Contexto Humanitario de Vaupés, Colombia

Este documento resume la situación humanitaria en el departamento de Vaupés, según las observaciones realizadas por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en visitas de evaluación y respuesta a necesidades humanitarias.

Introducción

Vaupés es un departamento de la región amazónica colombiana, localizado en la frontera con Brasil. Su población es de 44.700 personas , 71% habita en áreas rurales y 82% se auto-reconoce como indígena.

La extensión de Vaupés es de 54.100 km, y el 87,5% de su territorio ha sido declarado como resguardos indígenas.Es uno de los departamentos menos poblados del país, con una densidad poblacional de 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado. La mitad del territorio del departamento no tiene una división político administrativa reconocida por el Estado, por lo que la presencia de instituciones estatales es limitada o nula, especialmente en las áreas rurales. En el territorio permanecen grupos armados no estatales que realizan actividades ilícitas y utilizan el territorio como corredor hacia Brasil.

Desde 2019, la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de NRC ha visitado distintas comunidades de los municipios de Mitú, Carurú y Taraira, y de las Áreas No Municipalizadas de Pacoa y Papunaua, para monitorear y dar respuesta a situaciones humanitarias ligadas al conflicto armado, a la emergencia por COVID-19 y a desastres socio-naturales. Además, la URR – NRC ha consolidado espacios de coordinación con organizaciones humanitarias e instituciones en el territorio para promover una respuesta humanitaria oportunidad y contextualizada.

Situación humanitaria

Principales características del contexto humanitario:

1. La presencia de grupos armados en el territorio y su control de algunas vías fluviales afectan individual y colectivamente a la población civil del departamento. Los principales impactos del conflicto son: reclutamiento forzado y uso de menores, amenazas selectivas y colectivas, desplazamientos individuales, violencia sexual y restricciones a la movilidad. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 12.140 personas (32% de la población) han sido víctimas del conflicto armado en Vaupés desde 1985. Las afectaciones proporcionales superan el porcentaje nacional (19%) .

2. Por ser una zona de difícil acceso, sin vías, medios de comunicación, ni presencia institucional en las zonas rurales, las dinámicas del conflicto armado y de violencia de género se desarrollan de forma silenciosa. A pesar de que NRC ha evidenciado que los casos de reclutamiento forzado de menores de edad es una de las afectaciones más frecuentes, en UARIV, sólo 42 personas han declarado ser víctimas de Vinculación de Niñas, Niños y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados en Vaupés desde 19855 . Aunque la victimización por el conflicto armado (32%) es alta y supera el porcentaje nacional, el sub-registro de estos hechos es muy alto.

3. La falta de vías, la baja densidad poblacional y las distancias entre comunidades dificultan la presencia permanente o periódica de instituciones gubernamentales y organizaciones humanitarias. Por tanto, las necesidades humanitarias intersectoriales son altas y tienen una respuesta ilimitada. Según el Humanitarian Needs Overview 20216 , el 61% de la población del Vaupés tiene necesidades humanitarias, y la severidad intersectorial de éstas en todos los municipios y Áreas No Municipalizadas oscila entre 4 y 5 (extrema y catastrófica).

Necesidades humanitarias

Protección

En varios puntos rurales y urbanos del departamento, principalmente en las rutas fluviales y corredores terrestres, hacen presencia diferentes grupos armados no estatales ligados a la presencia de economías ilegales: explotación de recursos naturales, contrabando, extorsión, retenes ilegales fluviales, hurto, cultivos declarados de uso ilícito, y tráfico de estupefacientes. Su presencia y sus acciones generan desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, extorsiones, restricciones a la movilidad, combates, riesgos de violencia sexual y reclutamiento forzado y uso de menores de edad.

Además, la presencia de grupos armados estatales dentro de comunidades indígenas rurales genera escenarios de riesgo de violencia sexual y de conversión de la población civil en blanco militar.

Por otro lado, en algunas zonas del medio río Vaupés, miembros desmovilizados del grupo armado ilegal de la zona están regresando a sus territorios. Y, en este marco, los ataques de grupos armados contra excombatientes generan temor y riesgos de ataque a las comunidades de acogida.

