Para conmemorar el noveno aniversario del acuerdo de paz, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) hace un llamado a todos los actores armados para que se respete el acceso humanitario sin restricciones y se garantice la libertad de movilidad de la población civil. Además, reitera su llamado al Estado para que haga un mayor esfuerzo para garantizar la protección de la población en los territorios donde los grupos armados no estatales tienen presencia.
“La persistencia del conflicto no debe, bajo ninguna circunstancia, interrumpir el acceso a la asistencia humanitaria ni violar el derecho a la libre circulación de la población civil”, afirmó Giovanni Rizzo, director de país de NRC Colombia.
“Este año, en el oriente del país, una familia de siete personas fue confinada forzosamente dentro de su territorio por grupos armados. Tuvieron que subsistir con un solo racimo de plátanos verdes durante casi cuatro semanas, sin acceso a agua potable segura y la educación de sus hijos tuvo que ser suspendida. Este es solo un ejemplo de las medidas extremas utilizadas por los grupos armados para empujar a una población ya vulnerable al límite de la supervivencia. Lamentablemente, esta situación se repite en comunidades rurales del país.”
Las cifras son preocupantes. Según informes recientes, el número de integrantes de los grupos armados se ha cuadruplicado durante el período de implementación del Acuerdo de Paz, aumentando de más de 6.500 en 2017 a más de 25.000 en 2025. Este incremento, sumado a las acciones de estos grupos, explica el aumento en el número de personas desplazadas, que pasó de 139.000 en 2017 a más de 388.000 en 2024.
“El grupo armado tiene tanto control en mi comunidad que nos impone los horarios de movilidad, el color de la ropa que no podemos usar, asume el papel de juez en las disputas entre vecinos, extorsionan a los negocios locales, deciden quién compra las cosechas de coca que nos obligan a cultivar, y nos prohíben denunciar los abusos cometidos en nuestra contra. Son como la autoridad en el territorio”, relató un hombre desplazado del occidente de Colombia a NRC, quien se vio obligado a huir tras recibir amenazas de muerte por negarse a pagar un ‘impuesto’ por el actor armado organizado.
Colombia se mantiene entre los tres primeros países con el mayor número de personas desplazadas internas en el mundo, solo superada por Sudán y Siria. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió, a mediados de 2025, que el continuo escalamiento del conflicto podría convertir a este año en el peor de la última década en términos humanitarios.
Adicionalmente a esta grave situación, las organizaciones humanitarias enfrentan cada vez más desafíos de acceso para llegar a las personas afectadas por el conflicto.
Solo en los primeros seis meses del 2025, la comunidad humanitaria reportó un incidente diario que limitó la capacidad de proporcionar asistencia humanitaria oportuna, como consecuencia directa de las acciones de los grupos armados organizados. Esto representa un aumento del 90 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2024. Más de un millón de personas se han visto afectadas por estas restricciones.
“Garantizar la ayuda humanitaria y el acceso a la población civil afectada por el conflicto no es una opción, sino la condición previa sobre la cual se debe construir cualquier esfuerzo por una paz duradera. Es urgente que el Estado en su conjunto garantice su presencia en los territorios rurales para proteger a las comunidades rurales, mientras que todas las partes en el conflicto se comprometen de inmediato a respetar los derechos de la población civil”, dijo Rizzo.
