





NRC reitera su llamado urgente a todas las partes en conflicto para que respeten el carácter intocable de las aulas de clase.
“Es una cuestión de vida o muerte que se tomen medidas inmediatas para evitar ataques a las escuelas, mientras los grupos armados luchan por el control en el país”, dijo Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.
La vida y la seguridad de más de 11.000 personas se vieron afectadas por 83 ataques contra la educación en Colombia en el 2025, según un reporte reciente de NRC. Estos hallazgos revelan que los ataques impactaron a 104 sedes educativas, en nueve de los treinta y dos departamentos del país, donde la organización brinda asistencia humanitaria.
“Seamos claros: la situación sigue siendo crítica y es totalmente inaceptable. No veremos un cambio real y duradero en los territorios hasta que cada una de las partes del conflicto deje de tratar a las escuelas como objetivos. Las escuelas deben permanecer fuera de los límites de la violencia. Es hora de que las obligaciones de las partes en conflicto se transformen en acciones eficaces para proteger el futuro de Colombia”, dijo Rizzo.
Los ataques a la educación incluyeron enfrentamientos armados dentro de los terrenos de las escuelas, la utilización de explosivos en las escuelas y la ocupación de escuelas como bases militares. Estos factores fueron los principales detonantes de la crisis durante el año. Además, el reclutamiento forzado de niñas y niños en las escuelas, junto con el desplazamiento forzado y el homicidio selectivo de docentes, representan una grave amenaza para la educación.
“Los enfrentamientos empezaron cuando todavía estábamos en clase. Uno de los grupos armados se metió directamente en la escuela”, relató a NRC un docente del departamento del Chocó, en el occidente de Colombia. “Les rogamos que se fueran, pero no escucharon. Cuando terminaron los combates, nos tocó a nosotros limpiar las secuelas: recoger casquillos de balas, ropa de combatientes y los desechos que habían dejado en nuestros salones”.
Cada dos semanas en promedio, una escuela en Colombia fue utilizada u ocupada con fines militares, según el reporte de NRC. Estas ocupaciones no solo ocasionan el cierre de salones de clase: comprometen directamente el derecho de la niñez a la educación y su futuro. La escuela es a menudo el único lugar donde niñas y niños tienen garantizada la alimentación, estos ataques también les roban su próxima comida.
“La educación no puede esperar a que las armas se silencien; es una cuestión de supervivencia. El Estado y la comunidad internacional no pueden permitirse fallarle a estas niñas y niños. Debemos garantizar que las escuelas sean verdaderos entornos seguros donde los servicios de educación, alimentación y salud nunca se detengan. Porque sabemos cuál es la verdad: un niño con hambre no puede aprender, y un niño fuera de la escuela es una presa fácil para los reclutadores del conflicto”, dijo Rizzo.
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