Colombia: una oportunidad histórica para que la justicia se materialice

“La falta de titulación de las tierras en el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador ha sido una barrera que ha perpetuado la vulnerabilidad de cientos de familias que han sido afectadas por el conflicto armado en el país”. Dijo Giovanni Rizzo, director de país de NRC. “Si se entrega este título, la comunidad podrá ejercer su autonomía territorial y garantizar su permanencia; sin esta entrega, el tejido social se fragmenta y las prácticas tradicionales de pesca o agricultura seguirán estando a merced del despojo y de quienes quieran hacer daño en su territorio”. 

Luego de más de 20 años de espera, la Sentencia T-105 -del 25 de marzo del año 2025- garantizó el derecho a la propiedad colectiva del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador sobre sus tierras ancestrales, incluso aquellas ubicadas en zonas de manglar y bajamar que antes de la sentencia eran inadjudicables. Este pronunciamiento de la Corte Constitucional se constituyó como un precedente histórico al consolidar avances jurídicos para la protección de los territorios étnicos en el país. 

“Según nuestros ancestros tenemos más de 150 años viviendo en este territorio y hoy nuestra esperanza es que el Estado materialice nuestros derechos”. Dijo Carmelo un habitante de la Comunidad del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador.  

La Sentencia también marca un hito en la protección de los derechos territoriales de las comunidades negras, raizales y palenqueras al reconocer la titulación colectiva de tierras en manglares y zonas de bajamar, superando barreras jurídicas históricas.  

En la Sentencia, la Corte Constitucional afirmó que los territorios étnicos pueden coexistir con bienes de uso público y ecosistemas estratégicos, siempre que se garantice su manejo y conservación ambiental, y exhortó al Congreso de la República a reformar la Ley 70 de 1993 para eliminar la restricción que impide incluir bienes de uso público dentro de los títulos colectivos. 

Por esa razón, NRC también hace un llamado al Congreso de la República para avanzar de manera rápida y concertada en esta reforma a la Ley 70. 

“Con la implementación de esta Sentencia, esperamos que el Estado no solo acate un mandato judicial, sino que establezca un precedente fundamental para la estabilidad y la protección de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras,” dijo Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.