El último caso de desplazamiento forzado masivo conocido en el departamento fue el de la comunidad indígena Puerto Limón (jurisdicción municipal de Mitú). Éste fue causado por el homicidio de un combatiente dentro de la comunidad, amenazas e intimidaciones de parte de un grupo armado en febrero de 2020. La comunidad retornó dos meses después y éste hecho no fue declarado. Además, en zona urbana de Carurú, en 2020 fue encontrada y desactivada una Mina Antipersonal (MAP), lo cual es un indicador contaminación por armas.

Las personas que han sido víctimas de ataques contra la población civil, en la mayoría de los casos, no declaran los hechos victimizantes por la falta de presencia institucional en las áreas rurales, incapacidad de trasladarse hasta las instituciones, desconocimiento de las rutas de atención, alta rotación de personal en las entidades y falta de seguimiento a los casos, desconfianza ante las instituciones, y temor a represalias por la incapacidad acceder a mecanismos protección estatal.

Violencia Basada en Género

En materia de género, NRC ha evidenciado casos frecuentes de diferentes tipos de Violencia Basada en Género y la naturalización de estas conductas. En general, las VBG no son denunciadas por las mujeres, dado que se desconocen las rutas de denuncia y atención, no encuentran respaldo familiar ni comunitario para hacerlo, y no hay presencia ni respuesta institucional. Mujeres en diferentes zonas, como Pacoa y Carurú, han desarrollado mecanismos de autoprotección y cuidado mutuo para prevenir las violencias sexuales y físicas en su contra.

La violencia sexual de parte de grupos armados y dentro de las comunidades contra mujeres, niñas y niños es una situación habitual. Los escenarios más frecuentes en este tipo de violencia son los internados escolares y las mismas viviendas, y los perpetradores son, generalmente, autoridades religiosas o escolares, miembros de la comunidad y la familia, y grupos armados. En esta misma materia, los embarazos a temprana edad son frecuentes en todo el departamento, y en algunas zonas aún se dan matrimonios forzados e infantiles. Estas situaciones configuran socialmente a las niñas y adolescentes como mujeres, con obligaciones laborales y domésticas, por lo que se presentan altos niveles de deserción escolar femenina. Además, NRC conoció de presuntas dinámicas de explotación sexual de niñas y adolescentes en zonas de Carurú y Taraira. Por ejemplo, en comunidades del Alto Carurú, en los límites con Guaviare, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial, temporalmente entregadas por familiares a colonos con vínculos con grupos armados y narcotraficantes.

Por otro lado, NRC también ha identificado casos de violencia física y psicológica intrafamiliar, que son comúnmente ligadas al alto consumo de alcohol. La violencia intrafamiliar contra mujeres, niñas y niños además se han intensificado en las zonas urbanas con las medidas de aislamiento preventivo decretadas ante la pandemia por COVID-19.

La violencia económica y política, producto de la relación de poder forjada entre hombres y mujeres, es igualmente usual. Por lo general, los recursos económicos familiares y los recursos comunitarios, así como las decisiones individuales y colectivas, son manejados por los hombres. Las mujeres tienen una escasa participación en este tipo de decisiones y encuentran diferentes tipos de barreras para ejercer roles de liderazgo, como la sobrecarga de labores y la falta de apoyo familiar y comunitario.

La poca participación de mujeres en la vida pública y la deliberación de las comunidades de las zonas urbanas y rurales genera que los problemas de género no sean considerados importantes y no se tenga ninguna apuesta comunitaria para prevenirlos. Hay propuestas de la Gobernación Departamental, de mujeres lideresas y de algunas organizaciones comunitarias por consolidar mecanismos de protección y acompañamiento mutuo entre mujeres.

En los casos particulares de VBG conocidos por NRC, la Organización ha activado las rutas de denuncia y atención ante las instituciones correspondientes, y ha acompañado a las víctimas y sobrevivientes durante el proceso a través de las diferentes estrategias de protección.

