En respuesta a esta crisis, organizaciones humanitarias internacionales hacen un llamado a las autoridades colombianas y a los observadores internacionales a mantener su atención en estas poblaciones. La protección de sus derechos y su supervivencia dependen de una respuesta humanitaria inmediata.
Para la gran mayoría de los cincuenta millones de habitantes en Colombia, los territorios rurales en algunas regiones permanecen fuera de su alcance como consecuencia del conflicto armado. En estas zonas, decenas de miles de personas son forzadas a confinarse en sus propios hogares, no pueden ejercer su derecho a la libertad de movimiento durante semanas enteras como una estrategia calculada de los grupos armados no estatales.
Un número significativo de víctimas de confinamiento pertenece a comunidades indígenas y afrocolombianas, mientras que los riesgos de violencia basada en género y reclutamiento forzado afectan especialmente a mujeres, niñas y niños durante los confinamientos.
“Colombia se encuentra actualmente en la lista de los tres países del mundo con el mayor número de personas desplazadas. Es igualmente alarmante la magnitud de quienes se ven obligados a sobrevivir y soportar enfermedades a puerta cerrada, con necesidades extremas de ayuda humanitaria”, afirmó Boris Aristín, gerente del consorcio de respuesta a emergencias MIRE+, quien representa una alianza estratégica de organizaciones humanitarias internacionales.
“Esto no es normal, ni debería serlo. La comunidad internacional debe seguir haciendo un llamado a todos los grupos armados no estatales en Colombia para que respeten la libertad de movimiento de los civiles”.
El derecho de las personas a circular libremente se ha convertido en un privilegio otorgado por actores armados no estatales que ejercen influencia sobre la población. Esto es particularmente evidente en el occidente de Colombia.
“Cada paso fuera de la comunidad es decisión de ellos”, explica un habitante del Pacífico, refiriéndose a los grupos armados. El confinamiento forzado ha convertido zonas rurales en zonas prohibidas. La sombría conclusión de este habitante es diciente: “La mayoría de los colombianos no pueden acercarse a esta zona. Millones no saben que sufrimos en silencio”.
La vida durante el confinamiento es una lucha contra la privación. En muchas comunidades rurales no cuentan con suministro de agua y la electricidad es un lujo que funciona solo unas pocas horas al día. El dolor debe soportarse sin medicamentos y sin esperanza de acceder a un médico o a atención de emergencias. Las niñas y niños se enfrentan al riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados no estatales. Cultivar es imposible ya que las personas están confinadas en sus hogares y los ríos —la única ruta de transporte para muchos— son prohibidos por los actores armados no estatales. Cualquier persona que decida desafiar sus reglas pone su vida en riesgo.
“El miedo al conflicto está fragmentando la nación en áreas aisladas donde el derecho a la movilidad ya no existe”, afirmó Aristín. “En zonas donde el Estado está ausente o limitado por la violencia, los actores humanitarios internacionales son esenciales para entregar alimentos, agua, protección, refugio, educación, salud y servicios de salud sexual y reproductiva a quienes los necesitan. Sin embargo, este alivio depende totalmente de la financiación humanitaria global. Si esta generosidad sigue disminuyendo, el conflicto armado afectará una vez más a estas comunidades y su sufrimiento silencioso conducirá inevitablemente a la pérdida de vidas”.
