El acceso a los alimentos era una preocupación importante, y 2,8 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria aguda entre abril y septiembre. 

A pesar de estas crecientes necesidades, la respuesta humanitaria tuvo dificultades para consolidarse. La financiación fue drásticamente insuficiente: el Plan de Respuesta Humanitaria 2024 solo recibió un 41 % de los fondos necesarios, su nivel más bajo hasta la fecha. La asistencia alimentaria fue especialmente afectada, cubriendo apenas el 13 % de las necesidades en Cabo Delgado. 

Las primeras cifras para 2025 indican otro año de necesidades no satisfechas. La financiación asegurada hasta ahora ha sido extremadamente limitada, lo que señala una tendencia preocupante y podría agravar aún más la crisis. 

La crisis de Mozambique se ha desarrollado en gran medida fuera del foco de atención. La escasa cobertura mediática, agravada por la competencia con otras crisis globales, ha desviado la atención y los recursos. Mientras el mundo mira hacia otros lados, la crisis multifacética de Mozambique se vuelve cada vez más invisible, y cada vez más peligrosa. 

Tras cinco años de hostilidades, Burkina Faso inició 2024 sumido en una crisis humanitaria cada vez más profunda. La inseguridad persistente provocó un desplazamiento interno masivo y el colapso de los medios de vida. 

La crisis incrementó la carga sobre las comunidades locales de acogida, que compartieron sus ya limitados recursos con las poblaciones desplazadas. Esta generosidad reflejó una notable solidaridad, pero también aumentó la presión sobre sistemas ya frágiles. Muchas zonas del país seguían siendo inaccesibles para las organizaciones humanitarias, dejando a comunidades vulnerables con acceso limitado o nulo a necesidades básicas. 

El movimiento estaba drásticamente restringido debido a la inseguridad, lo que aisló a más de un millón de personas en numerosas localidades del país. La inseguridad alimentaria severa, impulsada por la escasez y el descenso en los rendimientos agrícolas, afectó a unas 1,7 millones de personas, provocando altos niveles de desnutrición, especialmente en niños. El aumento de la violencia provocó casi 2.000 muertes de civiles entre enero y septiembre. 

Los trabajadores humanitarios tampoco se salvaron: en 2024, cuatro murieron y otros cuatro resultaron heridos en ataques, sumando un total de casi 400 incidentes desde 2019. El aumento de la inseguridad, las limitaciones de financiación y otras barreras obstaculizaron aún más la respuesta humanitaria. 

Los sistemas de educación y salud enfrentaron crecientes desafíos. Una de cada cinco escuelas permanecía cerrada debido a la inseguridad y a los ataques dirigidos contra la educación. Al mismo tiempo, 424 centros de salud cerraron, dejando a cuatro millones de personas sin acceso a atención médica, un aumento diez veces mayor respecto a 2023. 

Aunque la financiación mejoró ligeramente respecto a 2023, en 2024 se cubrió menos de la mitad de la respuesta necesaria, dejando necesidades urgentes sin atender. De cara a 2025, se prevé que casi 6 millones de personas necesiten asistencia humanitaria, incluidas más de 2 millones que siguen desplazadas. 

En 2024, casi 7,1 millones de personas en Mali necesitaron ayuda humanitaria urgente y protección. Las condiciones eran especialmente críticas en las regiones septentrional y central y, sin embargo, la crisis de Malí sigue estando muy desatendida por la comunidad internacional. 

La intensificación de las actividades militares, especialmente los ataques con drones, ha obstaculizado gravemente la capacidad de los trabajadores humanitarios para llegar a las personas necesitadas, retrasando las entregas de ayuda y obligando a muchas organizaciones a limitar sus operaciones a zonas más seguras. 

Malí no se libró de los efectos devastadores del cambio climático. En octubre de 2024, el país sufrió graves inundaciones que afectaron a casi 450.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Al mismo tiempo, el conflicto en curso en la vecina Burkina Faso provocó la llegada de numerosos refugiados. Para finales de año, más de 90.000 burkineses habían cruzado la frontera hacia Mali. Tanto las comunidades locales como las desplazadas se vieron desbordadas ante la presión adicional, y los ya escasos recursos se vieron aún más comprometidos. 