Reclutamiento forzado y uso de menores

Dentro de los impactos particulares por las dinámicas del conflicto armado, llama particular atención las afectaciones a adolescentes y jóvenes ligadas con los eventos de reclutamiento forzado y uso, presentes alrededor de vías fluviales del departamento. Este tipo de hecho victimizante en el departamento ha sido alertado en diferentes ocasiones por la Defensoría del Pueblo. Las alertas más recientes sobre el tema fueron emitidas en 2018 sobre el Área No Municipalizada (ANM) de Pacoa, al sur del departamento, y en 2019 sobre el ANM de Papunaua, al norte. Recientemente NRC ha identificado casos de reclutamiento forzado principalmente en los municipios de Mitú (zonas rurales), Carurú y Taraira.

Los casos de reclutamiento forzado en Vaupés están principalmente ligados a los internados escolares, lugares donde niñas, niños y adolescentes de otras comunidades estudian sin acompañamiento familiar. En las comunidades del ANM de Papunaua, aunque no hay escuelas ni internados para cursar el bachillerato, adolescentes y jóvenes han sido víctimas de reclutamiento forzado dentro de la comunidad. La situación de esta ANM es particular, dado que se evidenció el desarraigo como mecanismo de protección: adolescentes y jóvenes parten hacia Mitú, Guaviare y Guainía para evitar ser víctimas de reclutamiento forzado y uso.

Otra forma común de reclutamiento en el departamento es en los trayectos que recorren Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) para llegar a sus escuelas y a las zonas de cultivo o pesca, por caminos terrestres o fluviales.

La pandemia por COVID-19 y el consecuente cierre de escuelas e internados escolares incrementó el riesgo de deserción escolar y de vinculación a grupos armados en zonas rurales y urbanas.

En todo el territorio de Vaupés NRC ha identificado una naturalización del reclutamiento forzado cuando la vinculación de los menores no se realiza bajo amenaza. Por esta razón y las ya expresadas previamente, las familias y comunidades no denuncian este hecho victimizante aunque ocurre frecuentemente.

Al respecto es importante recordar que aunque “el reclutamiento de [menores de edad] en Colombia no siempre ha estado acompañado de hechos violentos como la amenaza directa o la intimidación a la comunidad”, “no  existe  y  no  puede  existir  una  vinculación  voluntaria  de menores al conflicto armado. Por el contrario, ésta siempre se encuentra condicionada a factores externos  que  obligan  al  menor  a  vincularse  a  la  dinámica  de  la  guerra”, incluso cuando ésta se realiza de forma “voluntaria”. En este sentido, el Código Penal colombiano establece el delito de reclutamiento como cualquier vinculación de menores de 18 años, para participación directa o indirecta en hostilidades o acciones armadas, y la penalización de este delito aplica tanto para alistamiento “voluntario”, como para la vinculación bajo coacción. De la misma manera, la Ley de Víctimas reconoce a todos los menores vinculados a grupos armados como víctimas, y la Unidad para las Víctimas considera en el hecho victimizante Vinculación de NNA a actividades relacionadas con grupos armados a todos los menores vinculados, entre otros, “a través de (…) engaño, abuso  del  poder,  abuso  de  una  situación de  vulnerabilidad, [y] ofrecimiento de pago o beneficios.

Acceso a derechos y organización comunitaria

La población indígena de Vaupés está organizada en 19 asociaciones zonales que agrupan a las Autoridades Indígenas del territorio en la Asociación de Autoridades Tradicionales del Gran Resguardo y Territorio Indígena del Vaupés AATI-CRIVA. En el marco de esta organización tradicional, las comunidades han expresado la importancia de consolidar expresiones organizativas de jóvenes y mujeres, que tengan en cuenta sus propias problemáticas, propongan soluciones y generen diálogos con las Autoridades Tradicionales para la implementación de propuestas de protección y fortalecimiento comunitario con enfoque etario y de género.

Aunque en algunas comunidades hay representantes u organizaciones de mujeres, el apoyo de las autoridades y las instituciones es insuficiente. Muchas lideresas han enfocado sus trabajos comunitarios en la prevención de VBG y el desarrollo de mecanismos de protección comunitarios. Es necesario fortalecer la contextualización de las rutas de atención a mujeres sobrevivientes de VBG al contexto de las zonas rurales, y difundir los mecanismos de identificación de las VBG, las rutas de atención existentes y los derechos de las mujeres.

