Los datos provienen de la documentación de NRC sobre ataques a la educación en las zonas de conflicto de Colombia entre enero y junio de 2026, e incluyen 61 incidentes en siete departamentos donde la organización brinda asistencia humanitaria a la población afectada por el conflicto armado.
Cuatro de cada diez ataques fueron reportados en las rutas que utilizan las niñas y niños para ir a la escuela; la mayoría ocurrió dentro de los salones de clase o los predios escolares.
“Seis de cada diez de estos ataques ocurrieron dentro de las escuelas, en el único lugar donde se supone que las niñas y niños deberían estar seguros”, afirmó el jefe de programas de NRC en Colombia, Mikel Mendezona. “Es inaceptable que las escuelas rurales sigan atrapadas en el fuego cruzado entre actores armados. Todas las partes en conflicto tienen la obligación de respetar las normas de la guerra para que las escuelas sean espacios seguros”.
La mayoría de los ataques documentados por la organización se concentraron en los departamentos de Norte de Santander, Chocó y Cauca.
Los ataques van desde la ocupación militar de instalaciones, la utilización de artefactos explosivos en predios escolares o el reclutamiento forzado de menores, hasta enfrentamientos armados que ponen en riesgo la vida de miles de estudiantes y docentes.
Un miembro de la comunidad educativa en el occidente de Colombia relató a NRC cómo hombres armados irrumpieron en la escuela local, la ocuparon e intentaron coaccionar a una estudiante para que realizara actos sexuales a cambio de dinero.
“Nuestra escuela está completamente expuesta a la violencia de estos grupos armados”, dijo la mujer. “Necesitamos inversión para proteger nuestras escuelas y a nuestras niñas”. Ni las instituciones estatales ni la ayuda humanitaria internacional están respondiendo a tiempo a los ataques a la educación.
Según datos de NRC, dos de cada tres escuelas afectadas siguen esperando la ayuda que necesitan desesperadamente. En todo el país, los estudiantes necesitan apoyo en salud mental y capacitación sobre cómo mantenerse a salvo si quedan atrapados en medio del fuego cruzado. Los docentes deben aprender a manejar situaciones de emergencia y qué hacer en caso de encontrar artefactos explosivos. Las minas antipersonal deben ser retiradas de los predios escolares. Las aulas dañadas deben ser reparadas o reconstruidas. La construcción de cerramientos y muros es vital para mantener a los grupos armados fuera de las escuelas.
Para empeorar la situación, estudios de caso recientes de NRC revelan que muchas escuelas rurales afectadas por el conflicto operan en terrenos sin títulos de propiedad. Esta falta de seguridad jurídica impide que las autoridades inviertan recursos públicos para reparar la infraestructura dañada y proteger las escuelas.
“Es desgarrador ver cómo adultos con armas destruyen el futuro de las niñas y niños”, afirmó Mendezona. “El gobierno debe seguir haciendo de la protección de cada niña y niño en la escuela su prioridad y eso comienza por brindar a las escuelas la protección legal de la que carecen”.