La movilización de fondos para ayuda humanitaria en el país fue limitada, debido en parte a las tensas relaciones entre las autoridades militares y varias naciones donantes. Como resultado, solo se financió el 39% del Plan de Respuesta Humanitaria 2024. Unos 2,1 millones de personas recibieron ayuda, apenas la mitad de la población objetivo del plan. La cobertura de la crisis por parte de los medios de comunicación se ha centrado principalmente en el conflicto armado, y la atención internacional se ha enfocado poco en la emergencia humanitaria. 

De cara a 2025, los recortes de financiación, el deterioro climático, la intensificación de los enfrentamientos y una economía en dificultades podrían empeorar significativamente la situación, y los esfuerzos de ayuda se enfrentarían a retos aún mayores. 

Uganda, el mayor país de acogida de refugiados de África, actuó como válvula de presión de la región en 2024, absorbiendo las consecuencias de múltiples crisis de desplazamiento en países vecinos. A pesar de su política progresista de refugiados – que ofrece a los refugiados libertad de movimiento, derecho al trabajo y acceso a los servicios –, la magnitud del desplazamiento y la crónica escasez de fondos ejercieron una inmensa presión tanto sobre los refugiados como sobre las comunidades de acogida. A medida que aumentaba esta presión, la propia válvula mostraba signos de debilitamiento bajo el peso de la desatención prolongada. 

En 2024, Uganda recibió nuevas personas refugiadas procedentes de República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán y otros países, elevando su población refugiada a 1,8 millones. La mayoría vivía en asentamientos y algunos en centros urbanos. Cerca de 800.000 personas enfrentaron inseguridad alimentaria aguda, ya que la ayuda alimentaria se redujo a sólo 3 dólares estadounidenses por persona al mes, una cifra que se espera siga disminuyendo hasta los 2 dólares estadounidenses en 2025. Con proyecciones que estiman que el número de refugiados superará los 2 millones a finales de 2025, la situación se acerca rápidamente a un punto de quiebre. 

Los centros de acogida se hundieron bajo la presión de las nuevas llegadas, operando a más del 500% de su capacidad prevista. Solo en el asentamiento de Kiryandongo hubo más de 8.000 nuevas llegadas en 2024. En algunos puestos fronterizos, las tasas de desnutrición entre niños menores de cinco años se dispararon, alcanzando entre el 18% y el 22%. Los recortes en la ayuda también desencadenaron un aumento en las estrategias negativas de supervivencia y en las tensiones entre los refugiados y las comunidades de acogida. A pesar de la creciente gravedad de la crisis, el plan de respuesta para los refugiados solo estaba financiado en un 46%, situándolo entre las operaciones de ACNUR con menos financiación a nivel mundial, una tendencia que probablemente persistirá este año. Con escasa visibilidad mediática, fatiga de los donantes y una atención internacional menguante, el modelo ejemplar de Uganda en materia de acogida de refugiados se encuentra cada vez más amenazado. Sin un renovado compromiso internacional, la coexistencia pacífica entre las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida puede volverse insostenible en 2025 y en los años venideros. 

En 2024, los refugiados afganos en Irán enfrentaron un marcado deterioro de su ya frágil situación. Las crecientes presiones económicas, las sanciones internacionales y la decisión del gobierno de deportar a dos millones de afganos agravaron su vulnerabilidad. 

Aunque la detención y deportación de personas afganas indocumentadas había sido una práctica constante, las nuevas restricciones impuestas por gobierno sobre el acceso a servicios públicos esenciales – como la educación – marcaron un cambio drástico en las políticas, dejando a millones de refugiados aún más expuestos en riesgo. 

Irán ha acogido a afganos desplazados durante más de cuatro décadas y actualmente alberga a 3,8 millones de refugiados registrados. Sin embargo, se estima que la población afgana total en el país asciende a unos seis millones, incluidos a quienes carecen de estatus legal. A pesar de las amplias sanciones y del limitado apoyo internacional, Irán alberga hoy a la mayor población de refugiados del mundo. 