En algunas zonas del departamento como Mitú y Papunaua existe una preocupación latente por la pérdida paulatina del conocimiento ancestral indígena desde el proceso de evangelización y educación del siglo XX. El debilitamiento de prácticas propias despoja a las comunidades de conocimientos en materia de seguridad alimentaria, salud y educación. En otras zonas como Pacoa y áreas rurales del río Vaupés y Carurú, aún se mantienen tradiciones que generan protección, y que, por ejemplo, ayudaron a la contención de las afectaciones a la salud por COVID-19 con tratamientos propios.

Las comunidades indígenas del Vaupés no suelen tener Guardia Indígena ni barreras físicas de acceso a las comunidades para evitar incursiones de grupos armados. Estos casos se tramitan a través de la justicia propia y, en algunas ocasiones, con la institucionalidad.

A nivel institucional, en el departamento, principalmente en zonas rurales, es evidente la insuficiente presencia estatal. Ante las distancias y las dificultades de acceso hacia la capital (donde se concentran las entidades) o hacia las cabeceras municipales de Carurú y Taraira, las comunidades tienen una nula conexión con las instituciones. Esto genera barreras de acceso a derechos, a rutas de atención y protección, y desconfianza. Generalmente, en las zonas rurales el vínculo de la población con las instituciones se da únicamente a través de las escuelas o internados (que se encuentran en comunidades centrales) y de las brigadas de salud móviles que les visitan.

En temas relacionados con hechos victimizantes, es necesario fortalecer el conocimiento comunitario sobre las rutas de atención y reparación integral para las víctimas. En Vaupés, NRC ha conocido casos de personas víctimas del conflicto (desplazamiento forzado, amenazas, homicidio, secuestro y reclutamiento) que nunca han declarado, o que, aunque declararon, desistieron del proceso o no saben nada del progreso de éste. A las causas del sub-registro previamente planteadas, se suma la falta de respuesta institucional por incapacidad de establecer comunicación con las víctimas (no hay teléfonos, Internet ni correo postal). El nivel de sub-registro de los hechos victimizantes y la escasa atención y reparación a las víctimas son preocupantes.

Educación

En la mayoría de comunidades hay únicamente acceso a educación primaria; por lo general, con un(a) único(a) docente para los 5 grados (primero a quinto). Los únicos espacios educativos donde se puede cursar el bachillerato fuera de Mitú, son los internados escolares que se encuentran en las cabeceras municipales de Carurú y Taraira, y en las comunidades de mayor tamaño. NNA -de poblaciones pequeñas o medianas- deben trasladarse al internado más cercano o a la capital para cursar la secundaria. En los internados se evidencian altos niveles de en hacinamiento, poca iluminación y ventilación, y mal estado general de las infraestructuras por falta de inversión y mantenimiento.

Como consecuencia, además de la baja cobertura escolar, los niveles de deserción después de quinto grado son alarmantes: la cobertura neta en educación primaria es de 55 por ciento, en secundaria de 30 por ciento y en media del 13 por ciento. Adicionalmente, la falta de lazos familiares expone a los NNA a riesgos de reclutamiento forzado, consumo de Sustancias Psico-Activas (SPA), violencia sexual y suicidio.

NRC ha evidenciado que el riesgo de deserción escolar es mayor en niñas y mujeres adolescentes, dado que, tras la menarquia o los casos de embarazos o matrimonios a temprana edad, son consideradas mujeres y deben hacerse cargo de las tareas domésticas y productivas. Sumado a esto, también se ha evidenciado que la falta de productos aptos y de educación para la Salud e Higiene Menstrual genera que niñas y mujeres adolescentes no asistan a la escuela durante su menstruación, incrementando el riesgo de deserción escolar femenina.

En las escuelas, a pesar de la preponderancia de NNA indígenas, los currículos de estudio son proporcionados por el Ministerio de Educación y carecen de un énfasis etno-educativo. Sumado a esto, la falta de recursos para la educación en estas zonas limita la dotación pedagógica y material de los centros educativos, la mejora y el mantenimiento de infraestructuras, la contratación docente y la oferta de transporte escolar.

