





—“Hay personas que no saben lo que es salir y dejar todo atrás, su casa, su familia, su estabilidad, en las ciudades eso no pasa”, dice Alba*, una mujer que tuvo que huir de su hogar apenas con la ropa que llevaba puesta.
En el 2025, en Colombia 1,6 millones de personas fueron afectadas por el conflicto armado. De ellas, cerca de 400.000 fueron víctimas de desplazamiento forzado.
La escena se repite en varios territorios rurales del país: la población está en su casa y llegan grupos armados organizados a sus territorios, amenazando o atemorizando a la población. Minutos más tarde, personas salen huyendo, dejando sus hogares atrás.
“Ves camionetas saliendo del pueblo llenas de personas, todos corren a esconderse, no hay buses vacíos y todos van asustados, desde ahí sabes que nada será igual”, dice Gabriela quien tuvo que desplazarse por la llegada de grupos armados organizados a su vereda.
Como consecuencia de la situación, miles de personas víctimas del conflicto requieren de asistencia humanitaria y protección. La persistencia del conflicto agrava su situación.

Según Naciones Unidas en 2025 la expansión territorial de los grupos armados organizados llegó al 60 por ciento de los municipios del país. Más de 9,5 millones de personas viven bajo áreas de influencia de estos grupos.
“Siempre se escudan en la población civil para protegerse, sin importarles quienes no están en el conflicto”, dice Jairo*, una víctima del conflicto.
La dinámica del conflicto armado en Colombia ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años. La fragmentación de algunos actores armados y las disputas entre distintos grupos han configurado nuevos escenarios de riesgo y afectación para las comunidades. Este panorama ha generado nuevos desafíos para la institucionalidad y la respuesta territorial de las instituciones civiles del Estado.
La vida de la población en muchas regiones del país ha cambiado debido al conflicto armado. El derecho a la vida está en riesgo y el temor de la población continúa, especialmente en los territorios más apartados.
“Una vez dispararon encima de la casa, las balas entraron muy fácilmente, nos tocó salir corriendo y cambiarnos de vereda”, recordó Leidy*, quien vivía antes en el campo. Su casa estaba hecha de madera y muchas veces presenció enfrentamientos entre actores armados.

Cuando las personas son obligadas a desplazarse y llegan a un lugar diferente, deben pagar un arriendo, comprar un mercado o los útiles escolares para la nueva escuela de sus hijos. La realidad es que muchas viven en incertidumbre y sin los recursos suficientes para pagar un techo seguro donde dormir, alimentos diarios o los útiles escolares de sus hijos.
“El campo es todo, uno no tiene necesidad de comprar lo que el campo le puede dar. Es poco lo que necesitamos del pueblo”, dice Ramiro*, una persona que fue desplazada y quien vivió toda la vida en su finca donde cosechaba sus propios alimentos.
El retorno a sus hogares, para personas desplazadas, parece una ilusión.
“Yo no retorno porque allá no hay nadie, uno no puede ir a que lo maten”, afirma María*, una mujer desplazada, quien ahora permanece en una ciudad trabajando en un restaurante.
La solidaridad y la respuesta humanitaria deben ser tan contundentes como las necesidades de las poblaciones que deben adaptarse a la vida en lugares diferentes y ajenos.
Quienes de manera espontánea retornan sin condiciones de seguridad, vuelven a ser desplazados de sus territorios. De hecho, la Corte Constitucional ha sido enfática sobre la importancia de brindar soluciones a la población afectada por el conflicto. Cualquier respuesta que se brinde seguirá siendo incompleta si el Estado no garantiza las condiciones de seguridad para que el hecho victimizante no vuelva a ocurrir: ”La garantía de no repetición constituye el eje central de la reparación transformadora. No basta con entregar una ayuda humanitaria si el Estado no logra desarticular los factores de persistencia que obligan a las víctimas a un peregrinaje institucional sin fin.”

En los territorios donde el Estado está ausente o limitado por la violencia, los actores humanitarios internacionales son esenciales para entregar alimentos, agua, protección, refugio, educación, salud y servicios de salud sexual y reproductiva a quienes los necesitan.
Desde el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) trabajamos de la mano de actores locales y con recursos de la Unión Europea para aliviar el sufrimiento de la población cuando son obligadas a desplazarse de sus hogares.
En tiempos de crisis, trabajamos junto a nuestros socios brindando:
Todos nuestros servicios son gratuitos y se implementan sin intermediarios. Bajo ninguna circunstancia el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) solicita recursos económicos o favores a cambio de la prestación de sus servicios.
¿Tienes una retroalimentación o reclamo?
Escríbenos en:
Colombia, Ecuador y Panamá:
Venezuela:
Norte de Centroamérica y México:
Se encuentra habilitado para la recepción de notificaciones judiciales y comunicaciones interinstitucionales.
Nosotros y nuestros socios seleccionados nos gustaría utilizar cookies o tecnologías similares para recopilar información sobre ti con fines estadísticos, funcionales y de marketing. Puedes darnos tu consentimiento para fines específicos seleccionando las opciones a continuación y siempre podrás retirar tu consentimiento.