En 2024, el plan de respuesta para apoyar a los refugiados en Irán recibió apenas el 25% de la financiación necesaria. La atención política y mediática continúo centrada en gran medida en el papel geopolítico de Irán, eclipsando las urgentes necesidades humanitarias de los refugiados afganos y la falta de soluciones sostenibles para quienes regresan a Afganistán. 

Las autoridades iraníes pusieron en marcha un plan de deportación dirigido a los dos millones de refugiados indocumentados, al tiempo que detuvieron la renovación de documentos legal temporales clave que anteriormente protegían a estas personas de detenciones y les permitía acceder a servicios esenciales. En un contexto de inflación creciente y acceso limitado a recursos, los refugiados afganos en Irán se enfrentan ahora a una inestabilidad mayor, agravada por el temor constante a ser deportados. Según informes, para septiembre de 2025, se espera que un número significativo de afganos que han perdido recientemente su estatus legal sea deportado por las autoridades. Dadas las difíciles condiciones que persisten en Afganistán, muchos se ven atrapados en un ciclo de retorno forzoso y reentrada irregular, ya sea intentando regresar a Irán o quedándose atrapados en desplazamientos repetidos a través de la frontera. 

Aunque la República Democrática del Congo descendió del tercer al octavo puesto en la lista de crisis desatendidas de este año, este cambio en la clasificación no refleja ningún avance real. La situación humanitaria siguió empeorando en 2024, impulsada por una violencia incesante y el aumento de las emergencias sanitarias. 

En las provincias de Kivu del Norte, Ituri y Kivu del Sur, el conflicto armado se intensificó en 2024, con combates que afectaron directamente tanto a los campos de desplazados como a zonas periféricas urbanas. 

A mediados de año, el número de desplazados internos había superado la cifra récord de siete millones. En los alrededores de la ciudad de Goma, así como en Minova, provincia de Kivu del Sur, miles de familias huyeron de la violencia renovada solo para encontrarse viviendo en condiciones de hacinamiento e inseguridad, sin acceso a agua potable, atención sanitaria ni educación para sus hijos. Sólo en Kivu del Sur, casi 1,5 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares. La exposición a la violencia sexual fue generalizada, y los mecanismos perjudiciales de supervivencia – incluido el sexo de supervivencia – se volvieron angustiosamente comunes. 

La situación se agravó aún más en el segundo trimestre de 2024 con un brote de mpox, que afectó sobre todo a las poblaciones desplazadas. A pesar del aumento de las necesidades, la ayuda humanitaria se quedó rezagada, con sólo el 52% de la financiación requerida asegurada. 

Las perspectivas para 2025 ya son sombrías. Se prevé que la intensificación del conflicto y los dramáticos desplazamientos, que desarraigaron a cientos de miles de personas, provoquen un fuerte aumento de las necesidades humanitarias. Al mismo tiempo, los recortes generalizados en la financiación auguran un año complejo por delante, corriendo el riesgo de encontrarse con la continua indiferencia de la comunidad internacional. 

Las hondureñas y hondureños no pueden permitirse ignorar el impacto diario de la violencia, los desastres y los desplazamientos forzados, pero el mundo sí lo ha hecho. En 2024, su crisis seguía desatendida, desfinanciada y peligrosamente sin resolver.

De los 2,8 millones de personas que necesitaban ayuda humanitaria, sólo el 36,2% recibió asistencia. La violencia, los desplazamientos y los desastres climáticos continuaron obligando a las personas a huir de sus hogares. Unos 245 mil hondureños tenían en curso un proceso de solicitud de asilo durante 2024, mientras que al menos 100.000 estaban desplazados dentro del país debido a la violencia. Es probable que se trate de una subestimación que oculta la verdadera magnitud de la crisis.

La arraigada presencia y control de maras y pandillas y otros grupos delictivos siguieron obligando a la gente a huir y restringiendo el acceso a la ayuda humanitaria.

Muchos miles de hondureños huyeron hacia el norte en busca de seguridad y una vida mejor, la mayoría sin otra opción que hacerlo por sus propios medios. Los programas de reasentamiento ofrecieron esperanza a un número limitado: entre 2019 y 2024, alrededor de 7 mil personas encontraron una nueva vida a través de esta vía, en su mayoría en Estados Unidos. Sin embargo, en contraste con estas oportunidades, más de 23 mil hondureños fueron devueltos a la fuerza durante 2024, principalmente desde Estados Unidos y México.

