Actualmente existe mayor evidencia del uso de la violencia sexual como un arma de Guerra en Colombia. En los años recientes las mujeres han enfrentado un incremento en el riesgo de violencia sexual por parte de los grupos armados. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) Colombia a través de su programa de Información, Orientación y Asistencia Legal (ICLA) implementa actividades para fortalecer las capacidades de la institución nacional y local para responder a los crímenes de violencia sexual basada en género y los crímenes de desplazamiento forzado en el marco del conflicto. Como parte de estas actividades se llevó a cabo el Foro: “Justicia con Enfoque Diferencial”. Este foro cumplió con el propósito de entrenar, informar e incrementar la conciencia de servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, la Alta Consejería para la Equidad de Género de la Presidencia de la República, Jueces, Magistrados y la Defensoría del Pueblo, como parte de la política de equidad y no discriminación. Durante el foro se firmó un memorando de entendimiento entre el Fiscal General de la Nación, la Alta Consejería para la Equidad de Género de la Presidencia de la República, la Embajada de Canadá, GIZ y el Consejo Noruego para Refugiados; con el fin de fortalecer el apoyo legal para las víctimas de desplazamiento forzado, promover el acceso a la justicia, verdad y reparación, en particular a las víctimas de violencia sexual basada en género. En Colombia, 2 de cada 10 mujeres desplazadas abandonan su lugar de origen por el temor a la violencia sexual. Los abusos, en Colombia, ocurren incluso después del desplazamiento; más de la mitad de las mujeres que reportaron esta situación comentan haber sido víctimas de abuso físico y más de la tercera parte han sido forzadas a tener relaciones sexuales. Cerca del 50% del total de las personas desplazadas en 2011 fueron mujeres. La situación  para las niñas es muy seria. Además de ser obligadas a llevar a cabo tareas asociadas con acciones de combate por parte de los grupos armados ilegales, ellas también son víctimas de violencia sexual. Según reporte de Watchlist (2012), y reportes actuales de la Defensoría del Pueblo se describe un incremento del riesgo de violencia sexual por todos los actores armados en Colombia. Los testimonios recolectados en los reportes más recientes resaltan la crítica situación para las mujeres. Este foro fue parte de las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto financiado por el Fondo de seguridad y Paz Global (GPSF) del gobierno canadiense, que está orientado a promover acciones legales en casos de violencia sexual y fortalecimiento institucional para la persecución y judicialización de estos crímenes de violencia sexual contra la mujer. Este esfuerzo de NRC promoviendo la respuesta a las víctimas de violencia sexual ha dado sus primeros resultados en el diseño de un protocolo para la atención en casos de violencia sexual, luego de un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, el Instituto legal de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo.

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