Además de esto, en materia de infraestructura escolar, es preocupante el mal estado de las estructuras rurales y la insuficiencia de aulas; así como la falta de comedores, espacios para la recreación, cocinas escolares adecuadas, infraestructuras para la educación preescolar, baterías sanitarias y espacios para el aseo y la privacidad. En particular la inexistencia de estos últimos espacios genera que NNA tengan que ir a zonas selváticas y a los ríos para defecar o asearse, siendo uno de los factores que expone a NNA a riesgos de violencia sexual y reclutamiento forzado.

Durante 2020, a causa de la pandemia por COVID-19, varios internados cerraron sus puertas. La falta de vías, medios de comunicación y conectividad generó que, en la práctica, esto significara el cierre de las actividades escolares en varias zonas rurales. Esta situación incrementa la deserción escolar y las amenazas de reclutamiento forzado y vinculación, ante la falta de ocupación de NNA. La mayoría de instituciones educativas del departamento han tenido dificultades para retomar las clases presenciales, debido a que no cuentan con la infraestructura exigida (aulas y lavamanos) a nivel nacional para este propósito.

Por otro lado, en el marco de la emergencia por COVID-19, la alimentación escolar ha sido entregada por remesas personales para cada NNA. Sin embargo, las familias de varias comunidades han manifestado que las porciones son muy pequeñas, no tienen la periodicidad supuesta y, a veces, llegan en mal estado. Algunas comunidades afirman que durante todo 2020 sólo recibieron una o dos raciones mensuales, quedando desprovistas de una alimentación infantil con la que antes contaban. Al mismo tiempo, NRC ha evidenciado que los menús escolares se basan en alimentos no perecederos y ultra-procesados. En este marco, es importante tener en cuenta la oportunidad de incluir alimentos tradicionales y naturales, que apunten al fortalecimiento de la producción comunitaria y al mantenimiento de la cultura alimentaria.

En las zonas rurales de Vaupés es necesario promover la educación superior y la formación en oficios, que permitan dar oportunidades educativas, laborales, deportivas y artísticas a la juventud. Estas formaciones mejorarían el uso del tiempo libre y funcionarían como factores de protección y prevención ante los fenómenos de reclutamiento forzado, suicido y consumo de SPA.

Salud

En el departamento hay un hospital Nivel I, de baja complejidad, con sede principal en Mitú, y dos sedes complementarias en las cabeceras municipales de Carurú y Taraira. Algunas comunidades rurales cuentan con puesto o centro de salud. Sin embargo, sus infraestructuras se encuentran en mal estado, y padecen escasez de medicamentos, de elementos básicos para funcionamiento (nevera, comunicación, ventiladores, camillas) y de personal profesional en salud. Incluso en algunos lugares como la comunidad de Buenos Aires, Pacoa, la infraestructura del puesto de salud está deteriorada y está desprovista de personal, por lo que no está en funcionamiento.

La atención en salud de las comunidades rurales se realiza principalmente a través de jornadas de atención móviles. No obstante, la población manifiesta que este tipo de atención no tiene una periodicidad establecida, no ofrece seguimiento ni tratamientos oportunos y es insuficiente para los controles pre y post-natales, de enfermedades crónicas o casos de desnutrición. La atención de síntomas asociados a COVID-19 han sido tratados únicamente a través de medicina tradicional.

Incluso la situación del Hospital Departamental en Mitú es preocupante, en tanto éste también tiene deterioros en la infraestructura, y no cuenta con insumos ni elementos necesarios para la atención de toda la población. Esta situación es aún más compleja en el marco de la COVID-19: el Hospital no cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos y ha presentado altos niveles de contagio. En Taraira el escenario es preocupante debido a que el flujo comercial y de personas con Brasil es alto, y hay riesgo de contraer la cepa brasilera.

Los principales problemas de salud de las comunidades rurales están asociadas al consumo de agua no segura: enfermedades gastrointestinales y diarreicas, y alergias y afecciones dermatológicas, principalmente en niños y niñas. En varias comunidades indígenas, NRC ha evidenciado casos frecuentes de desnutrición infantil. La tasa de mortalidad infantil del departamento es la más alta de todo el país (67,7 por cada 1.000 nacidos vivos) y es más de cinco veces superior a la de Bogotá. Personas adultas presentan frecuentes dolores musculares asociados a los excesos físicos en los trabajos cotidianos; y afecciones respiratorias ligadas al uso de leña como combustible. En lugares como Pacoa, en la frontera con el departamento de Amazonas, se presentan casos de dengue y malaria, y, en menor medida, de tuberculosis.