Casi 375 mil refugiados y migrantes de otros lugares transitaron por el país en sus propios viajes hacia el norte. La mayoría eran de Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador y Colombia, pero otros procedían de países tan lejanos como China, India y Jordania.

Honduras siguió siendo vulnerable a los desastres naturales en 2024. En noviembre, la tormenta tropical Sara desencadenó inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos en casi un tercio del país, afectando a más de 250 mil personas.

A medida que disminuye el espacio humanitario, se reduce la financiación y se cierra el acceso a las vías de asilo y reasentamiento, los riesgos a los que se enfrenta la población hondureña se multiplicarán en el próximo año, al tiempo que se reducen las opciones de un futuro más seguro.

En 2024 Somalia continuó enfrentándose a una crisis humanitaria devastadora y multifacética, impulsada por la combinación de los efectos de una sequía prolongada, un conflicto enquistado y la inestabilidad económica. Estas presiones superpuestas alimentaron un desplazamiento generalizado y agravaron la inseguridad alimentaria, empujando a millones de personas aún más en la vulnerabilidad. 

A finales de año, 3,5 millones de personas habían sido desplazadas internamente. Muchas se vieron obligadas a huir debido a la violencia, la falta de lluvias o la pérdida de sus medios de vida. Más de 154.000 personas fueron desalojadas por la fuerza, y a menudo acabaron en asentamientos informales superpoblados sin acceso fiable a agua potable, asistencia sanitaria ni hospedaje adecuado. La magnitud de las necesidades era asombrosa y, sin embargo, Somalia permaneció en gran medida olvidada en la escena mundial. La escasa cobertura de los medios de comunicación, el cansancio de los donantes y la existencia de crisis internacionales concurrentes llevaron a unos niveles de financiación peligrosamente bajos y limitaron las operaciones humanitarias. 

Somalia también acogió a más de 43.000 refugiados y solicitantes de asilo, principalmente de la vecina Etiopía y de Yemen. La mayoría residía en zonas urbanas con acceso limitado o inexistente a servicios esenciales, y sus necesidades quedaron en gran medida desatendidas. El impacto de esta desatención fue especialmente evidente en el ámbito de la alimentación y la nutrición:  más de 4,4 millones de personas se enfrentaban inseguridad alimentaria. La malnutrición fue especialmente aguda en las zonas rurales, donde las repetidas malas cosechas diezmaron los cultivos, provocando un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. Los niños fueron los más afectados y es probable que esta situación empeore en 2025. Se calcula que unos 1,7 millones de niños menores de cinco años padecerán malnutrición aguda, de los cuales casi medio millón sufrirá la forma más grave, y potencialmente mortal.  

Se anticipa que el fenómeno meteorológico de La Niña, previsto para 2025, vuelva a sumir a amplias zonas del país en una grave sequía, agravando las vulnerabilidades existentes y desencadenando nuevas oleadas de desplazamientos. Con el aumento del hambre, el deterioro de la nutrición y unos servicios básicos sobrecargados, la crisis de Somalia corre el riesgo de agravarse aún más. 

Aunque cada una de las diez crisis descritas en este informe debe recibir apoyo y atención específicos, podemos extraer varias conclusiones generales de todas ellas:  

• El mundo está siendo testigo de niveles récord de desplazamiento, con un aumento sostenido del número de desplazados internos en 2024. Los conflictos, las crisis climáticas y la turbulencia política y económica están provocando que más personas que nunca se vean obligadas a huir de sus hogares. 

• Casi todas las crisis prolongadas son también crisis desatendidas. Desde conflictos en curso hasta desastres medioambientales, las crisis en todo el mundo se enfrentan a presupuestos cada vez más reducidos, a una cobertura limitada por parte de los medios de comunicación y a una voluntad política que se desvanece. La combinación de estos factores no solo intensifica las necesidades humanitarias, sino que prolonga las crisis año tras año. 

