Muchos centroamericanos, a pesar de ser deportados en la frontera mexicana a principios de este año, se están embarcando nuevamente en un peligroso viaje en busca de seguridad.
“Fui deportado, pero decidí volver a huir. Trataré de llegar a los Estados Unidos tantas veces como sea necesario porque mi país no es seguro para mí», dijo Oscar, quien ha tratado de huir de Honduras, su país de origen, seis veces desde 2018 como consecuencia de amenazas de muerte.
Desde San Pedro Sula en Honduras han salido dos caravanas hacia México y los Estados Unidos en lo que va del año. Según informes, algunas personas que participaron de la última caravana, que partió el 31 de enero, ya habían estado presentes en la primera caravana que salió a principios de este año; esas personas habían sido deportadas.
“Algunos centroamericanos deben tomar decisiones imposibles; huir de nuevo bajo circunstancias peligrosas y correr el riesgo de secuestro, abuso o muerte a manos de grupos del crimen organizado o permanecer en sus países de origen y enfrentar la violencia que amenaza la vida y la pobreza extrema», dijo Dominika Arseniuk, Directora de País del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).
Para evitar las estrictas medidas de seguridad fronteriza implementadas recientemente por Guatemala y México, bajo la presión de los Estados Unidos, las personas desesperadas ahora viajan en grupos más pequeños y dispersos a pie, en camiones y autobuses.
“Con situaciones similares a las de un conflicto en sus países de origen, las mujeres embarazadas, menores y ancianos eligen emprender el peligroso viaje hacia México y los Estados Unidos una y otra vez. A lo largo de la ruta la población necesita comida, refugio seguro y asistencia médica, pero sobre todo necesitan protección”, dijo Arseniuk.
Los Estados están obligados a respetar el principio fundamental de no devolución descrito en el Derecho Internacional de los Refugiados. NRC, a través de su presencia permanente en el Centro para Migrantes Retornados en La Lima, Honduras, ha identificado y asistido a personas deportadas con necesidades de protección que han hecho parte de las caravanas.
“Nadie que necesite protección internacional debe ser deportado de regreso a Honduras o El Salvador, donde sus vidas pueden estar amenazadas directamente. Las autoridades de Estados Unidos y México deben garantizar, a las personas que huyen por su seguridad, el derecho de exponer su caso y solicitar asilo”, agregó Arseniuk.
