– ¿Qué hora es seño?
– Las dos de la tarde -le respondí.
– Uy seño, acá el tiempo no pasa.
Cuando personas o familias se ven obligadas a huir de sus hogares “el tiempo no pasa”, me dijo Hernando*, un niño de 11 años inquieto, inteligente y notoriamente ansioso por la sensación de estar lejos de su casa. Él desconoce cuánto tiempo debe permanecer en un lugar a ajeno a su cotidianidad, apartado de la cancha donde siempre juega e ignorando la suerte de los juguetes que dejó en su cuarto. Hernando dice tenerle miedo a las personas que visten camuflado o “cualquier uniforme verde”, el conflicto que rodea a su territorio, por desgracia, ha sembrado ese temor.
El pasado 18 de enero Hernando y la comunidad de la vereda San Pedrito, en San José de Uré (Córdoba), tuvieron que desplazarse luego de que asesinaran a uno de sus líderes. Con ellos, los habitantes de cuatro veredas más y un resguardo indígena, se vieron obligados a huir. El miedo fue el motor principal para correr y dejar atrás sus tierras y todas sus pertenencias. “Estamos muy asustados porque la violencia allá está muy dura. Vienen balas de todas partes. Ese es el miedo que a uno le da, por eso uno huye”, dijo Rafael Teherán, quien decidió salir de su vereda el día que mataron a Plinio Pulgarín, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedrito.
El desplazamiento, cara a cara
En Colombia se encuentran registradas 8,650,169 víctimas, de las cuales 7,358,248 son víctimas del desplazamiento forzado. Estos números son comparables con la población de una ciudad tan grande como Bogotá, sin embargo no describen el sufrimiento y las necesidades de la experiencia que supone el desplazamiento forzado.
En San José de Uré, particularmente, se siente angustia y zozobra, un clima de temor y desesperación. Enfrente de la Alcaldía Municipal, en las calles, en los parques, en un pequeño hotel del pueblo y en los albergues que se dispusieron para esta crisis, los más de 4 centenares de desplazados pasan los días enteros esperando. “¿Qué esperan?”, le pregunté a Leonor Yepes, una de las afectadas, “esperamos a que el Gobierno se de cuenta de nuestro temor, que entiendan que nosotros los campesinos desarmados no queremos quedar en medio del conflicto, queremos que nos saquen de la incertidumbre, que nos digan con seguridad cuándo podremos volver a nuestras casas o que nos reubiquen”.
El último desplazamiento registrado en este municipio había sucedido en septiembre del 2016; desde entonces, estas comunidades rurales habían vivido en una aparente calma; sin embargo, hoy, las más de 130 familias desplazadas afirman que la violencia continúa y no se sienten seguras para retornar.
“Yo no soy líder, a los líderes los están matando”
A pesar de que Sandra* no quiere ser reconocida como líder, ni dar entrevistas, decidió relatarnos parte de la situación de crisis que vive su comunidad. Enfrentando el miedo, intenta ayudar a sus vecinos, amigos y familiares. “Necesitamos un mejor lugar donde pasar estos días, estamos esperando una noticia de seguridad o alguna ayuda que nos saque de la incomodidad en la que estamos. Necesitamos alimentación”, dijo Sandra, quien, en su relato repetía “yo no soy una líder, a los líderes los están matando”.
En el sur de Córdoba, el conflicto y la lucha por las economías ilícitas siguen causando consecuencias catastróficas. Los que aún no esconden su liderazgo reportan amenazas de parte de grupos armados por participar en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito.
Al primer asesinato se han sumado tres homicidios más de líderes sociales, dejando a la comunidad presa del miedo y al territorio amenazado. El 31 de enero fue asesinado Antonio María Vargas, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Ilusión; el 8 de marzo fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel, Luis Arturo Royety; y el 11 de marzo fue asesinado Tomás Barreto, líder de las comunidades afrodescendientes en San José de Uré.
Los grupos armados también llegaron al territorio de los embera katío preguntando por Donaciano Majoré, gobernador del resguardo indígena Dochama, pero no lo encontraron. Esa comunidad también se desplazó buscando protección. “Tenemos miedo y por eso nos salimos de nuestra tierra y no pensamos volver”, afirma el líder indígena, quien asegura que su comunidad hará lo necesario para no entregarle una víctima más al conflicto y le pide al Gobierno Nacional un territorio, en donde puedan iniciar un nuevo futuro.
Emergencia humanitaria
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo en esta zona del país hay una emergencia humanitaria con “dificultades en la falta de recursos y en la coordinación entre las Alcaldías, las Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)”, para atender esta situación.
La Defensoría hizo un llamado al Gobierno Nacional para reforzar el “apoyo a los entes territoriales, de manera que se garanticen los derechos fundamentales al mínimo vital para la población desplazada forzadamente y confinada, así como acciones efectivas de prevención al desplazamiento forzado y de protección de los derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad personal”.
El Consejo Noruego para los Refugiados, en consorcio con Diakonie Katastrophenhilfe, con la financiación del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) proporcionan educación de emergencia, asistencia legal, albergue y alimentación a las personas desplazadas en el municipio San José de Uré.
* Los nombres se han cambiado por seguridad de la fuente o por solicitud de la fuente.
Nota para los editores:
NRC tiene portavoces en Colombia para entrevistas en inglés, noruego y español.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización de ayuda humanitaria que trabaja en más de 31 países. Estamos en Colombia desde 1991. Lea más aquí.
Para más información, por favor contactar:
Bogotá, Martha Elena Forero
Coordinadora de Medios
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