• Las crisis ya no se limitan a las fronteras. Muchas de las crisis aquí descritas están interconectadas: la inestabilidad en un país provoca desplazamientos, hambre e inseguridad en las naciones vecinas. Con los recursos al límite y una financiación cada vez menor, aumentan las tensiones entre las personas refugiadas y las comunidades de acogida. 

• En muchos casos, los países que asumen la mayor parte de la responsabilidad de acoger a las personas desplazadas son los que menos apoyo reciben a cambio. Estas naciones, que a menudo enfrentan sus propios retos, se ven obligadas a responder a necesidades crecientes, mientras la comunidad internacional sigue desentendiéndose. 

• Las catástrofes climáticas están obligando a la gente a huir y agravando el hambre en casi todos los países mencionados en este informe. Fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y malas cosechas están destruyendo los medios de vida y desplazando a millones de personas. Combinada con la inflación y las crisis económicas, la inseguridad alimentaria ha alcanzado niveles alarmantes. 

• Los déficits de financiación se están convirtiendo en la norma. En el cambiante contexto actual, un plan de respuesta que alcanza apenas el 50% de su objetivo ya se considera bien financiado. Para los países incluidos en esta lista, incluso ese mínimo resulta inalcanzable. La mayoría de sus planes de respuesta apenas superaron el 40% de financiación o menos en 2024. Esta brecha no hará sino aumentar con los recortes de la financiación mundial, dejando a millones de personas aún más vulnerables. 

• Las personas se ven privadas de ayuda y servicios esenciales en muchos de los contextos mencionados en este informe, ya sea por la inseguridad, los obstáculos burocráticos o el creciente desinterés de las partes en conflicto por respetar los principios humanitarios. 

• El silencio mediático se ve reforzado por las restricciones a la libertad de prensa y por las barreras que impiden a los periodistas llegar a las zonas donde más se necesita la atención del mundo. 

• La paz sigue siendo la única solución real en contextos marcados por el conflicto y los desplazamientos recurrentes. Pero sin una verdadera voluntad política -a nivel nacional, regional e internacional- para llevar a cabo procesos de paz inclusivos, la situación no hará más que empeorar. La diplomacia humanitaria debe revitalizarse para cambiar el rumbo. 

Recomendaciones a los gobiernos donantes: 

• Asignar la financiación humanitaria en función de las necesidades de las personas afectadas y los planes de respuesta colectivos, y no en función de intereses geopolíticos ni en el nivel de atención mediática que reciba una determinada crisis. Estas asignaciones no deberían pasar por alto crisis de desplazamiento prolongado ni los contextos de acogida de refugiados, donde las necesidades humanitarias son graves. 

• Aumentar los presupuestos humanitarios y de desarrollo para crisis prolongadas y para contextos desatendidos e infrafinanciados, donde las necesidades son graves. Este esfuerzo debe alinearse con el objetivo existente de gastar el 0,7% de la renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Al mismo tiempo, se debe asegurar que los costes asociados a la atención de personas refugiadas dentro de un país no se contabilicen como parte de la AOD, sino que sea con cargo a otra línea presupuestaria. 

• Dado que casi todas las crisis prolongadas son también crisis desatendidas, los gobiernos donantes deben identificar enfoques alternativos para financiar y responder a las crisis prolongadas que contribuyan a encontrar soluciones a las causas estructurales de las crisis. 

• Garantizar la máxima flexibilidad de los acuerdos de financiación, tanto existentescomo nuevos, para permitir la continuidad del apoyo a las crisis y los sectores afectados por la reducción de la financiación humanitaria por parte de los Estados Unidos. 

• Aumentar la financiación de calidad en el sistema humanitario -entre otras cosas, mediante asignaciones plurianuales oportunas, flexibles-, además de la financiación directa a los equipos de respuesta locales y de primera línea. Esto garantiza que las respuestas en contextos desatendidos puedan adaptarse rápidamente a las necesidades nuevas y emergentes. 

• Comprometerse con un grupo más amplio de partes interesadas, incluyendo donantes no tradicionales y nuevos, bancos de desarrollo y actores del sector privado, para atraer financiación adicional para apoyar a las personas necesitadas. 

