El conflicto obligó a las comunidades donde trabajamos a pasar de la planeación a la implementación. Las alertas tempranas y los Planes de Autoprotección Comunitaria, que trabajamos conjuntamente con ellas, tuvieron que ser implementados como consecuencia de nuevas acciones de actores armados en sus territorios. Las comunidades demostraron que la mejor respuesta ante la crisis es la prevención y la organización colectiva.

Gracias a formaciones en derechos humanos, rutas de atención y la adopción de acuerdos de comportamiento seguro (como puntos de refugio temporal y rutas internas para prevenir riesgos asociados al reclutamiento forzado o los artefactos explosivos), las poblaciones lograron contener emergencias humanitarias sin tener que abandonar nuevamente sus territorios ni perder sus raíces ancestrales.

Los recursos recibidos por las organizaciones fueron invertidos en el transporte y la alimentación de la población para asistir a las actividades acordadas entre los consejos comunitarios y NRC. Estos recursos económicos también fueron de utilidad para mejorar espacios seguros donde las poblaciones se reúnen y se protegen en situaciones de emergencia.

Las infraestructuras comunitarias construidas, mejoradas y apoyadas, como el parque biosaludable y la Casa de Gobierno en el Consejo Comunitario de Bajo Calima, generaron impactos tangibles en la protección, el bienestar y la cohesión social. Estos espacios se consolidaron como activos comunitarios estratégicos para el uso seguro del tiempo libre, la reducción de riesgos asociados a entornos inseguros y el fortalecimiento de la gobernanza local.

Sin sistemas de agua segura en las comunidades, mujeres, hombres y menores de edad tenían que recorrer trayectos de hasta una hora para recolectar agua. En estas trochas y caminos se han reportado riesgos de violencia basada en género, reclutamiento forzado o accidentes con minas antipersonal. Recoger agua, lejos de casa, era una dolorosa rutina en las comunidades donde trabajamos. Con la construcción e instalación de sistemas comunitarios de abastecimiento mediante captación de aguas lluvias y ósmosis inversa —conocidos en los territorios como las "casas aguateras"—, la realidad cambió radicalmente.

Estas infraestructuras, operadas y cuidadas por los mismos comités comunitarios capacitados técnica e institucionalmente gracias a alianzas con el SENA, no solo redujeron las enfermedades estomacales, las infecciones intestinales y el esfuerzo físico de mujeres y menores de edad, sino que se convirtieron en bienes colectivos que protegen a la niñez y a la juventud de riesgos de reclutamiento forzado, fomentando el cuidado del futuro de la comunidad.

El enfoque de género fue el motor de transformación de la economía local. En el Consejo Comunitario UNICOSTA, las mujeres piangueras diversificaron sus ingresos mediante una tienda de abarrotes comunitaria, que ahora les permite sostener a sus hogares durante los periodos de veda de la piangua.

Las piangueras se dedican a la recolección artesanal de la piangua, un molusco (un tipo de concha o almeja) que habita en las raíces de los manglares de la costa del Pacífico. Este es un trabajo tradicional y físicamente exigente que consiste en adentrarse en los manglares, a menudo caminando y hundiéndose en el lodo con la marea baja, para buscar y extraer las pianguas de manera manual.

Sin embargo, hay periodos de restricción o de veda para la recolección de la piangua orientados a la protección de la especie y la sostenibilidad de los manglares. Por esta razón, la tienda de abarrotes comunitaria surgió como una iniciativa local para no depender exclusivamente de la piangua y disminuir la vulnerabilidad de las familias, situación de pobreza que en ocasiones es aprovechada por actores armados organizados para obligar a las comunidades a trabajar en economías ilícitas.

Mientras tanto, en Bajo Calima, el 90 por ciento de las personas participantes en las iniciativas del NRC y certificadas por el SENA (en instalación de redes hidráulicas y sanitarias) fueron mujeres, desafiando estereotipos de género y asumiendo roles técnicos clave para la sostenibilidad de sus comunidad

En Timbiquí las asociaciones de artesanas y productoras de derivados de la caña no solo incrementaron sus ingresos hasta en un 80 por ciento con sus grupos de ahorro, sino que llevaron sus conocimientos a ferias comerciales nacionales y rutas turísticas oficiales como la Ruta del Biche, consolidándose como lideresas que brindan esperanza en territorios afectados por los conflictos armados.

La localización también exige incidir donde se toman las decisiones. Un hito fundamental de este proceso fue el foro de alto nivel "Diálogos entre Comunidad y Gobierno: Territorio y Paz", realizado en Cali, donde más de 20 instituciones nacionales, locales, agencias de las Naciones Unidas y autoridades étnicas se sentaron a escuchar la situación de las comunidades.

Este espacio permitió articular las demandas territoriales con instrumentos de política pública —como los Planes de Desarrollo— y asegurar recursos de contrapartida (como los más de 150 millones de pesos movilizados para la construcción de la Casa de Gobierno Indígena en Iscuandé).

También se logró la articulación del trabajo de las mujeres artesanas de Timbiquí con el Laboratorio de Innovación "Artesanías, Territorio y Paz Total" (en alianza con Artesanías de Colombia) y la vinculación de los productores de caña de Timbiquí a la Ruta Turística del Biche con el apoyo de FONTUR y la RAP Pacífico.

Asimismo, se exigieron los derechos a la Vivienda, Tierra y Propiedad de las comunidades, para incidir en las situaciones de despojo o retrasos en las reubicaciones de las poblaciones afectadas por el conflicto.

Estas iniciativas en el Pacífico colombiano dejan una lección contundente: cuando se invierte en capacidades locales, confianza mutua y financiación flexible, las comunidades pasan de ser receptoras de ayuda a convertirse en gestoras de su propio futuro en medio de situaciones de crisis. 

Detrás de estos logros se encuentra la implementación del mecanismo de fondos o apoyo financiero pequeño, una herramienta diseñada para canalizar recursos adaptados a las dinámicas reales de las organizaciones locales. Este enfoque no solo simplificó la gestión administrativa, sino que permitió cubrir de manera ágil necesidades logísticas críticas en terreno —como la contratación de transporte comunitario y la adquisición de insumos para las ollas comunitarias durante situaciones de emergencia—, fortaleciendo la autonomía operativa y la confianza de las bases sociales en la ejecución de sus propios recursos. 

En estos territorios, las comunidades locales y NRC han demostrado que las transformaciones no se imponen desde afuera; se cultivan, se proponen y se autogestionan desde adentro, asegurando que la dignidad y los derechos de la población afectada por el conflicto perduren mucho más allá de los ciclos de violencia.