Un total de 242 ataques a la educación fueron documentados por NRC durante 2024, en 14 de los 32 departamentos del país, en comparación con los 132 reportados el año anterior. En el Día Internacional de la Educación, NRC alerta a todas las autoridades de Colombia sobre el aumento de los ataques a la educación causados por el conflicto armado y solicita a las autoridades nacionales y locales que aceleren sus esfuerzos para implementar el Plan de Escuelas Seguras del Gobierno.
“Las consecuencias del control de los actores armados y la ausencia del Estado en este territorio están teniendo un profundo impacto en la educación”, le dijo a NRC un profesor del departamento del Cauca, en el suroccidente del país.
La mayoría de los ataques a la educación en 2024 estuvieron relacionados con el uso militar o la ocupación de escuelas y el uso de minas antipersonal, municiones sin explosionar y explosivos improvisados en las escuelas o en sus alrededores. Durante el año, también aumentaron los informes sobre el riesgo y el reclutamiento forzado en las escuelas.
El año pasado, más de 24.000 estudiantes, docentes y trabajadores de las escuelas fueron afectados como consecuencia de los ataques a la educación y las clases se suspendieron temporalmente en 86 instituciones educativas en las áreas geográficas donde tiene presencia NRC.
Los departamentos más afectados por estos ataques fueron Cauca —donde más ataques a la educación se registraron el año pasado— Arauca y Norte de Santander, situados en el suroccidente y nororiente del país.
“En zonas de conflicto, garantizar el derecho a la educación requiere la protección de las escuelas. Es urgente que la voluntad y las acciones del Gobierno se traduzcan en una disminución de los ataques a la educación”, dijo Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.
Según la información recopilada por NRC, el 96 por ciento de las instituciones educativas en las que se han registrado ataques a la educación requieren respuestas para garantizar la seguridad de estudiantes y profesores, formación en primeros auxilios psicológicos y educación sobre el riesgo de minas, así como la reparación y mejora de las infraestructuras escolares.
“Proteger a algunos estudiantes no es suficiente. Todos los estudiantes en las zonas de conflicto deben ser protegidos. Las vidas de estudiantes, profesores y trabajadores escolares están en peligro. No podemos fallar a quienes serán el futuro del país”, afirmó Rizzo.