Algunas comunidades indígenas conservan prácticas de medicina tradicional con payés y tratamientos a base de plantas medicinales y prácticas espirituales propias. Otras han perdido estas tradiciones y, ante la carencia de presencia estatal en salud, están desprovistas de cualquier tipo de atención.

Alimentación y medios de vida

En Vaupés, de acuerdo al Índice de Pobreza Multidimensional, el 66,5% de la población es pobre, y este porcentaje aumenta al 80,1% de la población en áreas rurales y dispersas. En particular, son preocupantes los niveles de pobreza en las tres ANM, donde oscilan entre el 95% (Yavaraté) y el 98% (Pacoa y Papunaua).

En el departamento hay pocas fuentes de empleo formal, en las zonas urbanas, predominan los trabajos en entidades gubernamentales y en servicios. Estos últimos generalmente no se dan en el marco de los derechos laborales, y están ligados a bajos salarios, explotación laboral y discriminación hacia la población indígena. Las medidas para prevención de contagio por COVID-19 generaron cierres económicos, pérdidas de empleos y aumentaron las vulnerabilidades socioeconómicas durante todo 2020.

En las zonas rurales, las principales actividades económicas son las agropecuarias: agricultura, pesca y animales de consumo. Los procesos de comercialización son obstaculizados por la falta de vías, el alto costo del combustible, restricciones a la movilidad por vías fluviales, puntos de extorsión y retenes ilegales. Dentro de las familias es común el intercambio de alimentos para la diversificación de la dieta.

En zonas como Papunaua y Pacoa, las chagras están ubicadas lejos de las comunidades, y la presencia de actores armados en los caminos genera riesgos de violencia sexual para las mujeres y de reclutamiento forzado para niños y niñas que acompañan a sus madres.

La falta de planes de prevención y mitigación ante los ciclos climáticos genera que, en las temporadas de lluvia o sequía, se pierdan los cultivos o no sea posible pescar. En la mayoría de comunidades visitadas, NRC ha identificado problemas con el acceso constante y suficiente a alimentos, y ha conocido mecanismos comunes de afrontar la escasez como disminución de porciones, reducción de los tiempos de comida y priorización de algunos miembros de la familia, principalmente niños y niñas.

En las comunidades dispersas, por la falta de conexión con centros urbanos comerciales y la falta de dinero, el consumo de alimentos procesados es poco común. Esto ha protegido la dieta tradicional y ha impedido un deterioro mayor de la soberanía alimentaria. En áreas aledañas a las cabeceras municipales se ha evidenciado una transición alimentaria, mayor dificultad para conseguir alimentos y alto consumo de bebidas alcohólicas.

En Taraira y Carurú se ha perdido la soberanía alimentaria debido a que hace un lustro solían tenerse cultivos declarados de uso ilícito que fueron erradicados sin procesos de sustitución de cultivos. La pérdida de semillas y siembras ha impedido la recuperación de la producción alimentaria, generando riesgos de resiembra de cultivos declarados de uso ilícito ligados a grupos armados no estatales.

Por último, en Taraira también hay presencia de minería de oro, plata y tungsteno; cada vez más familias se vinculan a labores en las minas –legales o ilegales-, dejando sus prácticas culturales y la producción de alimentos. Esta situación ha generado desarraigo, quiebres en la soberanía alimentaria y pérdida de conocimientos ancestrales.

Agua, saneamiento e higiene

En las zonas urbanas, los hogares generalmente están conectados a los sistemas de acueducto y alcantarillado municipalizadas, sin embargo, el agua a la que acceden no es potable.

En las zonas rurales los hogares se abastecen principalmente de agua lluvia, manantiales o caños, y ríos, según la zona y la época del año. Es común que no haya suficientes elementos comunitarios y familiares para la consecución, el almacenamiento y el manejo adecuado del agua, así como el hecho de que no se utilice ningún método de potabilización. En algunas comunidades, como Virabazú, hay tanques potabilizadores para la provisión de agua segura, en este caso para la escuela.

