En medio de las dificultades y el dolor que causa el impacto del conflicto armado en las comunidades, el acceso a la información se convierte en el primer paso hacia la reparación. Para muchas mujeres y hombres que lo han perdido todo, conocer sus derechos a través de las trabajadoras de la Unidad para las Víctimas no es solo un trámite administrativo, sino la apertura de una puerta hacia la protección y la dignidad que les fue arrebatada por la violencia. 

Una de estas valientes mujeres, tras recibir orientación sobre las medidas de reparación a las que tiene derecho, imagina el impacto de la compensación económica que recibirá por haber sido víctima de la violencia. Con determinación, comparte que su anhelo es mejorar la casa que hoy protege a los suyos: una estructura de tablas de madera que ha logrado sostenerse en pie, pero que no es suficiente para garantizar su seguridad. 

Ella piensa reemplazar las tablas por ladrillos en su casa y comprar un techo firme que no ceda ante las lluvias que se repiten en su territorio. Para ella, estos recursos no representan solo dinero, sino la oportunidad de construir un hogar resiliente donde el miedo a la intemperie y el recuerdo del desplazamiento forzado den paso a la estabilidad de un hogar seguro. 

Personal humanitario apoya a la unidad de víctimas en la información y orientación a quienes han sido afectados por el conflicto. Foto NRC/David García.

Para los trabajadores que brindan servicios a la población afectada por el conflicto, estas jornadas son una oportunidad única para transformar la realidad de las víctimas, especialmente para las personas que no tienen los recursos económicos para transportarse hacia las ciudades donde están las instituciones del Estado.

Alejandra se prepara para brindar información y orientación a las personas que fueron afectadas por el conflicto armado.

La labor de quienes brindan asistencia a las víctimas del conflicto -que vienen de áreas lejanas y que no pueden transportarse a los lugares donde usualmente trabajan- es fundamental para garantizar el acceso a los derechos de la población. Por ejemplo, personas que sufrieron como consecuencia del asesinato de un familiar como consecuencia del conflicto armado lograron iniciar su proceso de registro como víctimas; allí, la gestión humana del personal que les asiste es vital para asegurar que su dolor sea reconocido y atendido por el Estado. 

Personal humanitario explica a la población local cómo acceder a los servicios de educación, salud, registro o atención para las víctimas durante esta jornada especial.

La labor de liderazgo en estos entornos es un puente crítico entre el abandono y la esperanza. Elsi dice que el apoyo de las organizaciones internacionales es fundamental para dar bienestar a su comunidad y proteger a quienes habitan en los rincones más apartados de Ricaurte. “Que nos sigan apoyando”, pide con determinación, convencida de que cada acción de información y asistencia no solo mitiga los riesgos del conflicto, sino que siembra las bases de una comunidad más fuerte, informada y capaz de reclamar su lugar para alcanzar la reparación integral.  

Protección, soluciones, esperanza 

La labor de las organizaciones humanitarias en Colombia no se limita a la entrega de ayuda en emergencias; se trata de construir, junto con las comunidades, soluciones que permanezcan en el tiempo y devuelvan la dignidad a las familias. Entendemos que la recuperación de un territorio afectado por el conflicto debe ser integral, por eso trabajamos para fortalecer la seguridad alimentaria mediante huertas comunitarias y capacitación técnica que permiten a los hogares ser más resilientes.  

Como dice la gobernadora Elsi Marín, "el bienestar comienza por lo básico: el acceso a agua segura a través de la instalación de tanques y la mejora de sistemas de saneamiento". Esto garantiza que las niñas y los niños crezcan en entornos saludables, seguros, con educación y protegiéndolos de enfermedades y devolviéndoles la estabilidad perdida por el conflicto armado. 

Paralelamente, orientamos nuestros esfuerzos en sanar las heridas emocionales que deja la violencia, brindando asistencia y vinculando a las comunidades rurales con los servicios del Estado. Además, fortalecemos los conocimientos de las comunidades para que conozcan sus derechos y brindamos ayuda legal para que las familias obtengan sus documentos de identidad, exijan sus derechos como víctimas y puedan gozar efectivamente de los servicios del Estado. Implementamos acciones para fortalecer la autoprotección comunitaria, dotando a líderes y vecinos de los conocimientos necesarios para identificar riesgos y actuar de manera organizada ante las amenazas. 

Hay personas que caminan durante horas por caminos difíciles para asistir a estas jornadas de atención donde pueden finalmente exigir sus derechos.

Al final del día, el impacto de esta respuesta integral se refleja en el cambio de vida de personas que, tras caminar horas para buscar apoyo, encuentran un camino hacia la reparación. Cuando una familia logra registrarse como víctima o un joven accede a la educación, estamos transformando el miedo en autonomía. Como lo expresa la comunidad: aprender a reconocer los riesgos y utilizar estratégicamente las redes de apoyo es lo que permite a las familias actuar a tiempo para evitar nuevos desplazamientos forzados, asegurando que el arraigo y la esperanza vuelvan a ser el corazón de sus hogares en medio de las dificultades. 

Estas acciones son posibles gracias al apoyo de la acción humanitaria del Consorcio MIRE+, financiado por la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).  

El consorcio MIRE+ es un mecanismo de respuesta de emergencia conformada desde el año 2020, liderado por el Consejo Noruego para Refugiados en asociación con Acción Contra el Hambre y Médicos del Mundo quienes brindan ayuda humanitaria y contribuyen a la recuperación temprana de comunidades recientemente desplazadas, confinadas o en situaciones humanitarias complejas como consecuencia del conflicto armado y los desastres en Colombia. 

Personas adultas mayores que han sido afectadas por el conflicto buscan apoyo para acceder a las ayudas del Estado. El acceso a sus derechos no sería posible sin estas jornadas especiales.