En Honduras, 2.8 millones de personas requieren asistencia humanitaria. El país se enfrenta a crisis complejas, como la violencia generalizada causada por el crimen organizado y la presencia de maras y pandillas. Además, el impacto de crisis climáticas, pobreza arraigada y el hambre afectan a la población en general. El 60% de la población hondureña vive con menos de US$5,5 al día, una tasa de pobreza que solo es superada en la región por Haití. Estos factores llevan a muchos hondureños y hondureñas a salir de sus hogares en busca de seguridad, tanto dentro como hacia fuera de su país. Honduras fue el octavo país con más solicitantes de asilo en el mundo en 2023, según ACNUR. (Ver ‘Las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo’).

Por otra parte, en Guatemala 5,3 millones de personas requieren asistencia humanitaria. Gran parte de su población convive con los efectos del crimen organizado, la inseguridad alimentaria y los fenómenos climáticos extremos. El impacto de la pobreza arraigada y el hambre afectan a la población en general, pero los grupos más vulnerables son las comunidades indígenas, y los niños, niñas y mujeres. En los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Sacatepéquez y Sololá entre el 30% y el 45% de la población tiene necesidades de asistencia alimentaria de nivel de gravedad 3 (en una escala de 1 a 5). Estas condiciones obligan a miles de guatemaltecos y guatemaltecas a huir de sus hogares hacia otras comunidades o afuera de su territorio.

Tanto Honduras como Guatemala enfrentan, además, los desafíos de ser parte de la ruta de miles de personas en tránsito hacia Estados Unidos, lo que recarga los sistemas nacionales y de las organizaciones para brindar protección y ayuda humanitaria. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró a 105.000 personas en tránsito irregular entre abril y septiembre de 2023 en Guatemala.

Con respecto a El Salvador, 1.1 millón de personas (18% de la población) requieren asistencia humanitaria (OCHA, 2024). Al menos 754.666 personas presentan necesidades de protección debido a afectaciones históricas por las violencias y brechas de acceso a servicios básicos, combinados con otras crisis como la inseguridad alimentaria, desastres y cambio climático. Como consecuencia de esto, las personas se han desplazado internamente o salen del país en busca de protección. El cambio climático y los desastres naturales también constituyen una amenaza para los salvadoreñas y salvadoreños: el 88.7% del territorio nacional es considerado zona de riesgo propensa a diversas amenazas y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población del país.

México, por su parte, se enfrenta a crisis complejas como violencia generalizada y crimen organizado que provocan desplazamiento forzado interno. Se estima que unos 392 mil mexicanos y mexicanas fueron desplazados internos a finales de 2023, pero la cifra real probablemente es mucho mayor.

México es un país de origen, tránsito y destino de personas migrantes y refugiadas. Solo entre enero y mayo de 2024, el Instituto Nacional de Migración de México informó de casi 1,4 millones de personas provenientes de 177 países, que viajaban por su territorio en condición irregular, la mayoría con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. En 2023, más de 140,000 personas solicitaron asilo en México, ubicándolo entre los cinco países con mayor número de nuevas solicitudes de asilo a nivel mundial (ACNUR). Esta situación recarga los sistemas nacionales de apoyo a las personas con necesidades de protección.