“El nuevo presidente electo de Colombia debe garantizar oportunidades educativas a niños, niñas y jóvenes rurales para que puedan escapar del ciclo de reclutamiento forzado y la violencia”, asegura el Consejo Noruego para Refugiados.
La última etapa de las eleciones presidenciales en Colombia comenzará el 17 de Junio.
“El nuevo presidente de los colombianos debe reconocer que la educación será fundamental para poner fin a la violencia” dice Christian Visnes, director de país para el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Colombia.
Solo la mitad de los niños, niñas y jóvenes en áreas rurales que obtienen acceso a la educación van más allá de la escuela primaria. Esto significa solo cinco años de educación. Las principales razones son el desplazamiento forzado, la violencia, la interrupción del año escolar, la pobreza, las largas distancias entre las escuelas y sus hogares y la falta de profesores.
“Demasiados niños y niñas en Colombia no han estado en la escuela por años debido al confilcto. Lograr que estos niños y niñas regresen a la escuela será calve para asegurar la paz” dijo un profesor a NRC en un área rural de Tumaco en Colombia.
La desigualdad en la educación corresponde en gran medida a la división urbano-rural. Las áreas rurales han sido históricamente las más afectadas por el conflicto armado. Actualmente, hay una diferencia de tres años en los niveles de aprendizaje entre niños y niñas del mismo grado en las zonas urbanas y rurales.
Los niños, niñas y jóvenes que carecen de educación, continúan siendo presa fácil para los grupos armados no estatales en las áreas de los departamentos de Chocó, Norte de Santander, Nariño o Putumayo. “El nuevo presidente de Colombia debería redoblar la inversión del Gobierno para garantizar la educación de las zonas rurales más afectadas por el conflicto; un Plan Marshall para educación rural es necesario” dice Visnes.
El acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP representa una oportunidad histórica para los 8,2 millones de víctimas del conflicto armado. La implementación de los acuerdos deberá crear una posibilidad única para que los niños, niñas y jóvenes rurales puedan finalmente superar la crisis del desplazamiento forzado y ser capaces de volver a la escuela.
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