





En 2009, Johanna* vivía en Colombia, en la finca de su padre. Él era extorsionado y no podía pagar. Las amenazas fueron constantes, hasta que la violencia se volvió definitiva. Mataron a su padre. Y su vida también quedó en riesgo.
Esa noche, Johanna salió por la puerta de atrás con sus hijos. No hubo despedidas ni tiempo para pensar. Se fue para salvar su vida y la de ellos. Así comenzó su desplazamiento forzado.

Al llegar a Ecuador, país vecino de Colombia por el sur, Johanna solicitó refugio y obtuvo una visa de protección internacional y una cédula de identidad. Como muchas personas refugiadas, pensó que eso le permitiría sentirse segura y reconstruir su vida. Pero la protección no era permanente. Tanto la visa como la cédula debían renovarse cada dos años y, aunque el trámite de la primera es gratuito, la cédula ecuatoriana tiene un costo que, en un momento, Johanna no pudo asumir.
Sin documentos vigentes, Johanna quedó en situación migratoria irregular. Acceder a trabajo formal y a servicios básicos se volvió cada vez más difícil. Aun así, Johanna se quedó en la misma ciudad durante años, intentando sostener a su familia y mantener algo de estabilidad. Hasta que la violencia volvió a alcanzarlos.
Una banda criminal atacó a su hijo y luego llegaron las amenazas: si no lo entregaba, reclutarían a los niños más pequeños. El mensaje fue claro. El peligro era inmediato.
Por primera vez desde que llegó a Ecuador, Johanna se vio obligada a desplazarse nuevamente. Esta vez, dentro del país. Salieron con lo poco que tenían. Sin maletas, solo ropa guardada en fundas de almohada. Pasaron casi dos semanas escondidos.

El desplazamiento volvió a interrumpirlo todo: la escuela, el trabajo, cualquier sensación de seguridad. Sus hijos dejaron de estudiar. La falta de escolarización afecta a una de cada cuatro familias desplazadas en Ecuador, según la Iniciativa ProLAC.
La historia de Johanna refleja lo que viven miles de familias en Ecuador: personas que, frente a altos niveles de violencia, extorsiones y amenazas, se ven forzadas a desplazarse una y otra vez porque el riesgo nunca desaparece. Según datos de la Iniciativa ProLAC, en Ecuador, dos tercios de las familias desplazadas se esconden, la mitad limita sus movimientos y un tercio deja de generar ingresos.
El punto de inflexión llegó cuando Johanna accedió al acompañamiento de socios de la Iniciativa ProLAC. Recibió asistencia humanitaria inmediata para reubicarse en un lugar más seguro y apoyo legal para regularizar nuevamente su situación migratoria y recuperar su visa como persona refugiada y su cédula ecuatoriana. También recibió apoyo para cubrir dos meses de renta, evitando que ella y sus hijos quedaran en situación de calle.
Con la documentación en regla, Johanna pudo reducir el riesgo de deportación y volver a buscar trabajo. Tener una cédula significó recuperar derechos básicos y empezar, otra vez, desde un lugar un poco más seguro.

Hoy, sus hijos vuelven a jugar. Empiezan a pensar en estudiar de nuevo. En un futuro sin violencia. Como Johanna, para muchas familias desplazadas, la huida no termina con el primer traslado. La mayoría no se siente segura en el lugar al que llega y teme volver a enfrentar amenazas o extorsión. Por eso, según datos de la Iniciativa ProLAC, tres de cada diez familias desplazadas en Ecuador se ven forzadas a desplazarse por segunda vez.
Esta realidad deja en evidencia una brecha urgente de protección: en Ecuador, al menos 300 mil personas se han desplazado para escapar de la violencia sin cruzar fronteras internacionales. Se desplazan dentro del país, más de una vez, sin que existan mecanismos claros y sostenidos para protegerlas como personas desplazadas internas. También afecta a personas refugiadas y migrantes – principalmente de nacionalidades colombiana y venezolana – que llegaron a Ecuador buscando protección y hoy enfrentan nuevos riesgos.
Mientras la violencia no sea reconocida como una causa del desplazamiento interno, cientos de miles de personas seguirán moviéndose una y otra vez, expuestas a nuevos riesgos y sin acceso pleno a sus derechos. Proteger a las personas desplazadas internas es una condición necesaria para romper los ciclos de huida y fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia.
Johanna* no es su nombre real y ha sido cambiado para proteger su identidad.
Historias como la de Johanna* no solo muestran lo que viven millones de personas que buscan protección en la región; también evidencian por qué es esencial contar con información confiable y sistemática.
La Iniciativa ProLAC recopila datos cualitativos y cuantitativos en 11 países de América Latina para identificar riesgos de protección, visibilizar brechas en la respuesta y generar evidencia que permita mejorar la toma de decisiones humanitarias. Al comprender lo que enfrentan las personas en cada etapa del proceso, desde la salida de sus hogares hasta su integración en un nuevo lugar, ProLAC contribuye a que organizaciones, autoridades y donantes diseñen soluciones más oportunas, coordinadas y efectivas.
ProLAC es una iniciativa regional de gestión de información creada por el Consejo Danés para Refugiados y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), con el apoyo de la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. ProLAC proporciona un sistema armonizado de monitoreo de riesgos de protección que enfrentan las personas forzadas a huir y aquellas afectadas por violencia en América Latina. Para más información o para consultar el panel interactivo, visite: prolac.live
Además de DRC y NRC, las siguientes organizaciones hacen parte de la Iniciativa ProLAC:
Todos nuestros servicios son gratuitos y se implementan sin intermediarios. Bajo ninguna circunstancia el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) solicita recursos económicos o favores a cambio de la prestación de sus servicios.
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