NRC hace un llamado a la acción para asegurar que los esfuerzos recientes del gobierno, para reconocer y asistir a las víctimas, se traduzcan en medidas rápidas y efectivas para asistir y proteger a las personas forzadas a huir de sus hogares, incluyendo a niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia en las escuelas. Definir una ruta de protección efectiva contra el reclutamiento de las bandas delincuenciales organizadas dentro y alrededor de las escuelas debe ser una prioridad.
“Si un grupo criminal obliga a un estudiante a vender drogas en la escuela bajo amenazas de muerte, las únicas opciones que tiene para salvar su vida son esconderse indefinidamente o huir de la zona. Esta situación debe terminar ahora. Las escuelas deben ser espacios seguros, libres de amenazas que obliguen a los estudiantes a abandonar sus hogares y comunidades”, afirma Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Ecuador.
En los últimos años, Ecuador ha experimentado un aumento de la violencia por parte de grupos criminales organizados, lo que ha llevado al país a tener la tasa de homicidios más alta de América Latina. Cifras oficiales indican que durante los primeros meses de 2025 se reportó un asesinato cada hora. Más de 100.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares debido a la violencia.
Los grupos criminales organizados están imponiendo un control social violento en zonas donde tienen presencia, incluso dentro de instituciones educativas. El informe de NRC destaca que los asesinatos de menores y jóvenes cerca de las escuelas son mensajes enviados por miembros de estos grupos a bandas delincuenciales rivales. Estos actos buscan intimidar a otros grupos, tomar el control de las escuelas o sembrar miedo en la comunidad educativa.
“Los docentes siempre llaman la lista a las niñas y niños que llegan a la escuela. Cuando faltan dos o tres días, intentamos hacer seguimiento, pero la violencia lo ha complicado todo porque no sabemos dónde están los niños”, dijo a NRC una maestra de una escuela afectada por la violencia. Esto resalta por qué registrar a las personas que huyen de la violencia y comprender sus necesidades específicas es vital para activar una respuesta estatal efectiva.
Si bien los esfuerzos recientes del gobierno para reconocer y registrar a las víctimas son un primer paso fundamental, estas medidas por sí solas no serán suficientes. El gobierno debe definir claramente los roles, responsabilidades y financiamiento de las instituciones estatales. Esto es crucial para asegurar que puedan asistir, proteger y garantizar efectivamente el acceso a la justicia a todas las personas forzadas a huir de la violencia y a abandonar sus hogares, escuelas, trabajos o negocios para salvar sus vidas.
“Aunque el Estado ecuatoriano tiene enormes responsabilidades y obligaciones en este contexto, la comunidad internacional tiene una oportunidad única de intensificar y apoyar los esfuerzos del en medio de esta situación crítica de violencia. Solicito a los donantes que destinen fondos humanitarios para esta situación y hago un llamado a las Naciones Unidas para que refuercen la planificación y coordinación de su respuesta humanitaria ante las consecuencias de la violencia”, afirmó Rizzo.
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