Durante el primer semestre de 2026, NRC registró 27 ataques a la educación en ocho de las 24 provincias de Ecuador donde la organización brinda asistencia humanitaria. La mayoría de los ataques —que incluyeron amenazas, disparos alrededor de las escuelas, extorsiones, asesinatos y otros actos de violencia— estuvieron dirigidos directamente contra estudiantes, docentes y otro personal escolar. Estos ataques siembran miedo, obligan a las personas a abandonar sus hogares y dejan en pausa la educación de las niñas y niños.
“Imaginen que su clase se interrumpe por el asesinato de un compañero y que el profesor les pide que no regresen a la escuela hasta que sea un lugar seguro”, afirmó Giovanni Rizzo, director de NRC en Ecuador. “Situaciones como esta dejan a las niñas y niños sin acceso a una educación adecuada y destruyen sus futuros”.
Las provincias del suroccidente, Guayas y El Oro, concentraron casi el 50 por ciento de todos los ataques contra la educación durante el primer semestre del año.
“Una banda criminal decapitó a un joven y dejó su cabeza afuera de la escuela. Lo hacen para infundir miedo en todos nosotros, tanto docentes como estudiantes”, contó a NRC una docente del sur del país.
NRC ha sido testigo del desplazamiento forzado de familias que huyeron de sus hogares después de que estudiantes recibieran amenazas directas de grupos de delincuencia organizada. Como consecuencia de su desplazamiento, estas familias necesitaron asistencia humanitaria de emergencia, incluidos alojamiento, alimentos, nuevas mochilas escolares, libros y uniformes para regresar a la escuela. Los docentes que enfrentaron extorsiones y amenazas también necesitaron protección y apoyo humanitario para salvar sus vidas.
“Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a ser uno de los más violentos en los últimos años”, afirmó Rizzo, quien señaló que, pese a los diversos esfuerzos de seguridad del Gobierno, incluidas las medidas para prevenir el reclutamiento forzado en las escuelas, los grupos de delincuencia organizada continúan interrumpiendo la educación.
“Por eso, el Estado ecuatoriano debe actuar ahora; establecer una ley para asistir y proteger a las víctimas de la violencia es algo totalmente posible”, afirmó Rizzo.
“Los esfuerzos del Gobierno para ayudar a quienes se ven afectados por los ataques contra la educación pueden fortalecerse con la solidaridad de la comunidad internacional. Para que esto ocurra, el Gobierno debe solicitar explícitamente apoyo adicional a sus socios internacionales para brindar asistencia a las niñas y niños que más la necesitan”.