• Influir en los actores de la financiación del desarrollo, incluidas las instituciones financieras internacionales y los actores de la financiación climática, para que inviertan en contextos afectados por el desplazamiento. La complementariedad entre la financiación humanitaria, de desarrollo, paz y para el clima es esencial para satisfacer las necesidades de las personas afectadas por el desplazamiento, encarar los retos recurrentes y ayudar a abordar las causas estructurales del desplazamiento. 

• Utilizar la influencia diplomática para abordar el acceso y otras limitaciones operativas. 

• Apoyar e iniciar iniciativas de diplomacia humanitaria que lleven a las partes en conflicto a la mesa de negociación. 

• En contextos en los que se han producido cambios inconstitucionales de gobierno, buscar formas de mantener la financiación del desarrollo en lugar de suspenderla. Los donantes pueden basarse en las buenas prácticas ya documentadas para identificar formas de seguir respondiendo a las necesidades de las personas en zonas o países gobernados por autoridades de facto. 

• Ser proactivos para visibilizar las crisis de desplazamiento desatendidas. Junto con otras partes interesadas, organizar actos de compromiso de alto nivel, designar enviados especiales y promover iniciativas para alcanzar objetivos humanitarios por medios diplomáticos. 

• En contextos nacionales en los que se requieren argumentos y evidencia para fomentar el compromiso con los parlamentos y sensibilizar la opinión pública, es fundamental utilizar el análisis basado en evidencias de las organizaciones ejecutoras, que reflejan el impacto, las necesidades y las soluciones en contextos de crisis desatendidas. 

• Mantener los compromisos asumidos en el Foro Mundial sobre Refugiados y en relación con el Pacto Mundial sobre Refugiados es esencial para seguir compartiendo responsabilidades. La protección de los refugiados es una responsabilidad internacional y no únicamente de determinados Estados de acogida. Todos los países que acogen a personas refugiadas deben defender sus derechos y su protección, incluido, entre otros, el derecho a la autosuficiencia, con el apoyo adecuado y sostenido de los donantes internacionales. 

Recomendaciones a los Estados miembros de la ONU: 

• Garantizar que las crisis desatendidas y prolongadas reciban la atención adecuada por parte del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) y de los foros multilaterales y organismos pertinentes. Esto incluye la realización de reuniones geográficas específicas, reuniones regionales y temáticas, y presentando votaciones y resoluciones cuando proceda. 

• Utilizar el mandato del CSNU en toda su extensión para instar y garantizar que todas las partes en conflicto respeten el derecho internacional humanitario, especialmente en contextos en los que existen limitaciones de acceso humanitario, se pasan por alto las normas de guerra y se producen cada vez más violaciones de la protección de civiles. Cuando se detecten violaciones, apoyar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas. 

• Dar prioridad a un compromiso diplomático eficaz y a la mediación con todas las partes en conflicto para garantizar un acceso humanitario sin restricciones y la protección de las poblaciones vulnerables, especialmente en contextos políticamente delicados en los que los procesos existentes pueden no ser eficaces. 

• Negociar en nombre de la población vulnerable para superar los crecientes impedimentos burocráticos y administrativos impuestos por las autoridades. 

• Ayudar a las organizaciones humanitarias a garantizar un acceso seguro y sin obstáculos a las zonas de difícil acceso. Garantizar que las medidas antiterroristas y sanciones no impidan, de forma involuntaria, que las organizaciones humanitarias que trabajan en entornos operativos difíciles lleguen de manera rápida y segura a los más necesitados. 

• Fomentar el compromiso político de alto nivel, tanto a nivel nacional como regional, en apoyo de soluciones políticas inclusivas. Solo la resolución de los conflictos y el fin de la violencia permitirá alcanzar una estabilidad duraradera en contextos de crisis de desplazamiento complejas y prolongadas. 

• Comprometerse a aumentar las cuotas de reasentamiento de refugiados y garantizar rutas seguras y legales para todos aquellos que huyen de todas las crisis – no sólo las que aparecen en los titulares.  

