Considerando que 3.000 personas se han desplazado en el Pacífico colombiano, durante las primeras dos semanas de enero, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) hace un llamado a las autoridades para que intensifiquen el apoyo a las víctimas de desplazamiento masivo y confinamiento en los territorios afectados por el conflicto armado.
“Me preocupa ser testigo de cómo miles de mujeres,
hombres y niños que viven en zonas remotas de Colombia se enfrentan a nuevas
oleadas de desplazamiento, violencia y confinamiento forzoso en el inicio de
este año. Hacemos un llamado a las autoridades, particularmente a las y los
alcaldes y gobernadores recientemente posesionados en la región del Pacifico,
para que continúen con su obligación de brindar ayuda a las víctimas del
conflicto armado”, dice Giovanni Rizzo, director país NRC Colombia.
En los primeros quince días de 2024, medios de
comunicación y lideres comunitarios han informado sobre hechos violentos y
altamente preocupantes en la región. Según datos preliminares de las
autoridades locales y de OCHA, el escalamiento del conflicto en la zona obligó
a más de 3.000 personas a huir de sus hogares y otras 10.000 permanecen
confinadas en sus casas -método utilizado por los grupos armados para controlar
los territorios-.
“Estas comunidades vulnerables no deben ser
abandonadas. Las autoridades deben proporcionar a las comunidades el acceso a
la ayuda humanitaria tan necesaria para salvar vidas y a los servicios
esenciales, como la educación y la salud. Todas las partes en el conflicto
deben rendir cuentas de sus actos”, declaró Rizzo.
En los municipios de Olaya Herrera y Samaniego en el departamento de Nariño, enfrentamientos armados obligaron a huir a más de 3.000 personas. Los medios de comunicación también informaron de desplazamientos masivos en el departamento de Valle del Cauca. Además, en el departamento de Chocó, más de 9.000 personas fueron confinadas desde noviembre de 2023 debido a enfrentamientos armados y amenazas de muerte a civiles. La situación también es preocupante en el municipio de Juradó, donde más de 1.000 personas permanecen confinadas en su propio territorio.
“La esperanza de paz entre las comunidades que luchan por llevar una vida normal y libre de violencia debe garantizarse en la aplicación de los acuerdos de las actuales negociaciones de paz, incluido el compromiso de respetar el derecho internacional humanitario”, declaró Rizzo.
