Esfuerzo Pescador: Una victoria histórica para la propiedad colectiva y la dignidad de las comunidades afrodescendientes 

La Corte Constitucional reconoce el derecho de las comunidades negras, raizales y palenqueras a titular colectivamente tierras en manglares y bajamar. Esto rompe barreras jurídicas y refuerza la idea de que los territorios étnicos y los bienes comunes pueden coexistir para el bien de la naturaleza y las comunidades etnicas.  

Durante años, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) negó la titulación de estas tierras argumentando que los manglares y zonas de bajamar eran  “inadjudicables”.  Y en la sentencia T-105 de 2025, la Corte determinó que es viable titular zonas de manglar, en tanto que los artículos 6 y 21 de la ley 70 de 1993 permite que las comunidades afrodescendientes puedan ser titulares de ecosistemas arbóreos en tierra y mar, entre ellos están los manglares. No obstante, señaló que la inclusión de zonas de manglar a la titulación colectiva debe ir acompañada del desarrollo de planes de manejo y conservación ambiental. 

Asimismo, la Corte Constitucional determinó que es viable incluir bienes de uso público, como las zonas de bajamar, dentro de los territorios colectivos y, en consecuencia, decidió aplicar la excepción de inconstitucionalidad al literal a) del artículo 6 de la Ley 70 de 1993 —que prohíbe la adjudicación de bienes de uso público— y al numeral 1 del artículo 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 2015. Esta limitación ponía en riesgo los derechos territoriales y la subsistencia cultural y física del Consejo Comunitario; además, la ausencia de reconocimiento constituía una forma de discriminación indirecta sin justificación, dado que tanto los bienes de uso público como los territorios colectivos gozan de la misma protección constitucional. 

En este contexto, actualizar la regulación es fundamental para adecuar el marco normativo de las áreas de bajamar a los estándares constitucionales de protección a los pueblos afrodescendientes, así como para resolver la tensión entre el régimen de inalienabilidad de dichas zonas y la garantía del derecho fundamental al territorio de las comunidades afrodescendientes, que han ocupado el territorio de manera centenaria, en armonía con la conservación ambiental. 

Este fallo también representa una medida de reparación integral para una población que ha enfrentado no solo la exclusión del Estado, sino también los impactos del conflicto armado. La titulación colectiva constituye en sí misma una medida de reparación, y es fundamental para acceder a otras medidas de reparación de la Unidad de Restitución de Tierras. 

Es importante mencionar que incluir zonas de manglar en los territorios colectivos, no es una medida excepcional, ya que la Agencia Nacional de Tierras ha actuado en otros casos similares como el del Consejo Comunitario del Río Patía la Grande, donde se logró la titulación mediante la Resolución 1119 de 2000 e incluye áreas de manglar, así como el título conferido al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Caño del Oro, en la Isla de Tierra Bomba en Cartagena, a través de la Resolución 1962 de 2017. De acuerdo con análisis académicos, actualmente existen 39 títulos colectivos en áreas de manglar que abarcan cerca de trescientas mil hectáreas del territorio colombiano. 

Aunque esta es la primera vez que se permite la inclusión de bienes de uso público dentro de una propiedad colectiva de comunidades etnicas, no es la primera ocasión en que la jurisprudencia constitucional reconoce la coexistencia de distintos tipos de bienes en un mismo territorio. En otras decisiones, por ejemplo, se autorizó la constitución de un resguardo indígena en un área de parque nacional (Sentencia T-384A de 2014) o se permitió la titulación colectiva de una comunidad afrodescendiente en zonas que coinciden con bienes fiscales (Sentencia T-680 de 2012). 

Finalmente, al identificar una limitación en la garantía y el acceso a la propiedad colectiva debido a lo dispuesto en el literal a) del artículo 6 de la Ley 70 de 1993, que prohíbe la adjudicación de bienes de uso público, la Corte Constitucional ordenó la reforma de esta norma para eliminar esta barrera y garantizar plenamente los derechos territoriales de las comunidades negras y afrocolombianas.