La mayoría de hogares y escuelas rurales no cuentan con baterías sanitarias, por lo que la población defeca a cielo abierto o en los ríos, generalmente sin medidas de precaución para salud. La exposición de niñas, niños y mujeres a zonas selváticas para defecar y asearse genera riesgos de violencia sexual en las comunidades, principalmente si estas actividades se realizan durante las noches. Quienes cuentan con letrinas, tienen pozos sépticos o fosos simples que, por lo general, se encuentran en mal estado.

En el departamento no hay planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que los residuos del alcantarillado contaminan los cauces de los ríos. En algunas zonas urbanas, como en Carurú, hay estancamientos de aguas negras que generan altos niveles de contaminación y riesgos para la salud. La misma situación ocurre durante la temporada de lluvias en Mitú; en mayo de 2021, las aguas negras se rebosaron en los barrios Centro B, Cuervo Araoz, 7 de Agosto y 12 de Octubre, generando contaminación, y riesgos de infecciones y de proliferación de vectores.

En zonas rurales no hay mecanismos institucionales de recolección y tratamiento de residuos sólidos. La mayoría de comunidades organiza jornadas de quema de basuras. En éstas se incluyen las pilas que se usan comúnmente en las linternas, generando contaminación de aire, del suelo y de las fuentes subterráneas de agua con sustancias tóxicos.

En Vaupés, durante la emergencia por COVID-19, se evidenciaron escasas prácticas de hábitos de higiene saludables (como el lavado de manos) a causa de la falta de elementos para su promoción. En las comunidades indígenas rurales los elementos de higiene y de protección personal (jabón, desinfectantes, toallas de manos, tapabocas) son limitados o inaccesibles.

También allí es poco común el uso de productos de higiene y salud menstrual, por falta de costumbre y de posibilidad de acceder a estos. El uso extendido de trozos de tela no esterilizados, sumado a la falta de educación menstrual, genera riesgos de infecciones y hongos en niñas y mujeres. Además, NRC ha evidenciado ausencia de pedagogía higiene y salud menstrual, y salud sexual y reproductiva.

Alojamiento e infraestructura

Las cabeceras municipales y los centros poblados no cuentan con infraestructura destinada para la atención de emergencias humanitarias, por conflicto o desastres socio-naturales (albergues temporales). Familias desplazadas o con movilidad forzada por estas causas se alojan en viviendas de familiares y amistades, incrementando los niveles de hacinamiento. El caso más reciente se presentó en el marco de las inundaciones de Mitú en mayo de 2021, en las que 15 familias damnificadas por la inundación total de sus viviendas.

Las infraestructuras en las cabeceras municipales varían en materiales y métodos de construcción: tradicionales indígenas o modernos. En el centro poblado de Carurú gran parte de las viviendas son palafíticas[19] para prevenir afectaciones por los crecientes fluviales.

En las zonas rurales, los materiales y las técnicas de construcción son tradicionales -estructura y cerramientos en madera y cubiertas tejidas con palma-. Generalmente las comunidades indígenas cuentan con una maloca como espacio comunitario construido por ellas para la deliberación y unidad. En las zonas visitadas BRC ha evidenciado varias viviendas en mal estado, por la falta de recursos para el mantenimiento y mejoramiento de las estructuras. Además, se han evidenciado altos niveles de hacinamiento y casos frecuentes en los que una vivienda es habitada por más de un núcleo familiar. Por otra parte, NRC ha identificado carencia de elementos básicos de hábitat como toldillos, mantas, y elementos de cocina.

El acceso a servicios públicos es escaso. Algunas comunidades cuentan con paneles solares o plantas de combustible que les brindan iluminación, sin embargo, sólo el 11,5% de los hogares rurales tienen energía eléctrica. En las zonas rurales no hay antenas satelitales para comunicación telefónica o de Internet y, de hecho, sólo el 0,2% de la población del departamento tiene conexión a internet.

La falta de conectividad vial, la carencia de aeropuertos, los altos costos del transporte fluvial, los riesgos de protección, y la escasez de medios de comunicación en el departamento configuran al Vaupés como un área de difícil acceso.

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