





Este artículo ha sido escrito por Beatriz Ochoa, jefa regional de incidencia del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), tras un viaje a Honduras en abril de 2026.
En nuestras entrevistas con familias desplazadas, una frase se repitió de distintas maneras: uno no solo pierde la casa o sus pertenencias, pierde la libertad de una vida normal.
En Honduras, el desplazamiento forzado no siempre comienza con un ataque directo. A menudo comienza con una llamada telefónica, una amenaza, una mirada que vigila demasiado los movimientos por casa. Un mensaje de WhatsApp o una llamada pueden desplazar a una familia con la misma eficacia que un arma, pero sin dejar rastro visible en las noticias.
En varias zonas del país, grupos criminales ejercen control territorial a través del terror selectivo. No buscan el caos generalizado, sino un miedo preciso, el que paraliza a una persona, a una familia, a una cuadra o incluso a un barrio entero. Extorsionan, intimidan, vigilan y castigan para dejar claro quién manda y quién no tiene opción.
Lo que escuchamos en las entrevistas no fue excepcional. Durante la segunda mitad de 2025, el 82% de los hogares encuestados en Honduras por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en el marco de la Iniciativa ProLAC reportó haber sufrido por lo menos una amenaza de protección. El desplazamiento forzado, la intimidación, la violencia física y la extorsión fueron las más frecuentes. En la mayoría de los casos, los hogares identificaron a organizaciones criminales como responsables.
Muchas personas con las que hablamos intentaron buscar apoyo institucional, pero desistieron por miedo a represalias. Denunciar puede significar exponerse a aún más riesgo. Esto no es inusual: más de la mitad de las personas afectadas por amenazas de protección no las denuncia, principalmente por temor a retaliaciones o estigmatización. Y entonces, huyen.

Una de las entrevistas que más me impactó fue la de dos hermanas jóvenes, una de poco más de veinte años y la otra adolescente. Una noche, hombres armados irrumpieron en su casa, las obligaron a arrodillarse, les apuntaron con armas en la cabeza y se llevaron a su madre. Nunca volvió. A la mañana siguiente, ellas también tuvieron que huir.
No se trató solo de una desaparición forzada. Fue también un despojo de tierras. En su zona, el control territorial está en expansión, vaciando comunidades enteras, desplazando familias completas para apropiarse de la tierra y mantener alejados a otros grupos armados. Nos dijeron que en algunas áreas ya casi no quedan habitantes.
La mayoría de las personas desplazadas afirma que volver a sus hogares las pondría en grave peligro. El mensaje es claro: no regresen.
Sin documentos, vivienda ni ingresos, la asistencia humanitaria inmediata y el apoyo legal son fundamentales para reducir riesgos y ayudarles a recuperar un mínimo de estabilidad. Estos son algunos de los servicios de protección que brinda NRC.
En varios testimonios de mujeres, la extorsión, el despojo de tierras y el control territorial estaban acompañados de violencia sexual, amenazas contra los hijos y ataques dirigidos especialmente a madres cabeza de familia.
En un caso, una mujer fue secuestrada, golpeada y violada. Le exigieron la propiedad. No sabe cómo salió con vida. Volvió a su casa solo para buscar a sus tres hijos y huir con ellos. El temor no ha desaparecido. “Siempre está uno pendiente de quién te sigue, de quién te mira”, me dijo.
El miedo no desaparece cuando las personas llegan a otro lugar en busca de seguridad. Viaja con ellas, limitando el acceso a educación y al trabajo. Quienes han sido víctimas de extorsión suelen ser percibidos como un riesgo por empleadores y enfrentan estigmas que reducen sus oportunidades laborales.
Años después, muchas siguen viviendo en condiciones de encierro como mecanismo de autoprotección. “La pasamos encerradas, mamá, de la casa a la escuela y de la casa a la escuela”, le dice una hija a su madre.

A pesar de la magnitud de la violencia, Honduras sigue siendo una crisis ampliamente ignorada, con poca financiación y atención mediática. No hay campamentos ni imágenes que ocupen titulares. El desplazamiento ocurre en fragmentos, silenciosamente, gota a gota. Las familias se refugian con parientes, se esconden y restringen sus vidas cotidianas. Mi trabajo y mi viaje, en parte, buscan visibilizar realidades como esta.
Al mismo tiempo, Honduras enfrenta desastres climáticos y flujos migratorios mixtos. Personas refugiadas y migrantes de decenas de nacionalidades atraviesan el país centroamericano, aumentando la presión sobre las comunidades mientras la respuesta humanitaria resulta insuficiente.
Personas deportadas tras años en el extranjero contaron que, al regresar, no pueden volver a sus lugares de origen por miedo, quedando en situaciones de extrema vulnerabilidad.
En 2025, solo se financió uno de cada diez dólares requeridos para el Plan de Respuesta Humanitaria del país. Sin recursos, las necesidades insatisfechas se acumulan y el desplazamiento se vuelve permanente y recurrente.
Honduras cuenta hoy con una ley que reconoce y protege a las personas desplazadas por la violencia, un avance importante que refleja voluntad política. Sin embargo, la falta de reglamentación y financiamiento específico sigue limitando su implementación efectiva.
Mientras estos mecanismos se desarrollan, es urgente utilizar otros instrumentos jurídicos ya existentes para proteger los derechos de las personas desplazadas: el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud y a una vida digna. La protección no puede esperar a que la ley funcione plenamente.
A pesar de todo, me fui de Honduras viendo también resiliencia. Vi personas que, tras perderlo casi todo, siguen escogiendo la vida. Una mujer que sueña con montar un pequeño negocio. Un padre deportado que quiere estudiar mecánica. Madres que siguen adelante por sus hijas e hijos.
Pero la resiliencia no puede ser una excusa para el abandono internacional. Esta crisis no es invisible por falta de impacto, sino por falta de atención. El miedo no puede seguir siendo una herramienta de control territorial, ni el silencio puede continuar dictando la respuesta de la comunidad internacional.

Cada año, el Consejo Noruego para Refugiados publica su informe sobre las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo. La edición 2025 marca el décimo aniversario del informe. En la última clasificación, Honduras aparece entre las diez crisis más olvidadas por cuarta vez en la última década, lo que refleja una brecha persistente entre la magnitud de la crisis y el nivel de respuesta internacional. En América Latina, la lista también incluye a Colombia, por segunda vez, y a Ecuador, por primera vez, lo que evidencia cómo la violencia y el desplazamiento en la región continúan siendo ignorados. Estas clasificaciones muestran un patrón constante: las crisis no se ignoran porque sean menos graves, sino porque reciben menos atención. El informe completo puede consultarse aquí.
La Iniciativa ProLAC es un esfuerzo conjunto liderado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el Consejo Danés para Refugiados (DRC), con financiamiento de la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Su objetivo es generar evidencia sobre las necesidades de protección y el desplazamiento en América Latina, con el fin de mejorar la respuesta humanitaria y fortalecer la incidencia en la región.
Todos nuestros servicios son gratuitos y se implementan sin intermediarios. Bajo ninguna circunstancia el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) solicita recursos económicos o favores a cambio de la prestación de sus servicios.
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