Tras los enfrentamientos en el nordeste del departamento de Antioquia, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) hace un llamado urgente a los actores armados para que tomen medidas concretas que pongan fin a los confinamientos de las comunidades y garanticen el acceso de los actores humanitarios para brindar asistencia.
“Las familias confinadas están viviendo un ciclo de zozobra y temor permanente, sin poder moverse libremente y sin acceder a servicios o bienes básicos como alimentación, educación o salud. Reiteramos nuestro llamado para que todas las partes del conflicto acuerden poner fin a estas prácticas y respeten el Derecho Internacional Humanitario”, dijo Giovanni Rizzo, director país NRC Colombia.
En las primeras semanas de 2024, una serie de enfrentamientos provocó un aumento drástico de personas confinadas en el municipio de Segovia, cerca de 3.500 personas han sido obligadas a permanecer en sus hogares. Esta práctica utilizada en varias áreas de Colombia es realizada por actores armados no estatales para ejercer control sobre los territorios y comunidades enteras, violando el derecho de las personas a circular libremente.
En los recientes eventos, grupos armados han confinado a las comunidades de Rancho Quemado, El Aguacate, La Manuela, Arenales y la comunidad indígena Tagual La Po, según datos preliminares de OCHA y autoridades locales. Estas comunidades también enfrentan amenazas a la seguridad.
La comunidad indígena Tagual La Po ha sido especialmente afectada por el conflicto durante un período prolongado, está confinada desde junio de 2023. La continuidad del conflicto armado en el departamento de Antioquia está relacionada con la creciente inestabilidad en los departamentos de Bolívar y Antioquia.
A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 y los avances logrados en las negociaciones actuales, el conflicto armado en Colombia continúa sin dar tregua en varias zonas del país. Con frecuencia se denuncian confinamientos forzados de comunidades rurales, que a menudo duran meses.
“La situación en Segovia no es un hecho aislado. Los confinamientos forzados continuaron incrementándose en el 2023 y no hay indicios de su disminución en el 2024. Las comunidades remotas que soportan las devastadoras repercusiones de estas restricciones de movimiento merecen el restablecimiento inmediato de sus derechos a la protección y la asistencia humanitaria”, dijo Rizzo.