Recomendaciones a la comunidad humanitaria en los países afectados: 

• Reforzar el liderazgo humanitario en los países atrapados en ciclos prolongados de desatención, a través de perfiles humanitarios de alto nivel con mandatos para comprometerse en nombre de la comunidad humanitaria y plantear cuestiones al más alto nivel con las partes interesadas nacionales, regionales e internacionales. 

• Identificar posibles mecanismos alternativos para planificar y responder a las crisis de desplazamiento prolongado. 

• A medida que la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU se reduce en algunos países, garantizar que los esfuerzos de coordinación restantes optimicen el uso de los recursos disponibles y el valor añadido de cada actor en la respuesta, incluidas las agencias de la ONU, las ONGI y los actores locales. 

• Racionalizar los esfuerzos para generear análisis colectivos basados en evidencia que orienten a los donantes en la asignación anual de ayuda humanitaria, en función de la gravedad de las necesidades identificadas. 

• Incrementar los esfuerzos de incidencia ante nuevas partes interesadas con el fin de ampliar la base de donantes –incluidos nuevos países donantes, el sector privado y fundaciones- e involucrar estos actores en iniciativas que respalden los resultados humanitarios mediante procesos diplomáticos. 

• Invertir en acciones de incidencia para visibilizar las crisis desatendidas. Las operaciones en países con baja financiación a menudo no pueden permitirse recursos para actividades de incidencia y comunicación, lo que limita su capacidad para atraer atención internacional. Esto contribuye a un círculo vicioso de desatención a medida que empeoran las necesidades. 

• Establecer vínculos con centros de pensamiento sobre política exterior, instituciones de investigación, actores financieros y otros actores clave que puedan aportar nuevas perspectivas sobre las crisis de desplazamiento desatendidas en las capitales donde se toman las decisiones. Presionar colectivamente para que las cuestiones humanitarias se incluyan en los debates políticos más amplios. 

Recomendaciones a periodistas y editores: 

• Invierta en el periodismo de las crisis de desplazamiento de las que se informa poco y comprométase a informar al público sobre temas y contextos que a menudo quedan fuera del radar de los medios de comunicación. Informar de manera que se centre en las historias humanas, el impacto humanitario de los conflictos y las solucionesnecesitarias de todas las partes involucradas. 

• Si la burocracia, la falta de permisos para los medios de comunicación, los visados u otros problemas de acceso dificultan la cobertura informativa de una crisis, utilice las plataformas de los medios de comunicación para abogar por los cambios necesarios. Explorar soluciones digitales y remotas para obtener testimonios de primera mano de personas sobre el terreno. 

Abogue por la protección de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas para garantizar que los periodistas nacionales e internacionales que trabajan en países afectados por crisis puedan seguir informando.

Recomendaciones al público en general: 

• Ayude a que su gobierno y sus políticos rindan cuentas sobre los compromisos existentes en torno a los niveles de ayuda y las políticas relacionadas con los desplazamientos, como rutas legales para migrantes y solicitantes de asilo y cuotas de reasentamiento. Escriba cartas, firme peticiones y envíe preguntas a las asambleas legislativas de su país. 

• Lea sobre las crisis de desplazamiento desatendidas y apoye el periodismo de calidad que las visibiliza. Hable sobre estas crisis en su entorno y comparta artículos e historias en las redes sociales. 

• Al hacer donaciones, intente ser tan generoso con las crisis que se mencionan poco en los medios de comunicación como con las que aparecen en los titulares. Si es posible, realiza tu donación sin restricciones para que se pueda gastar en la crisis que más lo necesite en ese momento. 

Haz clic aquí para ver más detalles sobre la metología en el anexo (inglés).

Publicado: 3 de junio 2025 

Autores y contribuidores principales: Tina Abu-Hanna, Jessica Wanless, Hélène Michou, Ingebjørg Kårstad, Patricia Pouhe Ngo Nyemb, Jeremy Taylor, Karl Schembri, Mariam Toure, Gaoussou Chérif Haidara, Miriam Atallah, Marion Guenard, Laura Diez Ron
and Abdulkadir Mohamed. 

Diseño: Tove Skjeflo 

Fuentes: UN Financial Tracking Service, Meltwater, ACAPS, IDMC, UNOCHA, UNHCR, WFP, NRC