El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) registró un total de 52 ataques a la educación en Colombia en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un alarmante promedio de un ataque cada tres días en seis departamentos del país donde la organización tiene presencia. NRC reitera su llamado urgente a las instituciones estatales y a la comunidad internacional para que aceleren sus esfuerzos para detener esta tendencia y garantizar la seguridad de las instalaciones educativas antes de que sea demasiado tarde.
Desde enfrentamientos armados y el uso militar de escuelas hasta la presencia de minas antipersonal o el reclutamiento forzado, múltiples amenazas continúan poniendo en riesgo la vida de niñas, niños, maestros y otro personal en las escuelas.
“Trabajadores en las escuelas y estudiantes afectados por el conflicto armado están enviando un mensaje inequívoco: todas las partes, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, deben honrar su responsabilidad de respetar las instalaciones educativas y proteger a las niñas y niños de cualquier daño”, afirmó Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.
Según el informe de mitad de año de NRC, cerca de 9.500 estudiantes, maestros y otro personal educativo se vieron afectados por ataques a la educación entre enero y junio de 2025. Esto representa un aumento de más del 65 por ciento en comparación con el mismo período de 2024. Los ataques fueron reportados en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
“Es inaceptable que los actores armados muestren menos respeto por las escuelas y pongan en mayor riesgo la vida de los estudiantes”, dijo Rizzo.
El patrón de los ataques ha cambiado, con una mayor proporción ocurriendo ahora dentro de las instalaciones escolares. En 2024, la mitad de los ataques contra la educación se reportaron dentro de las escuelas, una cifra que aumentó al 61 por ciento en el primer semestre de 2025. El 39 por ciento restante de los ataques tuvo lugar en las rutas de acceso a las escuelas. Esto ha resultado en un mayor número de personas afectadas por estos ataques este año, en comparación con el mismo período de 2024.
“Un grupo armado ocupó nuestra escuela y los profesores ordenaron la evacuación de todos. La utilizaron como base de combate y, cuando se fueron, pudimos ver agujeros de bala en las paredes. Los maestros tuvieron que recoger municiones sin explotar y ahora la comunidad teme que haya artefactos explosivos en la parte trasera del terreno de la escuela”, relató un padre de un estudiante de una comunidad en el occidente del país.
A pesar de los esfuerzos realizados, la respuesta del Estado a los ataques contra la educación sigue siendo insuficiente, solo el 10 por ciento de los ataques reportados recibiendo una respuesta oficial oportuna. Para atender esta situación, las instituciones estatales deben aumentar de inmediato sus recursos y acciones para evitar que las escuelas queden atrapadas en el fuego cruzado, proteger a las niñas y los niños del reclutamiento forzado, llevar a cabo desminado humanitario y mejorar la infraestructura educativa para prevenir el uso u ocupación de las escuelas por todas las partes involucradas en el conflicto.
“Todos los actores armados deben escuchar a la población civil, especialmente a las niñas y niños atrapados en el fuego cruzado en sus propias aulas. Los menores de edad y los civiles son víctimas inocentes de un conflicto que no es suyo. Los ataques contra la educación deben parar ahora; es un llamado que no dejaremos de hacer,” enfatizó Rizzo.
