“Colombia no puede aceptar esta situación como su nueva realidad. La protección urgente y asistencia integral de los civiles en el Catatumbo y en todo el país debe ser priorizada por el Gobierno”, dijo Giovanni Rizzo, director de NRC en Colombia.
El impactante número de personas obligadas a desplazarse en el Catatumbo, en solo 30 días, supera el total de personas desplazadas en circunstancias similares en todo el país durante el año 2024.
Sin planes de retorno seguros, muchas personas siguen desplazadas lejos de su hogar enfrentándose a la confusión, la incertidumbre y las escasas esperanzas de recobrar sus medios de subsistencia.
“Dejar tus raíces por culpa del conflicto, enterrar a familiares que perdimos en un conflicto que no eligieron, esta es la tragedia a la que nos enfrentamos”, le dijo a NRC un hombre desplazado a quien le asesinaron a tres familiares en la región del Catatumbo, en el noreste del país.
Miles de vidas también están en riesgo en este momento por las restricciones a la movilidad impuestas por grupos armados organizados, quienes impiden el acceso a ayuda humanitaria vital. Con los suministros de alimentos agotados, estas familias están atrapadas en sus territorios y dependen por completo de unos recursos cada vez más escasos. El acceso sin impedimentos de la ayuda humanitaria es crucial para evitar el sufrimiento generalizado y el agravamiento de la crisis.
En estas difíciles circunstancias, la ayuda humanitaria se enfrenta a una inmensa presión, incapaz de satisfacer todas las necesidades de la población afectada. “No habíamos visto una crisis humanitaria de esta magnitud en Colombia en casi 30 años. La reciente declaración de ‘estado de conmoción interior’ por parte del Gobierno lo expresa claramente: este escalamiento de la crisis requiere de solidaridad internacional adicional”, afirmó Rizzo.
La crisis humanitaria del Catatumbo es también un recordatorio difícil y urgente de la vulnerabilidad de Colombia. Con una nueva alerta de riesgo de desplazamiento emitida por la Defensoría del Pueblo en siete de los 32 departamentos del país, la amenaza de una crisis humanitaria mucho mayor es preocupante. Es fundamental actuar de inmediato para evitar un sufrimiento generalizado.
“No podemos permitir que esto ocurra. Cualquier nuevo escalamiento desataría un inmenso sufrimiento, devastaría a las comunidades y extinguiría las esperanzas de un futuro mejor”, afirmó Rizzo.
“El recrudecimiento de la violencia no sirve a los intereses de nadie en la región. Mientras el Gobierno colombiano se esfuerza por cumplir sus obligaciones, la comunidad internacional debe movilizar de inmediato la importante ayuda económica para salvar vidas, no solo en el Catatumbo, sino en cualquier lugar de Colombia donde se ataque a la población civil”.
