Cerca de 700 niños y niñas en El Tarra, Norte de Santander, fueron obligados a suspender temporalmente sus clases como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados.

“La realidad de muchos niños contrasta con la imagen positiva del acuerdo de paz”, advirtió Christian Visnes, director del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en Colombia.

En los primeros días de febrero, el fuego cruzado sobre una escuela en el Tarra generó temor en la comunidad estudiantil y obligó a las directivas a suspender las clases, como medida de protección. Adicionalmente, 176 personas huyeron de sus hogares como resultado de enfrentamientos y amenazas en el departamento de Norte de Santander.

En la región del Catatumbo, los enfrentamientos entre los grupos armados continúan afectando a las poblaciones cercanas en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El derecho internacional humanitario podría ser aplicado sobre los ataques a las instituciones educativas por parte de los grupos armados. “Nosotros, los gobiernos, los actores humanitarios, los donantes, tenemos la responsabilidad compartida de garantizar que las escuelas estén seguras y promover acciones para que la educación continúe durante los conflictos armados y el desplazamiento forzado”, dijo Visnes.

Alentamos al gobierno colombiano a adherir a la Declaración de Escuelas Seguras y garantizar que las escuelas sean protegidas; así como a implementar medidas estrictas contra aquellos que violen estos principios.

Según un reporte de NRC, el conflicto armado, agravado por la falta de la presencia estatal, limita severamente el derecho a la educación de niños, adolescentes y jóvenes. Casi 3 de cada 10 niños que viven en áreas rurales en Colombia nunca asistieron a la escuela. Además, la mitad de los que van a la escuela no continúan después de terminar la primaria.

Los niños, niñas y adolescentes rurales en Colombia tienen pocas oportunidades de educación, lo que los hace extremadamente vulnerables al reclutamiento por grupos armados o a la participación en economías ilícitas. Es urgente que el Gobierno de Colombia garantice que las escuelas, en áreas afectadas por conflictos, estén seguras, protegidas y libres de ataques y de su ocupación o utilización por parte de grupos armados.

“Tenemos una responsabilidad conjunta para garantizar que las escuelas sean seguras en tiempos de crisis”, dijo Visnes. Cuando las escuelas son atacadas y los caminos para acceder a ellas son minados, el sentido de seguridad se desvanece. Los ataques y el uso militar de las escuelas tienen consecuencias devastadoras en las vidas de los niños y las niñas, pues van más allá de la interrupción de las clases regulares, fomentan la deserción escolar y afectan la calidad educativa.

El año inició con cifras preocupantes de desplazamiento en Colombia. Cerca de 2,800 personas han sido desplazadas, como resultado del conflicto. Históricamente en el país se han desplazado más de 7,2 millones de colombianos.

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