Han pasado casi cinco años desde que las autoridades en Honduras admitieron el desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia. Sin embargo, la falta de una respuesta efectiva y un marco legal continúa ocasionando que personas desesperadas emprendan viajes peligrosos fuera del país en busca de seguridad. Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), las solicitudes de asilo entre 2011 y 2017 aumentaron en un 1,400 por ciento.
Hay más de 190,000 personas desplazadas por la violencia en Honduras y muchos otros en riesgo de desplazamiento. A pesar de los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la violencia, hombres, mujeres y niños inocentes siguen siendo asesinados, extorsionados y torturados.
“El impacto de la violencia en la vida de las personas en Honduras es comparable con la situación de países en guerra. Sin asistencia y protección adecuadas, los desplazados de hoy en Honduras se convertirán en los refugiados, los solicitantes de asilo o los migrantes del mañana”, dijo Christian Visnes, director nacional del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).
La mayoría de los hondureños desplazados huyen al norte hacia México y hacia los Estados Unidos (EE. UU.), donde se enfrentan a estrictas políticas de inmigración. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno 36,000 hondureños fueron deportados desde los Estados Unidos y México en el primer semestre de 2018. Es decir, un cincuenta por ciento más que el año anterior.
“La población desplazada que huye del país sabe que se enfrentará con las políticas de inmigración de “cero tolerancia” en su camino hacia los Estados Unidos, sin embargo, muchos de ellos no tienen otras opciones para proteger la vida de sus hijos. Las autoridades estadounidenses y la comunidad internacional deben asumir la responsabilidad y mostrar una mayor solidaridad y apoyo a las personas inocentes que han visto cómo sus vidas han dado un giro inesperado como consecuencia de la violencia”, dijo Visnes.
NRC urge al gobierno de Honduras a acordar e implementar de inmediato una ley de desplazamiento forzado que cumpla con los estándares internacionales y asegure la protección y asistencia de los más vulnerables en Honduras.
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