Ha pasado más de un año desde que el gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz, pero el proceso sigue siendo frágil. Asegurar el acuerdo fue una tarea vital para el futuro de las nuevas generaciones en Colombia, pero la anhelada paz continúa estando acompañada de incertidumbres.
El 2018 es un año transcendental para el país. Las elecciones de Congreso, llevadas a cabo en marzo; y las presidenciales, en mayo, han trasladado la atención hacia temas de interés nacional, incluyendo asuntos relacionados con la continuidad del acuerdo de paz. Sin embargo, es importante que el país atienda diez asuntos que desafían la paz:
1. El conflicto continúa
La implementación del acuerdo no ha generado cambios positivos en algunos territorios. Un nuevo escenario de violencia se ha desencadenado en el país, representando riesgos para la población civil y para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En muchas áreas previamente controladas por las FARC-EP, el conflicto armado no ha cesado. La reconfiguración de las fuerzas por el control de los recursos naturales y los negocios ilícitos amenazan a los territorios y a la paz, especialmente en el área rural. Hoy, en al menos un tercio de la geografía nacional, hay personas que siguen teniendo grandes necesidades humanitarias.
2. Las instituciones del Gobierno deben comprometerse más
En Colombia aún existen áreas remotas, afectadas por el conflicto, que no han sido atendidas por el Gobierno Nacional y donde la presencia institucional es casi nula. Hay gobernaciones, alcaldías y las entidades descentralizadas que carecen de los recursos y la capacidad suficiente para asegurar la paz territorial. En particular, se deben fortalecer las medidas de protección para las comunidades rurales, con especial atención a las poblaciones indígenas y afrocolombianas, que se encuentran entre las más vulnerables.
3. Más de 7 millones de personas son desplazados internos
En el 2017, la violencia y la falta de medidas de protección condujeron a un aumento del 53 por ciento en los datos asociados con el desplazamiento masivo, en comparación con el año anterior. En el primer trimestre de 2018 hubo incremento del 50% en el número de personas que fueron desplazadas masivamente en comparación con el año 2017. Según OCHA, cerca de 139,000 personas fueron desplazadas en 2017. Los afrocolombianos y los grupos indígenas se vieron especialmente afectados por los combates que obligan a las personas a huir: el 79 por ciento de las poblaciones desplazadas totales pertenecen a estas comunidades.
4. Los líderes locales están siendo asesinados
Un muy preocupante número de líderes locales y activistas de derechos humanos han sido asesinados. Desde el 2016 se han presentado casi 300 homicidios a líderes, según el Defensor del Pueblo. Otros temen que el número sea aún mayor. Los departamentos más afectados por estos hechos son Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Tolima.
5. Las FARC-EP dejaron sus armas, pero la incertidumbre continúa
Excombatientes de las FARC-EP han cumplido con las obligaciones estipuladas en el acuerdo de paz: Han abandonado sus armas y han dejado de ser un grupo guerrillero y se ha conformado un partido político. Sin embargo, los retrasos en la aplicación de la reincorporación política, social y económica, son evidentes. Hay comunidades que se sienten frustradas por la falta de garantía para que sus derechos sean respetados y es urgente que los complejos mecanismos de justicia transicional funcionen a plenitud y no dejen lugar a dudas en su implementación.
6. Las negociaciones con el ELN requieren que se supere la etapa de fragilidad
El gobierno y el grupo armado ELN (Ejército de Liberación Nacional) han estado en conversaciones formales de paz desde febrero de 2017 y hasta el momento, a parte del cese de fuego bilateral, las partes no han logrado avances significativos en la negociación, que se ha visto afectadas por las violaciones a los derechos humanos y las acusaciones sobre infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han ocurrido desde que terminó el cese al fuego. El des-escalamiento del conflicto es urgente.
7. Las víctimas deben sentir el impacto positivo inmediato de la paz
9 de cada 10 personas desplazadas por la guerra interna colombiana no han recibido la compensación prometida por los crímenes cometidos contra ellos. Los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición siguen sin ser la prioridad de la nación. Además, la implementación de la restitución de tierras en virtud de la Ley de Víctimas avanza de manera lenta, debido a la falta de recursos económicos y de seguridad.
8. Colombia tiene una economía estable, pero la desigualdad sigue siendo alta
De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, Colombia ocupa el puesto 95 entre los países más desiguales del mundo y, según el Banco Mundial, es el 3er país América Latina con mayor desigualdad, después de Honduras y Haití. El 80 por ciento de los desplazados viven por debajo del umbral de la pobreza. De este grupo, el 30 por ciento vive en la pobreza extrema. Las personas desplazadas se enfrentan a dificultades particulares, como bajo acceso a vivienda y pocas oportunidades de generar ingresos.
9. La educación segura en las áreas rurales no puede esperar más
Las escuelas han estado y siguen estando sujetas a ataques y a diversas manifestaciones del conflicto. Este año, más de 10 mil niños y niñas han tenido que suspender temporalmente su educación como consecuencia del conflicto armado. Colombia debe fortalecer su compromiso para hacer de los espacios educativos entornos protectores y seguros, sobre todo en las zonas rurales. Firmar la declaración de escuelas seguras es un paso importante para promover acciones que se transformen en rápidos dividendos de paz.
Hoy hay una diferencia de tres años en los niveles de aprendizaje entre niños y niñas del mismo grado en áreas urbanas y rurales. Romper el ciclo de la violencia requerirá oportunidades educativas para los niños y los jóvenes, que aún son especialmente susceptibles de ser reclutados por grupos armados.
10. El nuevo mandato presidencial deberá acoger la implementación de los acuerdos de paz
La situación económica general, la corrupción y la seguridad ciudadana han demostrado estar siempre presentes en el debate electoral. La implementación del acuerdo de paz y su continuidad deben seguir siendo la prioridad del debate nacional. Colombia y los colombianos deben asegurar que se extinga el conflicto armado y que los dividendos de paz lleguen a todos los sectores y territorios en el país.
En este contexto y, teniendo en cuenta la situación actual de Colombia, es necesario que el país continúe con su compromiso de construcción de una paz estable y duradera, fruto de la negociación y la concertación. El apoyo de la comunidad internacional es fundamental para que la paz se consolide y no se vea comprometida.
Nota para los editores
- NRC tiene portavoces en Colombia para entrevistas en inglés, noruego y español.
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