Hoy hay poblaciones que puede ver por sí mismas que la intensidad del conflicto ha disminuido. Pero hay razones legítimas para considerar que hay poblaciones donde el temor se ha incrementado.
En estos territorios la lucha por el control de la economía ilegal basada en la coca y en la extracción de minerales florece. Sin los esfuerzos suficientes para proteger a la población y una adecuada asistencia humanitaria que contribuya a establecer el estado de derecho incluso en áreas aisladas, el conflicto puede transformarse en un conflicto por el control de economías ilegales, con un impacto humanitario severo.
Mi organización, el Consejo Noruego para Refugiados, continúa encontrando y asistiendo a familias obligadas a huir de sus hogares. Ellos nos cuentan sobre hermanas e hijos reclutados a la fuerza, de minas plantadas en sus territorios y de grupos armados que les impiden cultivar en sus tierras. Es urgente disminuir sus riesgos y proteger a la población. “Si se retira el ELN, los paras quedarán como rueda suelta. Esta zona sería de ellos, indiscutiblemente. Con el montón de amenazas que tenemos en esta comunidad, ahí si a nosotros nos toca huir y el que no tenga cómo salir le tocará… asumir. Yo me iría”, nos dijo un líder del Chocó.
Actualmente se han reportado información de 18 grupos armados en los departamentos de la costa pacífica colombiana. En Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Caquetá, Meta o Guaviare la situación no es muy diferente. La atomización de los grupos armados es real. En estos territorios la población tiene una visión realista y sofisticada de lo que debe suceder para que la paz sea real. “El período posterior al conflicto será más difícil. Tiene que haber un proceso para brindarle a los pueblos lo que los pueblos merecen. Eso tomará tiempo”, afirmó el líder chocoano.
Colombia, los gobiernos donantes y las organizaciones que lo respaldan tienen experiencia para lograr la protección de su población y la implementación del acuerdo. Comparado con países como El Salvador, Mozambique, Camboya y Afganistán, Colombia cuenta con instituciones gubernamentales nacionales más sólidas para administrar el proceso, con sólidas organizaciones sociales y autoridades étnicas locales. Sin embargo, estas fortalezas institucionales por sí solas no garantizarán el éxito. El gobierno colombiano está bajo una inmensa presión política. Debe cumplir con los recientes acuerdos de paz con las FARC-EP. También debe iniciar un proceso similar con la segunda guerrilla más grande de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la vez que se cumple con el cese al fuego bilateral que entró en vigor el 1 de octubre. Y por encima de estas responsabilidades, debe responder a la situación de inseguridad actual.
El apoyo humanitario internacional se necesita ahora más que nunca para garantizar que este delicado proceso no se arruine.
Los colombianos son algunas de las personas más resistentes del mundo. En los 12 años que he trabajado en el país, han demostrado una y otra vez increíble fuerza y recursividad. Merecen el compromiso de la comunidad internacional y la reafirmación del principio de humanidad para asegurar que la paz arduamente lograda se consolide y no se vea comprometida.
Por: Christian Visnes, Director de País – Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
Publicado en el Boletín Humanitario Mensual – OCHA