Doce meses después de que el conflicto armado en el Catatumbo se intensificara drásticamente el 16 de enero de 2025, la violenta disputa territorial no muestra señales de tregua en esta volátil región fronteriza con Venezuela. Los enfrentamientos continuos siguen causando nuevas víctimas civiles y obligando a las personas a huir de sus hogares. Se estima que más de 100.000 personas han sido desplazadas por la violencia desde el inicio del escalamiento del conflicto.
“Tras un año de hostilidades, la población del Catatumbo está perdiendo la esperanza. El Gobierno colombiano y la comunidad internacional deben redoblar sus esfuerzos, garantizando alojamientos seguros, educación, protección y medios de vida para miles de personas que siguen viéndose afectadas por la agudización de la crisis humanitaria. Asimismo, para quienes buscan retornar, es vital que se garantice la seguridad en sus comunidades de origen”, afirmó Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.
Esta emergencia está destruyendo las vidas tanto de colombianos como de refugiados y migrantes venezolanos vulnerables en la región. Al igual que ocurre en las guerras más brutales del mundo, aquí los padres y madres se ven obligados a recurrir a su imaginación para proteger a sus hijos e hijas del horror.
“Les dije a mis hijos que las explosiones eran solo globos de juguete que estallaban; no puedo soportar que mi hijo crezca atormentado por el mismo terror que me persigue a mí cada día”, relató a NRC una madre desplazada, de cuatro hijos.
Para evitar que el sufrimiento se prolongue, NRC hace un llamado a todos los actores armados a cesar de inmediato los ataques que afectan a la población civil y a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario.
“Hemos recibido informes de familias desplazadas que están siendo obligadas por grupos armados organizados a no usar ropa oscura, con el fin de evitar que sean confundidas con objetivos militares durante los enfrentamientos. Lejos de ofrecer protección, estas prácticas sitúan a los civiles directamente en la línea de fuego y aumentan su vulnerabilidad”, afirmó Rizzo. “Hacemos un llamado a todas las partes del conflicto para que respeten la vida de la población civil de manera incondicional y pongan fin a estas tácticas nocivas”.
Las consecuencias humanitarias de esta crisis son generalizadas. El hambre en la región está siendo impulsada por el conflicto, ya que los grupos armados limitan la producción de alimentos y obligan a los campesinos a sembrar cultivos de coca para uso ilícito. El acceso al agua potable ha llegado a un punto crítico tras la destrucción deliberada de infraestructura civil. A cientos de niñas y niños se les está robando su futuro al no poder asistir a la escuela debido a ataques directos contra las aulas o al trauma del desplazamiento forzado.
El Catatumbo se encuentra actualmente en cuidados intensivos humanitarios. Cada peso invertido hoy es una inversión en la estabilidad futura de esta frágil región fronteriza, ahorrándole al país costos mucho más elevados de futuros desplazamientos y la reparación del territorio”, afirmó Rizzo.
Mientras que el número de personas afectadas por el conflicto en Colombia se triplicó durante 2025, actores humanitarios solo reportaron haber recibido el 25 por ciento de los recursos necesarios para la asistencia humanitaria. Esta falta de fondos no es una mera consecuencia; es una causa de más víctimas. “La falta de ayuda a tiempo y sostenida obliga a las familias a regresar a zonas de alto riesgo, exponiendo a niñas y niños al reclutamiento y coaccionando a los adultos a participar en economías ilícitas, lo que profundiza su sufrimiento y prolonga el ciclo de la violencia”, dijo Riz.
