El Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) es una organización humanitaria independiente que ayuda a las personas que se ven obligadas a huir. Protegemos a las personas desplazadas y las apoyamos mientras construyen un nuevo futuro.
Protegemos a las personas desplazadas y las apoyamos mientras construyen un nuevo futuro. Comenzamos nuestra labor de ayuda tras la Segunda Mundial. Hoy, trabajamos en crisis nuevas y prolongadas en más de 40 países.
NRC trabaja para proteger los derechos de las personas desplazadas y vulnerables durante la crisis. Nos especializamos en seis áreas: seguridad alimentaria, educación, vivienda, asistencia legal, gestión de campamentos y agua, saneamiento e higiene.
NORCAP trabaja para proteger y empoderar mejor a las personas afectadas por crisis y el cambio climático. Colaboramos con socios en la búsqueda de soluciones para satisfacer la necesidades de las personas en el riesgo.
Dos años después de la firma del acuerdo de paz, cerca del 50 por ciento de la población rural en Colombia sigue viviendo en áreas donde la violencia y el conflicto continúan.
“La paz lograda con tanto esfuerzo seguirá estando en riesgo mientras los colombianos que habitan las zonas rurales continúen temiendo por sus vidas”, dijo Christian Visnes, director de país del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en Colombia.
Al ingresar al tercer año del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la proporción, gravedad y complejidad de las necesidades en Colombia siguen siendo abrumadoras. Más de 4,9 millones de personas requieren asistencia humanitaria. De estos, más de 100.000 personas tienen una necesidad aguda de protección o de acceso a bienes y servicios básicos.
La población rural en muchas partes del país es especialmente vulnerable y continúa siendo afectada por reclutamientos forzados, asesinatos, violencia sexual y la amenaza de minas antipersonas.
De acuerdo con OCHA, en 2018 ha habido un incremento del 40 por ciento en el número de personas desplazadas de manera masiva por la violencia y el conflicto. Desde 2016 se han reportado más de 4.000 ataques contra la población civil. Este año, la lucha ha aumentado en las zonas rurales de Colombia, donde varios grupos armados no estatales intentan tomar el control de áreas estratégicas, recursos naturales y negocios ilícitos.
“Lo que más nos preocupa es tener que regresar a nuestras comunidades porque no hay seguridad. Los actores armados todavía están presentes y podemos quedar atrapados en medio de enfrentamientos armados”, dijo un hombre recientemente desplazado en Norte de Santander. “Aunque es un logro importante, la paz acordada con las FARC-EP no es suficiente para detener la violencia que estamos presenciando en el país. El gobierno debe trabajar con más determinación para prevenir el escalamiento del conflicto. Todos los grupos armados no estatales también deben cumplir sus obligaciones de respetar las vidas y los derechos de los civiles”, dijo Visnes y continuó: “Si el gobierno y la comunidad internacional, incluidas las agencias de la ONU, no reaccionan con urgencia ante esta ola de violencia, el prolongado conflicto y el desplazamiento continuarán fragmentando el tejido social y económico de Colombia. Esta situación puede resultar en un mayor sufrimiento de la población y comprometer el futuro a largo plazo de Colombia”.
